Era el día en el que, luego de poco más de dos meses, el balón volvía a rodar en los campos profesionales de ese país. Ese mismo día, en Guatemala, la Federación Nacional de Fútbol determinó la cancelación del Torneo Clausura 2020, competición que también estaba paralizada desde el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Las medidas, en Guatemala respondían al estado de Calamidad impuesto el 5 de marzo.
Para ese entonces, el contador de casos positivos por covid-19, la enfermedad elevada a pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), causada por el virus SARS-CoV2, comenzaba en Centroamérica, de hecho, el 6 de marzo, en Costa Rica. Una semana antes, el 28 de febrero, México había reportado su primer caso.
Caminos distintos
Desde esa fecha y hasta el 4 de junio último, han transcurrido 97 días, más de tres meses, en los que los ocho países, entre Centroamérica y México, han asumido caminos independientes, con resultados diferentes.
De los 137 mil 869 casos reportados hasta ese día de mayo, tres cuartas partes, el 76.65 por ciento, corresponden a México.
El vecino país comprende el 72.24 por ciento de la población total de la región en referencia.
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Pero más allá de las cifras, tanto en porcentaje como fallecidos por cada cien mil habitantes, en el istmo se evidencia una visión lejana de la tan ansiada unión centroamericana. A comienzos de la pandemia, el 12 de marzo, de hecho un día antes de que en Guatemala se oficializó el primer caso de covid-19, los presidentes centroamericanos se reunieron en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).
De esa reunión surgió el Plan de Contingencia Regional del Sistema de Integración Centroamericana, el cual tenía como objetivo establecer un compromiso y dar aliento a los pueblos centroamericanos, frente a esta situación.
Ahora, tres meses después, esa reunión quedó en los borradores de la historia, sin quizás haberse cumplido ninguna de sus intenciones.
A pesar de tener una crisis similar, las diferencias se han hecho muy evidentes, desde una Nicaragua en discordia con el resto del istmo respecto de sus datos, hasta el cierre de fronteras por parte de Costa Rica para el paso de mercadería, medida justificada por la idea de evitar contagios.
“Este plan de acción es un compromiso y da aliento para los pueblos centroamericanos”, indicó el presidente Daniel Ortega; sin embargo, hasta este período de la pandemia, los datos que reporta son altamente cuestionados. Mientras que Costa Rica sigue siendo un tropiezo para la libre locomoción de pilotos dentro de su territorio, lo cual pone en riesgo la mercancía regional y también a conductores varados sin poder regresar a sus países de origen.
El 28 de mayo se abrió una esperanza luego de que los ministros de comercio y salud de Centroamérica acordaron una serie de lineamientos de bioseguridad para el transporte de mercancías, para evitar la propagación del virus; sin embargo, hasta el viernes de esta semana, la situación no se había normalizado del todo.
“Somos una región pequeña como para estar peleando en una situación como esta”, refirió Álvaro Sáenz, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del sector Empresarial Privado (Uccaep), y defendió la medida tomada por su país debido a que aún no registraba casos comunitarios y debía protegerse.
A vista de dron
El consultor político Ricardo Barreno cree que esta pandemia tiene dos caras: una biológica y una sociocultural.
“Mientras que países como Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá tomaron medidas reactivas, generando algún temor por la crisis y que eso socialmente llevó a tomar acciones, en Nicaragua el abordaje llegó tarde”, comentó Barreno, quien coloca a un país sudamericano como el ejemplo que debió seguir Centroamérica.
“Uruguay puntea en medidas sociales de bienestar. Entre las decisiones que tomaron están las medidas progresivas de confinamiento y, por otro lado, pruebas masivas; no solo para confirmar los posibles casos, sino como forma de prevenir que son vulnerables, porque cumplen con características etarias”, precisó el analista.
En opinión del neumólogo guatemalteco Esaú España, los sistemas de salud de algunos países, entre estos Guatemala, ya estaban sobrepasados antes de la pandemia.
De México a Panamá
Para entender la incidencia de la enfermedad en cada país, es más efectivo valorar la cantidad de casos por cada cien mil habitantes.
México no encabeza esa lista, sino Panamá, con 358 contagios por cada centena de millar de sus pobladores.
México ocupa el segundo lugar, con 84, más del doble de los que tenía Guatemala: 38.
Por encima —o por detrás, según cómo se valore la estadística— de nuestro país están El Salvador y Honduras, con 44 y 61, respectivamente.
Por debajo —o adelante— están Belice, con cinco casos por cada cien mil habitantes; Costa Rica, 24, y Nicaragua, con datos de dudosa fiabilidad, 17.
