Para la decisión, el TSE considera que el Comité Ejecutivo Nacional del partido político al no contar con el mínimo de integrantes que establece el artículo 31 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, actualmente se encuentra desintegrado.
Por lo tanto, el Departamento de Organizaciones Políticas con fundamento en lo considerado y leyes, resuelve en acatamiento al amparo provisional del 12 de agosto de 2021 otorgado por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio constituida en Tribunal Constitucional Extraordinario de Amparo.
Por lo anterior, el TSE “ordena” que Sandra Torres asuma nuevamente el cargo de secretaria general y representante legal del Partido UNE.
Según el TSE, este derecho por mandato legal le asiste, ya que fue electa en Asamblea Nacional celebrada el 2 de abril de 2017. También los resuelto indica que el licenciado Óscar Arturo Argueta Mayén ocupaba el cargo de secretario general temporalmente hasta la fecha que sea asumido nuevamente por la titular del cargo.
Según el diputado Orlando Blanco, la decisión no fue del TSE, la tomó el jefe de organizaciones políticas, quien según el legislador, fue puesto en el cargo por un magistrado que es aliado de Torres.
Señaló que esta decisión es política y arbitraria, pues deviene de la presión política hacia magistrados del TSE. A decir de Blanco, Torres maneja 20 votos en el Congreso y esto influiría en apoyo para elección de junta directiva.
Añadió que hay presión para inscribir a Torres en el Departamento de Organizaciones Políticas y según el diputado, esta inscripción legalmente no tiene ninguna consecuencia porque el Comité de la UNE está desintegrado.
Blanco indicó que los “más probable” es que el TSE proceda a suspender a la UNE por falta de integración.
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Dijo que Torres pasa a ser integrante del referido Comité; además, no se ha llevado a cabo la asamblea nacional.
Anunció que presentarán dos acciones, una es la de revisión ante el TSE y denunciarán al director del registro de organizaciones políticas por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y violación a la Constitución.
El 30 de agosto, la Sala Segunda de Mayor Riesgo le otorgó un amparo provisional a la excandidata presidencial Sandra Torres y le revocó la prohibición de hacer política y el arresto domiciliario que mantenía desde el 8 de enero de 2020.
El 23 de julio recién pasado, Torres se presentó al Juzgado de Mayor Riesgo A para una audiencia en la que solicitó autorización para asistir a reuniones políticas, entre otras peticiones.
Torres expuso en esa ocasión que las medidas de coerción le limitaban su trabajo y su carrera política.
Torres está procesada por un caso de Financiamiento electoral Ilícito al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en la campaña política de 2015 y es señalada de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado por Q5.9 millones.
El 8 de enero de 2020, el Juzgado de Mayor Riesgo E otorgó arresto domiciliario con fianza de Q800 mil a Torres.
La disputa por la jefatura de la UNE se trasladó el 26 de octubre de 2020 al área judicial, cuando Óscar Argueta pidió ser querellante del caso de financiamiento electoral no registrado contra Sandra Torres.
La UNE se pronuncia
Presidencia responde
Tras los señalamientos de la UNE de que Sandra Torres habría pactado con el presidente Alejandro Giammattei, el Gobierno emitió un comunicado en el dice que las acusaciones son infundadas, por lo que expresa su total rechazo.
Presidencia dijo que, ante “las acusaciones falsas” se reserva el derecho de proceder “conforme a la ley por medio de las acciones legales correspondiente”.
Acusó a la UNE de acciones calumniosas que socavan “la institucionalidad y generan desestabilidad”.
