La violencia ligada al narcotráfico, antecedentes de conflictos y poblaciones beligerantes, violencia común, sumado a conflictos relacionados a recursos como agua, energía eléctrica, minería, hidroeléctricas y problemas limítrofes son los indicadores que tomó en cuenta el TSE para elaborar el mapa.
La metodología utilizada por el ente electoral se basó en cinco ejes: recolección y verificación de información, análisis de la misma, análisis de relación de indicadores en los 340 municipios, clasificación del nivel de riesgo de cada uno de estos y elaboración de mapa electoral.
La magistrada María Eugenia Mijangos manifestó que todos los guatemaltecos son conscientes que se enfrenta un proceso electoral atípico, similar al proceso anterior del 2015 cuando hubo mucha efervescencia social por todas las manifestaciones en la plaza central.
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“Ahora es diferente, ahora hay un poco de polarización en la ciudadanía, pero son fenómenos que se dan en las democracias y por eso mismo tenemos que unir esfuerzos para irlos superando”, refirió Mijangos.
“Ahora tuvimos esta experiencia de los acuerdos de los mapas de conflictividad, cada vez son más las personas e instituciones que nos apoyan y esto va teniendo un efecto multiplicador que la democracia guatemalteca se vaya perfeccionando y evolucionando”, comentó.
Pactos locales de no agresión
Eddie Fernández, director del Instituto Electoral, confirmó que para evitar conflictividad electoral se firmaron 36 acuerdos locales para un proceso electoral, transparente, ético y en paz en 15 departamentos.
“Estamos muy contentos porque hay algunos departamentos como Huehuetenango y Suchitepéquez que han detectado la necesidad de promover la firma de estos acuerdos en municipios de esos departamentos”, dijo Fernández.
Con el objetivo de evitar conflictividad y violencia en el proceso, que incluye el periodo preelectoral, el día de las elecciones y poselectoral, los magistrados del TSE y representantes de partidos políticos firmaron el pasado 11 de marzo el pacto de no agresión.
Las organizaciones políticas firmantes se comprometen de esa forma a desarrollar las actividades proselitistas y electorales dentro del marco de “paz, tolerancia, inclusión, respeto, ética y la observancia de los derechos humanos, la Constitución y la Ley Electoral”.
Además, asumen el compromiso por una campaña electoral centrada en principios democráticos, rescatando la ética y la moral en la conducta de los participantes, evitando la violencia contra la mujer, especialmente a las candidatas a cargos de elección.
También se comprometieron a evitar agresiones entre candidatos, políticos, militantes y simpatizantes, campañas de desprestigio y de desinformación, acusaciones o litigios judiciales sin fundamento.
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