Una de las principales dudas surgió porque el censo anterior, del 2002, proyectaba que para el 2019 la población sería de 17.6 millones, es decir, alrededor de 2.7 millones menos que las personas contabilizadas por el último registro.
Dos años después de que se oficializaran los resultados, las dudas y críticas hacia el referido censo aún no se disipan. Líderes políticos, que van desde el presidente Alejandro Giammattei hasta los alcaldes, se han empeñado en desacreditar los datos, pero no presentan argumentos que respalden sus cuestionamientos.
El 14 de mayo, en una sesión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), Giammattei comentó: “El censo no sirvió, desde mi perspectiva. Fue una pérdida de tiempo y de recursos. Son algo así como US$100 millones que cobraron estos anteriores —el gobierno anterior—. Fue mucho pisto, pero eso fue lo que cobraron. (…) El problema es que tarde o temprano el censo se va a tener que repetir”.
El mandatario no dio más detalles que sustentaran la descalificación de los resultados. Se consultó a Patricia Letona, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, pero pidió que todas las consultas se trasladaran al Ministerio de Economía y al Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los alcaldes son quienes más han cuestionado los resultados del censo.
“Estamos claros de que las estadísticas que nos dejó el gobierno anterior no son reales; las de cabeceras departamentales y municipales no están bien hechas”, dijo Noé Boror, alcalde de San Pedro Sacatepéquez, en la misma sesión del Conadur.
En ese sentido, es necesario considerar que para los jefes ediles los resultados del censo son importantes, pues determinan el ingreso que cada municipalidad percibirá como parte del situado constitucional.
Ese es un aporte que consiste en el 10% del Presupuesto General a las corporaciones ediles. Entre los criterios para repartirlo a los 340 gobiernos locales se encuentra el número de población total por municipio y el de aldeas y caseríos. De tal cuenta, si un municipio tiene menos población, recibirá menos ingresos que otro con más habitantes.
En principio, el censo no costó US$100 millones, como aseguró el presidente. Según el INE, el costo total fue de Q343 millones 144 mil 881.1, equivalentes a unos US$44.5 millones. Esos fondos se trasladaron al Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, en inglés) en los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019.
Sobre la credibilidad de los datos, uno de los indicadores para medir la calidad de un censo es la omisión censal. Es decir, la población que se estima que no fue censada. Según cálculos del INE, en el 2018 fue del 9%.
En el 2002, ese porcentaje fue del 8.3, mientras que en 1990 fue de 16.6%. Al comparar los datos con el censo que realizó Colombia, por ejemplo, en el 2018, la cifra de subregistro es del 8.5%, similar a la que reportó el censo de Guatemala.
Las omisiones ocurren en todos los censos, y se dan por razones como dificultades para acceder a determinadas áreas, como urbanizaciones privadas o zonas de conflicto territorial. También porque quien contestó la entrevista olvidó mencionar a una persona del hogar o simplemente hay negación de atender a los censistas.
Abel Cruz, director del INE, considera que una omisión censal de un dígito es estadísticamente aceptable.
“No le hemos encontrado deficiencias al censo. En un proceso tan grande como este, cualquier estadística maneja ciertos niveles de omisión, nunca es 100% perfecta. Estadísticamente hablando del censo de población, tuvo omisión censal del 9%. Para mí, una omisión censal de un dígito es buena”, comentó Cruz.
El director del INE también recordó que se hicieron proyecciones poblacionales con apoyo de Unfpa para rescatar en el conteo a la población que no fue censada. En total, la población censada más la que se cree que no lo fue asciende a 16.3 millones, datos que fueron presentados en su momento.
Se intentó consultar con el Ministerio de Economía, pero se señaló que el INE era el único indicado para hablar del tema.
Pablo Salazar Canelos, representante de país de Unfpa, comentó que en el caso de Guatemala la omisión es “aleatoria”, y no sistemática. Esto quiere decir que no hubo un tipo de población en específico, como un grupo étnico, que fuera omitido en los conteos, sino fueron subregistros aleatorios. De tal cuenta, estas omisiones no generan ningún sesgo en los resultados.
“No existe censo perfecto. Es importante que los datos se puedan utilizar para la formulación de políticas públicas”, indicó.
Carlos Mendoza, de la organización Diálogos, especializada en manejo de datos, considera que en todos los censos hay aspectos que se pueden cuestionar en la metodología, pero ello no los invalida. En el caso de Guatemala, es debatible la definición de urbano y rural.
“Se basaron en un acuerdo gubernativo de 1935, que utilizaba definiciones de villa, ciudad y pueblo. Es una definición obsoleta que debe actualizarse”, manifestó Mendoza.
No obstante, ese fallo se puede corregir, advirtió. Por lo tanto, Mendoza considera irresponsable que el presidente descalifique el censo públicamente sin presentar argumentos.