El coronavirus se dio a conocer en Centroamérica en un lapso de 17 días. México ya tenía noción de él un poco antes. Aún así, tanto la radiografía general como el panorama que se avizora son muy distintos, dependiendo de qué lado de las divisiones políticas del mapa se vea.
¿Cuál es el manejo?
Cierre de calles y encierros variados. El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica en territorio, tiene fronteras con Guatemala y Honduras.
El 11 de marzo, todos sus pasos terrestres quedaron cerrados. Una semana después, el 18, también echó el telón sobre el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, pese a que el covid-19 aún no entraba al país.
“Con la información que teníamos del 16 de enero, cuando la Organización Mundial de la Salud emite su emergencia, decidimos entrar en una fase 1, una fase precoronavirus”, explicó Francisco Alabí Montoya, ministro de Salud salvadoreño, en una entrevista por videoconferencia con Prensa Libre y Guatevisión.
A la vez que cerraron las fronteras terrestres, el país se declaró en cuarentena total, y las clases fueron suspendidas por 21 días. El presidente Nayib Bukele lo justificó diciendo que lo que debían hacer era verse en el espejo de países como Italia, que en ese momento era el epicentro de la pandemia en Europa, para no caer en los mismos errores.
A la Policía Nacional Civil se le ordenó la detención de quienes no hicieran caso a las restricciones, aun si había que “doblarles la muñeca”. Tal decisión fue una de las tantas que han llevado a Bukele a enfrentarse, durante esta crisis, a la Asamblea Nacional.
El 7 de mayo, la movilidad quedó restringida para casi toda la población, con la advertencia de que estaban en la etapa de máximo contagio comunitario, lo que el ministro Alabí Montoya denomina fase 3.
A los salvadoreños solo se les permite salir a comprar alimentos y medicamentos dos veces por semana, y no en el momento en que quieran. Los días para hacerlo son determinados por el último dígito de su documento único de identidad (DUI).
El primer positivo por covid-19 en El Salvador se registró el 19 de marzo. El 4 de junio, el conteo ya iba por dos mil 781. En una población de 6.4 millones, esto representa 44 casos por cada cien mil habitantes, la tercera tasa más alta de Centroamérica.
Política cambiante
En ese ranquin le sigue Guatemala, en donde se impuso toque de queda desde el 22 de marzo, aunque este ha ido variando.
Esa fecha, 11 días después de que se anunció el primer caso, el presidente Giammattei anunció dos nuevos positivos, con lo que la estadística nacional llegaba a 19. Había un fallecido para ese momento.
Encabezados por un Chevrolet Corvette autopatrulla, la Policía Nacional Civil hizo un recorrido por algunos barrios de las zonas 7 y 11 de la capital, alertando por megáfono que quienes estuvieran deambulando por las calles más allá de las 16 horas serían detenidos. A esa hora comenzaba un toque de queda que permanecería en pie hasta las 4 horas del día siguiente, 12 horas en las que nadie, salvo contadas excepciones —como los repartidores de comida y medicamentos o los medios de comunicación— podían movilizarse.
El 20 de abril, la medida se suavizó; en lugar de restringir la movilidad a partir de las 4 de la tarde, pasó a hacerse a las 6. Ese día hubo cinco nuevos casos, para alcanzar los 294.
Casi un mes después, el 18 de mayo, hubo un nuevo cambio en las restricciones de locomoción. El toque de queda se impondría de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana. Guatemala alcanzó los dos mil un casos, 89 nuevos. Hasta ese momento, ninguna fecha había registrado menos casos diarios que aquel lunes; lo más cercano eran 132 nuevos positivos, marcados tanto el 19 como el 20 de mayo.
Cerrando el Triángulo Norte, Honduras también optó por decretar toque de queda.
“En las grandes urbes, como San Pedro Sula, Villa Nueva, El Progreso o el Distrito Central, solo circulaba el personal sanitario”, explicó vía telefónica desde Tegucigalpa el médico Nery Cerrato, subsecretario de Estado de Honduras en la cartera de Salud, puesto equivalente al de viceministro. En el noroccidente de su país, la zona más poblada y más azotada por el covid-19, se estableció un cierre total.
Durante la segunda semana de mayo se flexibilizó y se permitieron las salidas según el último dígito en el documento de identidad.
Honduras tiene la tercera tasa más alta de contagios por cada cien mil habitantes —61—, siempre hasta el 4 de junio, fecha de corte para observar los indicadores de todos los países. Guatemala estaba en 38.
