El pasado cinco de abril Prensa Libre formuló una solicitud de información pública al TSE para conocer cuál era el estado legal de las multas que se impusieran en las elecciones pasadas y determinar cuántos excandidatos aún estaban pendientes de cancelarlas.
A pesar de que esta misma información fue proporcionada en años anteriores, ahora el director del Registro de Ciudadanos, Ramiro José Muñoz Jordán, se negó a informar al respecto aduciendo que esto solo le compete a los actores que intervienen en dichos procesos.
“(…) los expedientes se encuentran sujetos a procesos administrativos internos, por lo que mientras no se hayan agotado esas instancias no son objeto de información pública por ser un derecho atribuible únicamente a los sujetos que forman parte de esos procesos administrativos y judiciales”, comentó el Muñoz Jordán.
En noviembre de 2020 el TSE informó que en total se impusieron 53 multas a 47 candidatos a cargos de elección popular, las cuales sumaban Q22 millones. Para ese momento, ninguno había pagado la sanción.
Entre los sancionados estaban los expresidenciables Edmond Mulet, Roberto Arzú, el actual presidente Alejandro Giammattei y el alcalde de Mixco, Neto Bran.
Silvio Gramajo, experto en temas de información pública, considera que la intención de no revelar el estado de las multas es injustificable, puesto que el TSE es una institución que funge como árbitro en los procesos electorales y por lo tanto todo lo que resuelve debe ser público.
“Es un actitud torpe y mañosa que busca violar el principio de publicidad. El TSE es la institución árbitro de la administración de los procesos electorales y de lo que implica el derecho político a elegir y ser electo”, dijo Gramajo.
Agregó las multas se imponen cuando un candidato o un partido, que son entidades de orden público, incurren en algún tipo de desobediencia a la norma. Por lo tanto, la ciudadanía tiene el derecho a conocer qué ocurrió.
“El público tiene derecho conocer cuál es la actuación del árbitro (del TSE) para resolver esas controversias. Es un organismo del Estado que recibe fondos públicos para funcionar. Es una torpeza y una decisión mañosa”, enfatiza el entrevistado.
Ante la negativa del TSE de proporcionar la información, se planteó un recurso de revisión ante la Unidad de Información Pública (UIP) el pasado 4 de mayo. La ley establece un plazo de cinco días para que el mismo sea resuelto por la autoridad superior, pero al cierre de esta edición no había sido notificada la resolución.
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Excandidatos aseguran que fueron librados
Consultados al respecto, excandidatos presidenciales aseguraron que sus multas fueron revocadas tras interponer amparos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Constitucionalidad (CC), por lo que no tienen cuentas pendientes con el tribunal.
Edmond Mullet, expresidenciable por el Partido Humanista, quien fue multado en dos ocasiones que suman US$300 mil 006 por propaganda electoral ilegal, aseguró que al momento de ser notificado planteó amparos ente al CSJ argumentando que no se le otorgó el derecho de legítima defensa y porque el monto violaba la ley, la cual estipula que la infracción debe ser proporcional al acto cometido.
Según dijo, la CSJ lo amparó y la CC confirmó el amparo. De tal cuenta, el expediente regresó al TSE para que se enmiende el procedimiento.
Por su parte, Roberto Arzú, quien sumó tres sanciones por US$231 mil 666.67 por campaña anticipada, dijo que las mismas fueron revocadas en la CC, pero que no tenía más detalles del expediente puesto que de eso se encarga un abogado.
Por su parte, el vocero de Mixco, Mynor Espinoza, afirmó que las multas a Neto Bran por US$200 mil 004 también fueron anuladas por la CC.
De igual forma se intentó consultar a Julio Héctor Estrada, quien participó como candidato presidencial por la agrupación Compromiso, Renovación y Orden (Creo). Debía una multa de US$ 50 mil 001, pero no atendió llamadas ni mensajes para informar si la canceló o no.
Sin embargo, no fue posible confirmar lo dicho por los excandidatos, puesto que el TSE no proporcionó detalles al respecto.
Edgar Ortiz, analista jurídico de la Fundación Libertad y desarrollo, considera que era predecible que algunas sanciones fueran revocadas en la CC o CSJ, principalmente porque algunas multas eran altas con relación a los actos cometidos.
Ortiz cree que hay deficiencias en los procesos administrativos y en la ley electoral. “El TSE no tiene en ley procesos claros para ventilar sanciones o revocar candidaturas. Habría que cambiar Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y reformar el capítulo de los recursos y de los trámites administrativos. Se deben detallar más los procesos”, afirma Ortiz.
