Según confirmó Ramírez, a las 13.40 horas de este miércoles fue notificada la dirigencia del partido sobre el proceso de cancelación.
La decisión de los magistrados fue unánime, por lo que el siguiente paso es que el Registro de Ciudadanos sea el que conozca el caso.
Ramírez explicó que FCN-Nación tiene la potestad de presentar las pruebas de descargo que considere pertinentes, dentro de los plazos establecidos en ley.
“Como consecuencia se instruye al director general del Registro de Ciudadanos para que inicie el proceso de cancelación solicitada taxativamente por incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas”, resolvieron los magistrados.
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Postura
Javier Hernández Franco, jefe del partido oificial FCN-Nación, dijo a periodistas que presentarán todas las pruebas de descargo en el caso.
El diputado indicó que desconocen los tiempos en que se deberá accionar, y agregó que le llamaba la atención que el Ministerio Público le pidiera a los empresarios el perdón pero al FCN la cancelación.
El también secretario general de esa agrupación indicó que, si se concreta la cancelación del partido, habría 30 diputados independientes más y podría dificultar más la búsqueda de acuerdos políticos en el Congreso.
El caso
El 15 de mayo pasado, en una conferencia de prensa ofrecida por la entonces fiscal general del MP, Thelma Aldana, y el comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, se dieron detalles sobre el financiamiento electoral al partido en mención.
El Ministerio Público informó que varios empresarios se acercaron a la fiscalía y reconocieron haber entregado fondos a la agrupación política por medio de una empresa de nombre Novaservicios S.A., que se habría encargado de pagar directamente a los fiscales de mesa del partido durante la contienda electoral.
La empresa habría emitido facturas por conceptos varios para justificar los aportes al partido.
El 28 de abril, el Ministerio Público presentó un audio como testimonio de anticipo de prueba en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Ericka Aifán, donde Paulina Paiz, colaboradora del caso, dio detalles del apoyo que los empresarios otorgaron al partido.
José Andrés Botrán, excomisionado presidencial contra la desnutrición, y Rodrigo Arenas, exdirector del Movimiento Cívico Nacional, también comparecieron ese día ante la jueza Aifán. Ambos señalados de financiamiento electoral Ilícito.
Botrán presuntamente giró instrucciones para hacer posible el pago de los fiscales de mesa, personas de confianza del partido que vigilan los votos emitidos el día de las elecciones, durante la primera y segunda vuelta electoral.
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Arenas se habría valido de su cercanía con los empresarios para captar, administrar y coordinar los recursos que fueron utilizados para pagar fiscales de mesa de FCN-Nación.
Además, se presume que fue el contacto entre el grupo de empresarios y el entonces candidato Jimmy Morales, y el que organizó las reuniones en las que se pactó el tipo de apoyo que recibiría FCN-Nación.
Según el testimonio, Morales sugirió a los empresarios hacer los aportes de forma anónima porque el partido ya no podía reportar más ingresos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero, según la investigación, en esta práctica se cometió el delito de financiamiento electoral ilícito.
Para la primera vuelta se habrían destinado Q3.9 millones y para la segunda otros Q4.4 millones.
Los empresarios “corroboraron lo declarado por Paulina Paiz y Olga Méndez, aportando como prueba documentos de soporte de las transferencias, depósitos y las facturas recibidas de la entidad Novaservicios S. A.”, detallaron el MP y la Cicig, el 15 de mayo.
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