Pero esa no ha sido su única labor. Douglas Lainfiesta, presidente del consejo directivo de esa fundación, accionó contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que intentaban evitar el traslado de personas.
A Lainfiesta también se le conoce porque a principio de este año asesoró a los líderes sindicales Joviel Acevedo y Luis Lara cuando buscaban evitar que la Corte de Constitucionalidad dejara sin vigencia el impuesto a la telefonía, creado por Líder y el Partido Patriota (PP).
La Fundación Identidad (Fidenti) es otra que ha trascendido. La dirige el abogado Édgar Vásquez Ayala, quien, además de tener un contrato en el Congreso como asesor de Líder, fue candidato a diputado por esa agrupación, en el 2011.
Lo mismo sucede con Juristas en Defensa de la Nación (Jurnac), que ha interpuesto varias acciones contra la precandidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres. El grupo es guiado por el abogado Melvin Portillo Arévalo, quien buscó una curul en el 2011.
Aunque este se postuló mediante la coalición UNE y Gran Alianza Nacional (Gana), en el 2014 trascendió un video en el que ofrece un mensaje navideño a sus seguidores y los invita a votar por Líder.
Otras funciones
Además de proyectar a los candidatos o a partidos políticos, las fundaciones son utilizadas para atacar o contratacar a contrincantes o a quienes se interponen.
Hace pocos días surgió la Fundación contra el Terrorismo Mediático, la cual, según los objetivos planteados en su acta de creación, pretende impugnar las informaciones de los medios de comunicación que los miembros de esa entidad consideren incorrectas.
Esta fundación es presidida por José Ovidio de León Roque, quien trabajaba en el Ministerio de Comunicaciones (CIV) con un sueldo de Q16 mil mensuales y había obtenido contratos con el Estado por Q5.2 millones.
Su hijo José Ovidio de León Conde recibió un contrato del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por Q78 mil, para efectuar trabajos de mantenimiento.
A De León Roque se le vinculó con el PP, no solo por su relación laboral, sino porque en su tesis menciona como sus amigos a dos oficialistas, el ex viceministro de Comunicaciones Rubén Mejía y el diputado Juan Alcázar.
De León Roque está casado con Elizabeth Conde, quien preside la Asociación de Protección y Ayuda al Ciudadano, una de las tres entidades que accionaron contra magistrados del TSE.
Aunque se pensaría que por ser esposa de De León Roque ella activa para el oficialismo, aparece afiliada a la UNE.
Con el oficialismo también se ha relacionado a la entidad Jóvenes por Guatemala, que pasó a ser Asociación Amigos por Guatemala, ya que había otra con el nombre inicial.
Esta agrupación es presidida por María Renee Carranza, y su vicepresidente es Juan Fernando Chan Ochoa, quien fue asesor de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular y, según Guatecompras, de 2011 a 2013 ha devengado Q690 mil en asesorías al CIV y al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).
