Por una parte, este gobierno y los anteriores han manifestado su malestar y se quejan de que los parlamentarios se valen del derecho que tienen a citar a funcionarios para perjudicar la gestión de las carteras.
No obstante, las citaciones a funcionarios públicos son un derecho de los diputados y de momento no hay ninguna norma que limite este derecho. La legislación vigente establece de forma clara que todos los funcionarios o empleados públicos que administren fondos públicos deben asistir a citaciones y detalla las consecuencias si se resisten a hacerlo.
Alejandro Quinteros, analista independiente en temas legislativos, comenta que hay que ver las dos caras de la moneda. Por un lado, hay funcionarios del Ejecutivo que no quieren rendir cuentas, así como de otras instituciones descentralizadas que argumentan que son autónomas y por ello no deben acudir a los llamados de los congresistas. Pero también hay diputados que abusan de las citaciones por intereses meramente partidarios o personales.
Por su parte, al ser consultada la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia que el gobierno reconoce la importancia de la presencia de los ministros de estado en las diferentes citaciones que se realizan desde el Congreso de la República. Aseguró que “todos los funcionarios públicos han respondido a las diversas citaciones recibidas y, si no han acudido personalmente por razones de agenda, han delegado en todo momento a sus viceministros”.
Sin embargo, en reiteradas ocasiones sus funcionarios han sido cuestionados ya que presentan excusas para no asistir, a veces por razones médicas, pero paralelamente se les observa en otras actividades con diputados oficialistas o en giras de gobierno.
¿DE DÓNDE SALIÓ LA INFORMACIÓN?
El pasado 14 de octubre el ministro de cultura, Felipe Aguilar, se retiró en el curso de una citación que había girado la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República aduciendo que se le había faltado el respeto al presidente de la República. Aguilar se molestó cuando la diputada que preside la comisión, Petrona Mejía Chutá cuestionó al presidente Alejandro Giammattei por no conocer las estelas de citas arqueológicos. Ante ello, el ministro contestó que no iba a permitir que se burlaran del presidente, ya que presuntamente la congresista imitó la forma en que el jefe del Ejecutivo camina con muletas. “Yo no voy a permitir que se burlen de mi presidente”, reprochó Aguilar. Paralelo a ello, el diputado Orlando Blanco solicitó la interpelación del ministro de comunicaciones Javier Maldonado argumentando que en reiteradas ocasiones se había ausentado de citaciones que le giraban congresistas de oposición. En una ocasión, se le citó para conversar sobre el paso a desnivel en San Lucas Sacatepéquez y el estado de las carreteras en Chimaltenango, Maldonado se excusó de asistir y envió una nota médica, pero en esos mismos días participaba en giras con el presidente y se reunía con diputados afines al oficialismo, recuerda Samantha Figueroa, quien lo citó en la Comisión de Defensa del Usuario y el Consumidor. Se intentó consultar a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia sobre estos señalamientos, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
¿CUÁL ES EL CONTEXTO?
A inicios de este año la ahora exsecretaria de comunicación social de la Presidencia, Patricia Letona, ya se quejaba de que algunos opostiroes políticos en el Congreso buscaban perjudicar la labor del Organismo Ejecutivo de forma sistemática por medio de las citaciones. "Se evidencia, por ejemplo, en el uso excesivo de la figura de la citación en el Congreso, en los cuales se compromete la gestión estratégica de carteras clave por la cantida dde tiempo que tienen que dedicar en atender múltiples reuniones", dijo. Durante el primer semestre de este año el número de citaciones incrementaron con relación al mismo período de 2020, aunque esto se explica por la derogatoria en 2021 de las medidas sanitarias que estuvieron vigentes en 2021. Este no es el primer gobierno que se queja de esta situación. Los anteriores también se han quejado de que los diputados citan con la intención de linchar políticamente a un determinado funcionario y no de rendir cuentas. En mayo de 2016, por ejemplo, durante el primer año de la administración de Jimmy Morales, éste se quejó de que sus funcionarios habían acudido a más de 600 citaciones. Sin embargo, a la fecha no hay ninguna norma que limite el derecho de los congresistas a citar a funcionarios.
Verificamos por usted: ¿Hay consecuencias para los funcionarios que no rindan cuentas al Congreso?
Verdadero
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El artículo 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que "todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso, cuando éste, sus comisiones, o bloques legislativos lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones legislativas". De tal cuenta, acudir a las citaciones que giran los bloques o comisiones no depende de la voluntad del funcionario, sino es un deber tipificado en la ley. El artículo anterior también menciona que en caso de que los empleados públicos se nieguen a asistir se formulará en su contra “ante los órganos competentes la denuncia para que sean sancionados penalmente" Alejandro Quinteros, analista independiente en temas legislativos, explica que actualmente no hay ningún delito que penalice específicamente la inasistencia a citas legislativas. Sin embargo, el Código Penal sí tipifica el ilícito de incumplimiento de deberes, que lo comenten aquellos funcionarios o empleados públicos que "omitieren, rehusaren o retardaren realizar algún acto propio de su función o cargo". El responsable será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial. De igual forma, los diputados tienen derecho a interpelear a ministros de estado o viceministros y estos no pueden excusarse de asistir y responder, salvo que al ser citados estuvieren ausentes del país o padeciendo de quebrantos de salud que justifiquen su inasistencia, refiere el artículo 140 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. En caso de inasistencia a la sesión señalada, el Congreso podrá emitir falta de confianza en esa misma sesión y los diputados interpelantes tienen derecho de promover antejuicio contra el funcionario por el delito de desobediencia, refiere la ley.
