Esta vez el camino no será fácil, si se considera el desgaste del partido oficialista y el deterioro de sus alianzas, sobre todo en los últimos meses y más las últimas semanas, cuando han recibido críticas, incluso, de diputados que han compartido votos y escaños en la propia junta directiva.
La mayoría de los diputados no han compartido las últimas decisiones del presidente Alejandro Giammattei, lo cual se ha reflejado en menos fuerza para la aprobación de medidas de excepción que el año pasado fueron aprobadas de urgencia nacional.
El papel del titular del Congreso, Allan Rodríguez, es fundamental. En lugar de consolidar la alianza al interés político del oficialismo ha perdido aliados clave como el bloque Valor y el Partido Unionista, que han votado en contra de los decretos presidenciales.
En este contexto, la negociación del presupuesto no será fácil y puede traer resultados devastadores para el tercer año de gobierno.
Las estimaciones presentadas por el Ministerio de Finanzas en la iniciativa de ley del presupuesto 2022 sugiere contar con un techo presupuestario de Q103 mil 992 millones.
Un monto que tampoco llena todas las expectativas de especialistas en finanzas públicas, quienes, aunque están conscientes de que es necesaria una aprobación, resaltan que la misma debe fundamentarse en criterios técnicos y, sobre todo, en procesos de transparencia.
El gobierno de Giammattei ha sido señalado recientemente por la oposición del Congreso y hasta por algunos antiguos aliados de opacidad y poca respuesta a la atención de la pandemia.
Se requiere transparencia
Los analistas coinciden en que todas las negociaciones que genere el presupuesto deben ser a puertas abiertas, para evitar las opacidades que marcó el pleno del Congreso el año pasado. De esta manera aportarán credibilidad a sus actos.
Hasta el momento los integrantes de la Comisión de Finanzas no han sido convocados para afinar la agenda de trabajo, aunque ya recibieron una copia de la iniciativa, que se encuentra en análisis.
Oto Callejas, representante de la bancada Todos y que integra la comisión, considera que se debe aprobar el presupuesto, aunque destaca que podrían hacerse algunas sugerencias para redistribuir la propuesta del Ejecutivo.
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“Nosotros vemos que este presupuesto que presentaron está un poco más equilibrado que el del año pasado, aunque se van a tener que hacer algunas correcciones. Por lo menos, se buscará el consenso de que se apruebe, porque no se puede seguir con un mismo presupuesto del 2018. Hay muchos renglones que ya ni deberían existir”, refirió.
Juan Carlos Rivera, del bloque Victoria, expuso que están revisando la asignación sugerida para evitar que se utilice como un canje de favores políticos.
“Hay que revisar ministerio por ministerio cuáles son las prioridades que determina el Ejecutivo. Uno de los puntos que ha sido siempre un problema son las asignaciones a los consejos de desarrollo, porque es donde se esconden bolsones para el pago de favores políticos. Se debe discutir abiertamente las asignaciones”, indicó.
¿Presupuesto peligroso?
El siguiente año Guatemala deberá continuar con el Plan Nacional de Vacunación y otras estrategias para contener la pandemia, por lo que el presupuesto será clave, aunque el techo propuesto no generó una buena primera impresión.
Paul Boteo, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, considera que lo solicitado es demasiado alto, por lo que estima prudente revisar en detalle los gastos que se puedan suprimir para no poner la estabilidad económica de país en la cuerda floja.
“Se está reduciendo el déficit fiscal respecto del año pasado, pero según las estimaciones que tiene el proyecto de presupuesto actual para el 2022 el déficit fiscal quedaría en el 2.8 por ciento. Eso nos coloca arriba del límite del 2 por ciento, que es lo recomendado. Creería que, por una parte, hay que revisar eso. Se entiende que estamos en una pandemia y que se necesita hacer gastos extraordinarios, pero lo importante es que, si se harán esos gastos, se revisen los superfluos”, expuso.
Édgar Balsells, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) es del criterio que, por el contrario, el techo presupuestario puede ser demasiado bajo.
El analista puntualiza que todo se debe a las demandas económicas que la propia pandemia está generando, por lo que hasta sería necesario que se otorguen Q5 mil millones más de lo sugerido al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por ser una de las entidades primordiales para la atención sanitaria.
“Si el Congreso está en esa actitud de falta de diálogo y de análisis técnico por parte de las comisiones, me preocupa, porque deja mucho que desear el liderazgo de la Comisión de Finanzas y el de la misma junta directiva, porque estamos en un momento en que no solo se necesita completar la vacunación, superar la pandemia y lanzar un presupuesto pospandemia”, opinó.
Los parlamentarios tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar el Presupuesto 2022. No hacerlo obligaría, una vez más, a que el Ejecutivo trabaje con uno que data del 2018.
