“La corrupción roba a los países en desarrollo un estimado de US$1.26 billones al año. Y en el norte de América Central, sus impactos insidiosos afectan directamente a quienes ya luchan por satisfacer las necesidades diarias”, escribió en su cuenta de Twitter la directora de Usaid, Samantha Power.
De acuerdo con Usaid, “en los países del norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, la corrupción es generalizada y sistémica, y su impacto es insidioso”.
Por lo anterior, resalta que “en toda la región, la corrupción socava la competitividad de los países, la inversión, las oportunidades de trabajo decente y la prestación de servicios públicos”; además, destaca que ese flagelo “impulsa el crimen, la violencia y la migración, alimenta las organizaciones criminales transnacionales, erosiona el pacto social y contribuye a la degradación ambiental, los abusos de los derechos humanos y laborales y el retroceso democrático”.
La estrategia de Usaid expone la comprensión sobre la corrupción y su impacto en la región y describe la programación y el enfoque estratégico para optimizar los recursos de la Agencia, “desde el financiamiento y el personal hasta los socios dedicados en todos los niveles, para lograr los objetivos anticorrupción”.
En el caso de Guatemala, la estrategia de Usaid se enfoca en combatir la corrupción “fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas” en el sector justicia; además, pretende empoderar a las comunidades y organizaciones locales para que “se conviertan en agentes de cambio”.
Lo que se busca es “fortalecer la investigación, juzgamiento y adjudicación de casos de corrupción y desmantelar redes criminales y mejorar la transparencia del gobierno en procesos de contratación a través del uso de un sistema común de contratación y en la recaudación de impuestos y ejecución de dichos fondos”.
En ese contexto, la Usaid reiteró que la ayuda de la agencia para el MP continúa suspendida, luego de que en julio de 2021 la fiscal general, María Consuelo Porras, destituyera al jefe de Fiscal Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval. También señala que hay otras acciones que “socavan el estado de derecho”.
“La programación relevante de Usaid (para el MP) permanece en pausa y la agencia está fortaleciendo el apoyo a las entidades comprometidas con el control y la independencia judicial, derechos humanos y libertad de prensa”, refiere el documento.
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Usaid destaca la organización de la primera de dos Cumbres por la Democracia “con un enfoque renovado en la confrontación del autoritarismo, la lucha contra la corrupción y la promoción del respeto para los derechos humanos y que el presidente Joe Biden ha presentado un enfoque integral sobre cómo EE. UU. trabajará a nivel nacional e internacional con una amplia gama de socios públicos y privados para contrarrestar de manera efectiva la corrupción y su naturaleza cada vez más globalizada”.
Menciona que en los últimos años, Guatemala y Honduras han sido testigos de escándalos de corrupción que involucran “robos multimillonarios a los servicios de Salud Pública”.
“Estos son solo algunos casos entre muchos en toda la región en los que la corrupción afecta directa y tangiblemente a quienes ya luchan por satisfacer las necesidades diarias. En términos más generales, la corrupción alimenta la captura del sistema político por intereses privados estrechos, y a menudo criminales, lo que socava el bien público, la fe de los ciudadanos en sus instituciones de gobierno y su esperanza de un futuro mejor en sus comunidades de origen”, señala.
Corruption robs developing countries of an estimated $1.26 trillion annually. And in northern Central America, its insidious impacts directly affect those already struggling to meet every day needs. Read @USAID’s anti-corruption approach in the region: https://t.co/bLT8QCoIWT
— Samantha Power (@PowerUSAID) April 18, 2022
Mal calificada
El documento de Usaid también pone en evidencia cómo Guatemala y otros países del norte del Centroamérica salen mal ubicados en los índices globales de corrupción.
En Percepciones de corrupción 2020 de Transparencia Internacional -una clasificación global del grado de corrupción percibido de 180 países- El Salvador se ubica en el puesto 104, Guatemala en el 149 y Honduras en el 157, siendo el 180 el peor.
El Proyecto de Justicia Mundial y el Índice de Estado de Derecho de 2021 clasifica a El Salvador en 95 de 139 países por estado de derecho, Guatemala en 109 y Honduras en 126.
Agrega que “los puntajes de Control de la Corrupción y Gobierno Abierto de los tres países son similar.
Por ejemplo, la matriz de riesgo de soborno TRACE 2021, que mide los riesgos de soborno en 194 países desde alto (100) a bajo (0), clasifica a El Salvador con 117/194, Guatemala 131 y Honduras 146.
