En el Congreso se considera que esas designaciones responden a pago de favores por parte de la Presidencia de la República.
Denuncias
La juramentación de Julio René Calderón, gobernador de Huehuetenango, en sustitución de Mauselio Hiram Martínez Galindo, causó malestar entre sectores de ese departamento, ya que sobre el recién nombrado funcionario pesa una sentencia por estafa mediante cheque, cuya resolución circula en redes sociales.
Tres de los ocho funcionarios intentaron obtener un puesto de elección popular en los últimos comicios.
Gustavo Adolfo Sosa García y Oswin René Morales Flores intentaron ser alcaldes, sin éxito, y Marvin Estuardo Alvarado Morales quiso ser diputado.
Martínez Galindo, quien no puso el botón a su sucesor, en tono molesto, acusó a Calderón de haber realizado una campaña de difamación durante seis meses, al ponerlo en mal con las comunidades, lo que facilitó su llegada al puesto. “Para usted estar aquí, me difamó en muchos municipios que yo era una mala persona. No le debo nada”, expresó.
Agregó que Calderón utilizó una plataforma que él nunca tuvo para llegar a la gobernación, y espera “que sepan dirigir al departamento con transparencia”.
Respecto del proceso en su contra, Calderón dijo que no tiene nada pendiente con la justicia. Entregó su finiquito, antecedentes penales y policíacos, pero no pudo negar que hubo un proceso del cual, argumentó, fue víctima de personas que se aprovecharon.
Los 48 Cantones de Totonicapán exigieron, mediante un comunicado, que se explique por qué se destituyó a Juan Yax y que se suspenda el nombramiento de Marvin Alvarado, porque consideran que no llena el perfil y lo señalan de ser contratista del Estado, con base en un acta de la Municipalidad de Momostenango del 2009, que evidencia que Alvarado era representante legal de la empresa Cicsa, a la que se le adjudicó un proyecto de mejoramiento de camino rural a San Vicente Buenabaj.
Los 48 Cantones piden a la Presidencia que se forme un jurado opositor con participación para elegir al nuevo gobernador.
En El Progreso también hay dudas por el cambio del gobernador Otto Moreno.
“No me voy por lo que dijo el vocero presidencial —baja ejecución—. Tengo pruebas y documentos que contradicen lo que indicaron. No quiero entrar en confrontación, pero aclaro que no me destituyeron por eso, desconozco por qué”, aseveró Moreno.
Gustavo Adolfo Sosa, nuevo gobernador, se limitó a indicar que el presidente puede disponer de esos cargos cuando lo considere necesario.
El lunes, diputados del partido oficialista indicaron que la designación de los gobernadores se hizo para pagar favores políticos a los legisladores que se pasaron a las filas de FCN-Nación.
Se intentó obtener la versión del presidente Jimmy Morales durante una conferencia de prensa, y su respuesta fue: “Con mucho gusto le doy información. Hoy estamos en un tema sumamente importante. Le vamos a dar información en otra ocasión”.
