Geografía y crimen
Guatemala se ha convertido en el territorio ideal para la operatividad de todo tipo de organizaciones criminales. El narcotráfico es un fenómeno ejemplificador. Hay motivos para que esto se concrete.
Nuestra posición geográfica: Guatemala se encuentra justamente en el centro de una región en donde se produce y se consume la mayor cantidad de droga en el mundo, esto habilita el tránsito y almacenaje de droga, permite además la implementación de modelos operativos vehiculares, marítimos, aéreos y terrestres, así como la más grave de sus manifestaciones: el lavado de capitales.
Otro elemento coadyuvante es la topografía nacional, que se presta para el fácil ocultamiento de pistas clandestinas o campamentos dedicados al tráfico de drogas. Se suma a ello la histórica debilidad institucional y la ausencia de presencia del Estado en gran parte del territorio nacional. Y un cuarto elemento, que favoreció significativamente el auge de esta criminalidad, es el surgimiento cada vez más cuantitativo de políticos dispuestos a vincularse con estos grupos delincuenciales, con el objeto de favorecerse rápidamente mediante el enriquecimiento ilícito. Es aquí en donde toma forma el caso de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y muchos otros políticos nacionales, que sucumbieron a la tentación de lucrar con el poder político.
Plaga continental
Este fenómeno no es nuevo, América Latina es un territorio plagado de corrupción. Pero lo que debe resaltarse es que en el mundo, en lo que corresponde a uno de los puntos más importantes de la agenda global está la lucha contra la corrupción.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) desde el planteamiento y adopción del Plan de Acción Anticorrupción en el 2010, expuso una notable conclusión: “en la lucha contra la corrupción, los países con economías desarrolladas o emergentes, se han visto obligados a revisar las acciones comprometidas para encontrar mejores resultados.
El impacto creciente de las redes de corrupción sobre el crecimiento económico, el bienestar social, la desigualdad y la confianza —no solo en los gobiernos sino también a escala de la empresa privada— requieren que la agenda anticorrupción sea una prioridad explícita para estos países”. En función de ello hemos observado como muchos políticos y empresarios, tanto de países desarrollados como de países pobres, han tenido que enfrentarse a la justicia por graves casos de corrupción.
Un caso emblemático fue la denuncia pública e internacional del caso de corrupción en la FIFA, a partir del involucramiento de sus máximos miembros en la misma. Y un país como Guatemala, incluyendo a sus políticos y empresarios que se vincularon con actividades ilícitas, no podía ser la excepción. Por el contrario, desde la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el fortalecimiento del Ministerio Público, nuestro país se ha convertido en un caso paradigmático respecto a cómo se puede enfrentar al crimen organizado, más allá de nuestras graves limitaciones.
Pugna de ideologías
Lo anterior desvirtúa una interesada interpretación que se ha dado respecto a la lucha contra la corrupción. Sectores conservadores —algunos por rancias razones ideológicas y otros por su relación directa con acciones ilícitas— han apelado a que hemos perdido nuestra soberanía, que estas acciones se enmarcan en un proyecto político socializante, que se fragua una compleja trama en contra de los intereses nacionales. Esta estrategia consiste en ideologizar el fenómeno de la lucha contra la corrupción, para crear confusión en la opinión pública y con ello entorpecer sus avances. No obstante, es indiscutible que la sociedad guatemalteca apoya toda acción que se oriente a desmantelar las actividades ilícitas, en especial aquellas que drenan mediante el robo los escasos recursos que el país posee para la inversión social.
En el caso de la solicitud de extradición de la exvicepresidenta Baldetti, se produce debido al señalamiento que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Corte del Distrito de Columbia, mediante el cual se le vincula directamente con uno de los carteles de la droga más poderosos que actúan en la región México-Centro América. Sin embargo, dicha extradición solo podría ejecutarse cuando la exfuncionaria aludida solvente su situación penal en Guatemala, dado que por ahora se le relaciona directamente en cuatro casos de impacto: Cooptación del Estado, La Línea, TCQ y Lago de Amatitlán.
Ciertamente esta solicitud de extradición ha generado toda clase de especulaciones en Guatemala. Pero de acuerdo a mi criterio, las autoridades estadounidenses no están interesadas en generar algún tipo de efectos deliberados en torno al caso. Simplemente el modelo institucional de Estados Unidos se rige por una operatividad y una metodología mecánica e incluso implacable, las pruebas con las que se cuenta dieron paso a la apertura de un proceso y este deberá proseguir con sus fases respectivas. En otras ocasiones, en igual forma han actuado las autoridades estadounidenses, se trate de políticos, empresarios o personas comunes que se han involucrado en acciones ilícitas que afecten el marco legal de ese país.
Consigna global
Como conclusión puedo afirmar que el mundo ha cambiado. Hoy la lucha contra el crimen organizado es global, se trata por todos los medios de erradicar la corrupción y la impunidad, especialmente cuando atenta contra los intereses sociales, y más aún cuando la ausencia de esos recursos impide trabajar en favor de los sectores más vulnerables. Simultáneamente a esa lucha global contra el crimen organizado, se ha levantado una esperanza social, nacional e internacional que apuntala un firme deseo para dignificar la política y la eficiencia de los gobiernos, que siempre deberán estar al servicio de sus pueblos.