De extremo a extremo
Laurie Ann Ximénez-Fyvie microbióloga egresada de Harvard y ahora directora del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), ha sido una de las pocas voces dentro de la comunidad científica mexicana que se han pronunciado respecto del manejo de la enfermedad producida por el SARS-CoV2. “La situación es terrible, catastrófica… y me quedo corta”, afirmó.
Hasta el 4 de junio, el país norteamericano tenía 105 mil 680 casos reportados de covid-19; 84 por cada cien mil habitantes.
Sin embargo, el subregistro en México es importante, como lo reconoció el propio Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud y cabeza de la lucha contra el nuevo coronavirus, quien explicó en una de sus conferencias de prensa —realizadas cada día a las 19 horas— que la cantidad real sería “siete u ocho veces —más— del reportado”.
¿El motivo? “Centinela”
México es de los países que menos pruebas han hecho, porque se utiliza una estimación de posibles contagios”, comentó el periodista de Pamplona, radicado en la Ciudad de México, Alberto Pradilla. A eso se le llama “centinela”, a un cálculo.
La médica Ximénez-Fyvie explicó que en el país hay una red de 781 hospitales notificantes —que reportan datos a la Secretaría de Salud los casos positivos de coronavirus— en los que, siguiendo un protocolo establecido durante la pandemia del AH1N1 en el 2009, realizan pruebas de influenza a un porcentaje de los pacientes que acuden con síntomas de algún síndrome de afección respiratoria.
A partir de esa muestra, se proyecta un número de casos de influenza a nivel nacional.
López-Gatell estuvo al frente de la lucha contra la gripe AH1N1, y la estrategia que asumió fue la de añadir a esa porción de la población la prueba del covid-19. A partir de ahí, se proyecta una cifra para México.
“El problema es que la influenza es una enfermedad que conocemos, y sobre la que podemos hacer una proyección estadística bastante acertada, pero el covid-19 nos es totalmente desconocido. ¡¿Cómo los vamos a comparar?! No se pueden hacer proyecciones sobre algo que no entendemos”, dice la microbióloga de la Unam.
De acuerdo con ella, hay modelos matemáticos más confiables —sin indicar con nombres quiénes los han elaborado— que calculan que la cifra publicada por el Gobierno debería multiplicarse por 23.7 para obtener la cantidad real.
Con los números del 25 de mayo, estos serían casi 1.7 millones de contagios, pero al regirse a las cifras oficiales, México no es el que más casos por cada cien mil habitantes tiene.
Del otro lado
Al otro lado del istmo, esa posición la ocupa Panamá, con 358.La conectividad es lo que Juan Luis Bautista, periodista panameño, señala como potenciador de contagios en su país. “Si tú ves los números, respecto a Centroamérica, es el que más casos tiene, a pesar de que en población solo somos 4.1 millones. La conectividad puede haber influido”.
El 5 por ciento del comercio mundial pasa por el Canal de Panamá y el aeropuerto internacional Tocumen, en su capital, es el más concurrido de Centroamérica y el noveno a nivel de América Latina; México solo tiene dos terminales aéreas con mayor tráfico de aviones.
Panamá registró su primer caso el 10 de marzo, pero para su día 15 con la enfermedad ya sumaba seis muertes, una menos que todo el resto de Centroamérica y México, en su respectivo día decimoquinto.
El país está en cuarentena total y nadie puede movilizarse. Tan solo algunas actividades, catalogadas como “esenciales” —la industria alimentaria, por ejemplo—, siguen operando, con lo que la economía está detenida.
la discordia
El documento publicado en su sitio web por el Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud (Minsa), firmado por la vicepresidenta y esposa del presidente, Rosario Murillo, arranca diciendo: “Nicaragua no ha establecido, ni establecerá, ningún tipo de cuarentena”.
Contrario a las posturas tomadas por el resto de países, ya no solo de Centroamérica, sino de casi todo el mundo, Nicaragua planteó una estrategia de no tildar al covid-19 de emergencia sanitaria.
Ante la falta de viajeros extranjeros durante la Semana Santa, el Gobierno incluso hizo campañas para promover el turismo interno hacia playas, parques recreativos o ciudades de interés histórico, como Granada.
“Este gobierno ha hecho lo que nosotros llamamos una promoción de la contaminación desarrollando concursos de belleza, desfiles, marchas… todo impulsado desde los ministerios y la oficina de turismo”, narra el exvicecanciller y antiguo diputado del Congreso nicaragüense, José Pallais, desde su residencia en Managua.Al 25 de mayo, el Gobierno de Nicaragua dijo tener 759 casos registrados. En el reporte semanal anterior, el conteo estaba en 254, y en el anterior, en 25.
