Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez, recordó que la crisis de la SBS no es nueva, sino que empezó a agudizarse el 2015, con la muerte de una niña en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
“Ahí empezaron a darse las primeras señales de que la SBS comenzaba a perder el control. Lo del 8 de marzo de este año fue la guinda en el pastel, y lo de Gaviotas lo habíamos advertido; pero nada ha cambiado y el sistema colapsó”, indicó Dubón.
Añadió que nada se soluciona con el cambio de titulares de Bienestar Social, sino que se requiere, entre otras cosas, la separación de perfiles de los menores víctimas de cualquier tipo de abusos y vulnerabilidad, lo cual se había propuesto hace un año.
“Es momento de intervenir no solo la Secretaría, sino toda la institucionalidad de la niñez, así como se han intervenido portuarias y otras entidades”, expresó Dubón.
Nunca es tarde
La tragedia del 8 de marzo en el Hogar Seguro puso a Guatemala en un espejo de lo que ha hecho con su niñez y adolescencia y en otros países, esa tragedia hubiera obligado a la renuncia de varias autoridades de alto nivel, y la respuesta, atención y priorización de los niños, así como el cuidado desde su nacimiento debió hacerse desde “el 8 de marzo de 1970”, y no desde marzo último, opinó Carolina Escobar, directora de la asociación La Alianza.
“Pero nunca es muy tarde. Necesitamos acciones de emergencia y que se vea esto como la epidemia de desatención a la niñez, salud, educación y protección”, subrayó.
En cuanto a la rehabilitación de los menores en conflicto con la ley penal, Escobar señaló que ese es precisamente el problema de los correccionales, que no hay rehabilitación en esos lugares, sino que las condiciones están dadas para que solo los traten como presos.
“Han delinquido, pero es como un perro que se muerde la cola. Porque si el Estado los ha abandonado desde que nacen, no esperemos tener ahí a —Albert— Einstein”, agregó.
La procuradora adjunta de Derechos Humanos, Hilda Morales, coincidió en que el problema tiene su origen en el descuido, indiferencia e irresponsabilidad del Estado hacia la población menor de edad en vulnerabilidad y en conflicto con la ley.
Recordó que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha emitido varias resoluciones y ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha ordenado medidas cautelares.
“Creemos que, siendo responsabilidad de la Secretaría, debiera haber mayor intervención y participación del Gobierno Central, porque es una institución de la Presidencia, y verlo como una emergencia y desastre que están ocurriendo para que se tomen medidas urgentes”, consideró Morales.
Al respecto, el vocero presidencial, Heinz Hiemann, respondió que el acompañamiento permanente que se necesita para ese tema debe ser de todas las instituciones del Estado con incidencia en la materia, como la PDH, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público y el Organismo Judicial, no solo el Ejecutivo.
Gobierno va por finca en Izabal
El vicepresidente Jafeth Cabrera comentó que se busca, a través del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed), que una finca en Izabal confiscada al crimen organizado se otorgue a la Secretaría de Bienestar Social para la construcción de edificios que incluyan un centro de rehabilitación integral, donde se brinde formación académica, oficios y tratamiento psicológico.
“Hay muchos mareros con problemas esquizofrénicos que son difíciles de rehabilitar”, advirtió Cabrera. El problema es que un gran centro de rehabilitación contradice una de las recomendaciones más importantes de varias entidades: el refugiar o ingresar a los menores en centros pequeños, para darles una mejor atención.
