Guatemala
Uso de fuerza policial enfrenta al gobierno de Arévalo con la oposición
Gobernación retiró 61 policías a diputados en su mayoría de Vamos, mientras que asignan agentes a dos legisladores electos por Semilla.
El Congreso de la República y sus alrededores son resguardados por la PNC este sábado 14 de enero por la sesión solemne en la que tomará posesión la Junta Directiva 2023 – 2024. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
El ministerio de Gobernación informó ayer que retiró 61 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que daban seguridad a un grupo de diputados. Dicha decisión se transformó de nuevo en un pulso entre el oficialismo y la oposición, estos últimos que tachan la medida como un ataque político.
Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, dijo que no era posible informar el listado de los 17 diputados a los que se les retiró la seguridad. Pero detalló que algunos estaban asignados a representantes de la bancada Vamos y de otros bloques sin especificar cuáles.
El comunicado de prensa de la cartera de Gobernación detalla que la decisión fue a consecuencia de una primera revisión. En el remarcan que la PNC existe para el servicio de todos y no para el privilegio de pocos.
Jiménez agregó horas más tarde por medio de sus redes sociales que la decisión de reconcentrar personal es parte de una estrategia de la cartera. Misma que tiene como finalidad hacer eficiente el recurso humano de la PNC.
Decisión política
El diputado de oposición, Boris España, integrante del bloque Vamos, explicó que cada diputado tenía seguridad por un caso en particular. Dijo que él fue amenazado de muerte y por eso tenía asignados agentes.
España concuerda que es necesario que las fuerzas de seguridad evalúen de manera periódica si las amenazas o niveles de riesgo han disminuido. Pero la decisión del ministerio de Gobernación, a su juicio, parece ser política.
“Lo que no es correcto es que sean acciones políticas derivadas de la crítica, de acciones que están haciendo que uno como oposición la hace ver, que sea una reacción a una postura política que hace en el hemiciclo. Porque da la casualidad de que solo es con diputados de Vamos, cuando hay otros diputados que también tienen seguridad”.
El diputado habló a título personal y remarcó que los escenarios de riesgo de cada parlamentario son distintos. Pero para su caso los niveles de riesgo afirman que no han disminuido, por lo que anunció que presentará una acción de amparo para revertir la decisión.
“Los diputados de Semilla reaccionan en contra de la bancada de Vamos, entonces que no sea una acción política contra la oposición. Eso denota que no aceptan la crítica, que no aceptan que cometen errores y que hay una bancada de oposición que se los está diciendo”.
El diputado España es uno de los más críticos a las decisiones que ha tomado el gobierno de Bernardo Arévalo. Consideró necesario que se le expliquen los criterios técnicos para el retiro de seguridad.
“Lo que parece ser es que son acciones por no aceptar la crítica constructiva que nosotros les estamos haciendo. Si es así, están demostrando ser un gobierno de no tolerancia, y eso si da un mal mensaje, hoy somos nosotros, mañana será cualquiera ciudadano que se oponga a las medidas de gobierno”.
Será cuestionado
El ministro de Gobernación ya tiene una cita ante el pleno del Congreso de la República. La diputada Sandra Jovel, del bloque Valor, solicitó su interpelación el mes pasado.
El motivo de ese primer juicio político obedece a los altos índices de criminalidad, según los argumentos que presentó la legisladora. Dicha interpelación está programada para el próximo 25 de julio.
Pero la decisión de retirar a la seguridad de algunos diputados motivará nuevas preguntas para el ministro. Según lo anunció el diputado de Vamos, Ronald Portillo, que buscará que las recientes decisiones en la seguridad de algunos diputados también sean un tema que se pregunte en la interpelación.
Los 101 agentes
El ministerio de Gobernación envió un informe al Congreso de la República en el que explican la cantidad de agentes que utilizó el presidente Arévalo en dos actividades puntales. El 6 de mayo, el mandatario junto con la vicepresidenta, Karim Herrera, y los ministros de Estado caminaron del Palacio Nacional de la Cultura a la sede del Legislativo.
Ese día, todo el gabinete de gobierno entregó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público. El reporte con fecha de 13 de mayo especifica que en Casa Presidencial había 21 agentes; frente al Palacio Nacional de la Cultura, otros 80; en el parque del Legislativo, 40 elementos; y otros 44 sobre la entrada principal del Congreso en la novena avenida.
En total 185 agentes de seguridad que coincidieron en dos momentos clave de la agenda del presidente en mayo pasado. Eso según los documentos que gobernación entregó a congresistas.
CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES
También se dio a conocer un oficio firmado por la jefa del Departamento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Ligia Sagastume, quien solicita de “manera urgente” el 13 de marzo que se le de “seguridad perimetral” a los diputados electos de Semilla José Pérez y Manfredo Castañón.
El Departamento de Comunicación del Ministerio de Gobernación confirmó que en el caso de ambos congresistas “si hubo un análisis de riesgo y se determinó un nivel riesgo medio y se recomendó seguridad perimetral para ambos”. Agregaron que esta fue implementada el pasado 26 de junio.
Análisis y prevención
La decisión tomada por el ministerio de Gobernación amerita tener un respaldo técnico, a criterio de Mario Mérida, analista en temas de seguridad, para determinar que sea un criterio adecuado. “Hay que tener claro que todas las decisiones que vengan del presidente y sus ministros son de carácter político”.
El diputado España ya anunció una primera acción de amparo contra la decisión de Gobernación.
A juicio del analista “esto tendría que estar bien establecido por medio de un documento que haga constar que ya no es necesaria la seguridad”. Agregó que debe explicarse porque se redujo la amenaza o bien porque ya no existe “de lo contrario las partes afectadas podrían acudir a los mecanismos necesarios para pedir la continuidad de la medida”.
El experto agregó acerca del despliegue de seguridad de Arévalo, para la entrega de una iniciativa de ley y reuniones de Estado, que son aconsejables perímetros de seguridad robustos.
“Voy a decir algo con lo que posiblemente muchas personas no estén de acuerdo conmigo. Nunca es suficiente el personal de seguridad Ejecutiva cuando no se conoce la magnitud de una amenaza”.
Mérida puntualizó que la seguridad presidencial siempre debe de considerar escenarios de riesgo, por lo que un control de seguridad, como el descrito anteriormente, no le sorprende. “Cualquier presidente, este haciendo bien o mal las cosas, siempre va a ser una amenaza potencial que se puede convertir en una realidad”.
ESCRITO POR:
