Bolaños manifestó que en la carta enviada hace más o menos un mes argumenta que, según el artículo 223 inciso h de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, los empleados y funcionarios públicos, así como a los contratistas del Estado, tienen prohibido informar, dar a conocer o inaugurar públicamente obras realizadas en cumplimiento de sus funciones y participar de cualquier forma en publicidad o propaganda de las actividades, gestión u obras realizadas.
La jefa de la Unidad señaló que por el momento la dependencia que dirige no ha presentado ningún informe sobre las violaciones a la Ley Electoral por parte del presidente Jimmy Morales, pero que eso no significa que no lo hará, ya que espera que el monitoreo de medios le entregue información sobre el tema.
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Mientras tanto, el inspector general del TSE, Óscar Sagastume indicó que no tiene ningún informe de que el presidente haya incurrido en violación a la Ley Electoral, pero la normativa electoral lo obliga a que de oficio inicie una investigación y determinar así si Morales está incumpliendo con la normativa electoral.
“La Ley obliga a Inspección General a actuar de oficio por lo tanto hacemos monitoreo referente a todo lo que sucede en el tema de campaña electoral, su desenvolvimiento, así como los actores que puedan estar realizando campaña, luego se somete a un análisis y evaluación de conformidad a la Ley Electoral, por lo que los del presidente está sujeto a análisis”, refirió.
Sagastume también indicó que se analizan otros casos en los cuales los partidos políticos han hecho menciones religiosas debido a que la normativa electoral también lo prohíbe.
El artículo 223 inciso e) de la Ley Electora señala que es prohibida toda forma de propaganda, valiéndose de creencias, actividades religiosas o invocando motivos de religión, que influya en los ciudadanos a que se adhieran o se separen de partidos políticos, comités cívicos electorales o candidaturas determinadas”.
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), Alfredo Brito respondió: “Nosotros somos respetuosos, y, en ese sentido, le vuelvo a insistir, no hemos realizados inauguraciones, en ninguna de las actividades a las que ha asistido el Sr. Presidente se han realizado actos protocolarios. Como se ha podido observar, el ejecutivo ha cumplido con lo que indica la ley, se supervisan las obras y se informa al Presidente el avance de las mismas”.
Las más recientes apariciones públicas del presidente han sido en la “supervisión” de tramos carreteros, que han incluido discursos, felicitaciones a las empresas contratistas y consejos y llamados a la población para que cuiden la obra.
El 2 de abril asistió a la rehabilitación de 7.7 km entre La Arenera y Asunción Mita, Jutiapa.
El 4 de abril participó en la supervisión de dos tramos de la carretera CA2, en Retalhuleu.
El 9 de abril visitó el tramo de 17.3 kilómetros de carretera en Mariscos, Izabal.
El 11 de abril acudió a la CA2 Occidente, San Marcos, Quetzaltenango y Suchitepéquez, donde supervisó los trabajos.
El 12 de abril “supervisó” el libramiento de Chimaltenango, que está a un 95 por ciento.
Por su parte, Alfredo Brito, portavoz de la Presidencia, ha dicho en días recientes que Morales no está inaugurando tramos u obras sino que asiste a supervisiones.
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“En una inauguración hay actos y se corta una cinta simbólica. Acá solo se supervisa la manera en la que la obra ha avanzado físicamente”, comentó el portavoz, quien señaló que la Secretaría de Comunicación debe informar sobre todo lo relacionado a las actividades del Ejecutivo.
Morales también se ha vuelto un crítico de las actuaciones del TSE a partir del convenio que firmó en agosto de 2018 con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Así, ha reprochado que hay inestabilidad, que hay dudas sobre el proceso y que los jueces electorales dejan mucho que desear, al tiempo que ha demandado elecciones “no intervenidas”.
Julio Solórzano, presidente del TSE, ha refutado esas declaraciones y lo ha exhortado a presentar denuncias si sabe de actuaciones contrarias a la ley, a sabiendas de que incurre en omisión de denuncia si no lo hace.
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