Sin embargo, a pesar de ese crecimiento tan abrupto en mayo, son varias las instituciones las que han puesto más que en duda la cabalidad de los números. Una de ellas es el Observatorio Ciudadano Covid-19 Nicaragua (OCC).
“Reportamos a la fecha un acumulado de dos mil 687 casos, que incluye 279 casos confirmados por el Minsa y dos mil 408 casos sospechosos verificados por el Observatorio; 598 muertes por neumonía y sospechosas de covid-19”, es un tuit del martes 26 de mayo, con la actualización de la situación hasta tres días antes, el sábado 23, por parte de esa instancia ciudadana.
El OCC es un proyecto colaborativo interdisciplinario que recopila y publica información sobre el avance de la pandemia en Nicaragua. Prensa Libre contactó con ellos vía correo electrónico, pero no proporcionaron ningún nombre por temas de seguridad.
“De momento, recibimos información de todos los departamentos del país y de casi la mitad de los municipios”, explican desde el OCC, quienes además cuentan que utilizan la “vigilancia epidemiológica comunitaria” como método de recolección. Esta consiste en tomar rumores de fuentes confiables dentro de la red sanitaria del país. Tan solo dan validez a números reportados y verificados por “informantes clave”.
Hasta el 13 de mayo, el Observatorio reportaba 150 casos de personal sanitario con sintomatología asociada al covid-19.
Desde afuera de la oficialidad, diversos sectores han asumido medidas por su cuenta.
“Como la posición del gobierno ha sido contraria a la del resto de la región, nosotros decidimos intentar garantizar el abastecimiento de insumos médicos para el personal y de alimentos para la población”, dijo José Adán Aguerri Chamorro, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de Nicaragua.
El empresario nicaragüense explica que desde el sector privado organizado han establecido tres ejes de acción: medidas de protección con los trabajadores y campañas de educación para la población, mantenimiento de la mayor cantidad de empleos posibles y presión contra el gobierno, para que se adhiera a la dinámica global.
“Estamos llegando al final de mayo y el país todavía no reconoce la enfermedad”, sentenció el nicaragüense José Dávila, exdirector general del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), con sede en Guatemala.
Dávila profundizó diciendo que “lo ideal habría sido, cuando se conocieron los brotes de la pandemia, que de inmediato hubiese funcionado el Sica para impulsar una estrategia regional inmediata”.
El punto en común
En opinión del periodista Alberto Pradilla, el manejo desde el punto de la comunicación en México es confuso.
“A veces el mensaje es contradictorio. López-Gatell, subsecretario de Salud de México, dice por la tarde que la situación está complicada, pero por la mañana Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, asegura que todo va de maravilla”, comentó el periodista.
El reporte oficial lo da el subsecretario López-Gatell cada día a las siete de la noche, pero cada mañana el presidente también da su parte informativo. Además, a las 6 de la tarde hay una conferencia sobre asuntos económicos.
López-Gatell es quien da la información porque solo él la maneja. Está centralizada, como en el resto de países.
En Guatemala, por aparte, sin tener una hora fija, aunque suele oscilar entre las 18 y las 20, el gobierno de Giammattei actualiza cada día el estado de casos.
Al inicio, la comparecencia diaria la hacía él mismo, quien luego cedió la estafeta a Hugo Monroy, ministro de Salud Pública y Asistencia Social.
Tales comparecencias se ampliaron el 27 de mayo a conferencias de prensa con presencia de los medios de comunicación, hecho que no había ocurrido en los dos meses y medio previos, a pesar de los reclamos por parte de la prensa.
Una de las decisiones, que ha provocado rezago y falta de concordancia responde a que los datos que manejan dos de los grandes hospitales, el Roosevelt y el San Juan de Dios, no pueden proporcionarse, ya que el Ministerio decidió concentrar la información. De igual manera sucedió con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El Salvador no se sale de lo común. “La información es programada, dirigida y difundida desde la Casa Presidencial. Es muy raro que un ministerio dé información si esta no es autorizada desde arriba”, comentó la periodista Raquel Herrera.
En Nicaragua, los comunicados oficiales del Minsa son firmados por la vicepresidenta Murillo, a pesar de que sí hay autoridades encargadas.
En Panamá, las comparecencias públicas desembocaron en la renuncia del viceministro de la presidencia, Juan Carlos Muñoz.
“Hubo una carta de entendimiento entre Presidencia y una empresa que cobraba por cada ventilador casi US$48 mil. Eso sonó demasiado fuerte, demasiado elevado”, explicó el periodista Juan Luis Bautista. Luego de que la prensa cuestionara dicho evento, las preguntas presenciales se suspendieron.
