“Se está revisando artículo por artículo. Sin embargo, para tranquilidad de la población, quiero decirles que no se ha adquirido ningún compromiso”, dijo la ministra de Educación, Claudia Ruiz, la semana pasada, en el Congreso.
El proyecto de presupuesto para el 2022 debe ser aprobado por el Congreso, a más tardar, el 30 de noviembre. Por ahora se sabe que el Mineduc tendría un techo de Q19 mil 953.99 millones, el más alto de todas las carteras. Sin embargo, dada la opacidad con que se renegocia el pacto colectivo, existe el riesgo de que se contraigan compromisos financieros que debiliten más el sistema educativo nacional.
Lo único que se sabe por ahora es que el Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala (Steg), dirigido por Joviel Acevedo, exige nuevas condiciones de trabajo para los maestros y que pidió a las autoridades que no revelen detalles de la renegociación mientras no se concreten los acuerdos.
El Mineduc ha ignorado los llamados del procurador de los Derechos Humanos, diputados y analistas en educación sobre transparentar las discusiones con la dirigencia magisterial.
Por su parte, Joviel Acevedo publicó un video en sus redes sociales en el que acusa de netcenteros a quienes cuestionan las negociaciones.
¿DE DÓNDE SALIÓ LA INFORMACIÓN?
El 5 de octubre, en una audiencia en el Congreso, las autoridades del Mineduc se negaron a revelar detalles sobre la renegociación. El argumento fue que el Steg pidió que “el tema se manejara en forma confidencial”. Funcionarios de la cartera se escudaron en el artículo 9, inciso 5, de la Ley de Acceso a la Información Pública (Laip), el cual establece que son confidenciales aquellos datos de particulares proporcionados por personas jurídicas o individuales bajo esa garantía. Afirmaron que si detallaban el contenido del pacto colectivo incurrirían en revelación de información confidencial o reservada y serían sancionados con prisión de cinco a ocho años, de acuerdo con la Laip. La viceministra María del Rosario Barcárcel negó que se negocie un aumento salarial para maestros en el presupuesto del 2022, y sostuvo que las discusiones se efectúan “bajo el principio de confidencialidad”. Acevedo también se negó a dar explicaciones a los medios.
¿CUÁL ES EL CONTEXTO?
El 2 de julio último, el diputado Alberto Sánchez, de la Comisión de Educación, requirió a la ministra Claudia Ruiz una copia de todos los pactos de condiciones de trabajo firmados por el Mineduc en cinco años, detalles de cumplimiento y estatus de las negociaciones vigentes, incluyendo borradores. El 7 de ese mes, Ruiz envió un oficio firmado por el director de Asesoría Jurídica del Mineduc, Manuel González Santos, en el que aseguraba que el Steg presentó el proyecto de pacto colectivo y en el documento incluyó la frase “confidencial durante el proceso que dure la negociación (sic)”. Expuso que se trataba de datos particulares proporcionados en calidad de confidencialidad y no los podía revelar, para “no vulnerar garantías”. El diputado dijo que volvió a requerir el proyecto de pacto colectivo y hasta ahora no han presentado denuncia, pero si les vuelven a negar el requerimiento analizarán las acciones legales. Expertos en el tema consideran que tanto el director que firmó este oficio como la ministra y demás funcionarios involucrados incurrieron en el delito de retención de información, y que es deber del MP emprender la persecución penal. Se consultó a la Fiscalía, pero no había respondido al cierre de esta nota.
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Falso
Información falsa de fuentes que no son confiables
El artículo 9, inciso 5 de la Laip, indica que la información confidencial es aquella “en poder de los sujetos obligados que, por mandato constitucional, o disposición expresa de una ley tenga acceso restringido, o haya sido entregada por personas individuales o jurídicas bajo garantía de confidencialidad”. El artículo 22 de la misma norma enumera los tipos de información que pueden considerarse confidencial. En su inciso 6, señala que también es la “recibida de particulares por el sujeto obligado bajo garantía de confidencia”. La información de particulares hace referencia a datos personales sensibles, no a negociaciones que, por un lado, implican decisiones políticas y, por otro, comprometen los recursos públicos, explicó Silvio Gramajo, experto en acceso a información pública. Gramajo aclaró que el Steg estaba en su derecho de entregar el proyecto colectivo bajo garantía de confidencialidad, pero el Mineduc tenía la obligación legal de no recibirlo, ya que contenía información que, por disposición de la Laip, es pública, como remuneraciones de personal. Por lo tanto, la ministra, asesores y funcionarios involucrados en la negociación, sin importar su renglón, pudieron haber incurrido en el delito de retención de información, ya que la ley es clara en que lo cometen “aquellos funcionarios, servidores públicos o cualquier persona responsable de cumplir la Laip que “en forma arbitraria o injustificada obstruyan el acceso a la información requerida”. La pena es de uno a tres años de prisión. Mario Fuentes Destarac, abogado constitucionalista, recordó que el artículo 35 de la Carta Magna ordena que la actividad de los medios de comunicación es de interés público y "es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar este derecho".
