Con la excusa de que el uso del portal Sicoin “transgrede la autonomía universitaria”, los integrantes del CSU dispusieron que a partir de enero de 2022 no prorrogarán el convenio de Fortalecimiento de la Política Institucional de Transparencia que se firmó con el Ministerio de Finanza el 13 de diciembre de 2018.
En dicho convenio el entonces rector de la universidad, Murphy Paiz, se comprometía a que la casa de estudios operaría el Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf), que se compone por el Sicoin, Sisema Informático de Gestión (Siges) y el Sistema de Nómina y Registro de Servicios Personales (Guatenóminas).
También se estipulaba que la USAC proporcionar personal técnico y equipo informático para operar el Siaf y publicaría los informes de ejecución que ordena la Ley de Acceso a la Información Pública.
No obstante, en el acta 30-2021, el CSU decide no prorrogar el convenio y enfatiza una serie de supuestos problemas que se derivaron de la firma. Entre estos, mencionan que el 27 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario de Centroamérica la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y en el artículo 115 se condiciona el desembolso de un aporte extraordinario de Q92 millones a la implementación de los portales del SIAF. A criterio del CSU, esto “limita la autonomía universitaria”.
Además, señalan otros problemas técnicos, como “la carga masiva de inventarios”, el hecho que el Sicoin no contiene rubros de lo que compra la universidad y aducen que el registro de donaciones se tornó “escabroso” por los requisitos que pide el Ministerio de Finanzas, entre otras dificultades.
Por lo anterior, el CSU instruyó a la Secretaría General a que elaborara un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la implementación del Sicoin. El informe es contradictorio, puesto que señala como una amenaza la posibilidad de que se reduzca el aporte constitucional del 5 por ciento y, por otro lado, menciona como una oportunidad el hecho que dicha asignación se desembolse “sin deducciones”.
Otras amenazas que se destacan son la “pérdida de la autonomía por el uso de plataforma informática, normativa y procedimientos ajenos a la universidad , probables sanciones del ente fiscalizador por errores o registros inoportunos generados por las modificaciones para adaptar el sistema a varios procesos de la universidad, pagos de salarios inoportunos, demandas laborales por cambios de funciones al personal y una implementación deficiente por condiciones de pandemia generada por el covid-19”, entre otras.
Entre los aspectos positivos se refiere la transparencia en el manejo de fondos públicos, rendición de cuentas e “información más confiable.
En una respuesta institucional la División de Publicidad e Información de la Usac refirió que dicha casa de estudios no está obligada a usar el Sicoin y aseguraron que el otro año usarán el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), donde la población podrá consultar en tiempo real la ejecución.
“El sistema tiene sus propias normas que, por la estructura de las unidades ejecutoras de la USAC limitan su cumplimiento”, respondió la universidad.
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No vulnera autonomía
La Ley Orgánica del Presupuesto responsabiliza a entidades públicas a llevar los registros de la ejecución presupuestaria y registrar en el Sicoin las transacciones presupuestarias y contables.
En ese sentido, el ministro de Finanzas Álvaro González Ricci comenta que la utilización de los portales de transparencia no viola la autonomía, ya que es un mandato de ley que las instancias que reciben fondos públicos utilicen los sistemas que el gobierno, a través del Ministerio de Finanzas habilitó para poder llevar un control de cómo se utilizan los recursos.
“En las reuniones que hemos tenido con la Universidad de San Carlos lo que nos han mencionado es que se ha complicado el cambio de sistema por la forma de operarlo. No hemos tenido conocimiento que el problema sea de autonomía”, comentó el ministro al consultarle si tenía conocimiento del acta en la que se dispone no renovar el convenio interinstitucional.
Agregó que de la cartera de Finanzas tienen alrededor de siete personas que constantemente visita la USAC para solventar dudas que puedan derivarse del uso de Sicoin, ya que la resistencia a utilizarlo podría deberse a la dificultad de las unidades ejecutoras para implementarlo.
Eddy Cux, de Acción Ciudadana, considera que hay una confusión sobre la autonomía universitaria, ya que a menudo se interpreta como un cheque en blanco.
“La USAC recibe recursos del situado constitucional. Si bien se habla de autonomía en las municipalidades y en la universidad, esto debe estar sujeto a la rendición de cuentas y controles financieros. De lo contrario se cae en la opacidad”, dijo Cux.
Óscar Chincilla, diputado de la bancada Creo que ha dado seguimiento al uso del SIAF en la USAC, dijo que la autonomía no exime de responsabilidad a la USAC de implementar los portales de transparencia, ya que se trata de recursos obtenidos de la recaudación tributaria.
“Le hemos dado seguimiento a préstamos (para infraestructura) de la USAC que no se han ejecutado. Hay centros universitarios como el de Quetzaltenango que no se ejecutaron. Desconozco cuál será la postura del CSU, pero creo que con todo lo sucedido en la universidad lo mejor que podrían hacer es ser transparentes y usar los sistemas integrados del Estado para que darle a conocer a población cómo se gastan los recursos”, dijo Chinchilla.
