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Los nombres surgen luego de que este jueves fueran destituidos Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos el auditor Francisco Alonzo y otros siete funcionarios “por cambios que obedecen a la nueva magistratura”.
Vitalina Orellana ocuparía la vacante que ahora deja Guerra, mientas que Beyla Estrada asumiría como inspector general, cargo que ocupaba Óscar Sagastume.
Dichos nombramientos no logran el consenso de los magistrados, quienes para lograrlo necesitan tres votos de los cinco magistrados titulares.
- Mynor Franco Flores
- Ranulfo Rojas
- Elizabeth Palencia
- Blanca Alfaro
- Gabriel Aguilera
Estrada es vocal I de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal. Con su votó favoreció al fallecido alcalde Álvaro Arzú para no retirarle la inmunidad en el caso conocido Caja de Pandora. Votó a favor de absolver a los directivos del IGSS en el caso conocido como IGSS-Pisa y con su votó también favoreció con arresto domiciliario a la magistrada separada del cargo, Blanca Stalling.
Mientras que Orellana aún es magistrada titular de la Corte Suprema de Justicia. Ambas no fueron incluidas en las nóminas que fueron enviadas al Congreso por parte de las comisiones de postulación para ser reelectas.
El Registro de Ciudadanos es una dirección del TSE, entre sus funciones está la inscripción de las organizaciones políticas y la fiscalización de su funcionamiento -que tengan los afiliados y la representación municipal y departamental-, también sobre la suspensión, cancelación y sanción de los partidos políticos. También es quien aprueba o no la inscripción de candidatos a cargos públicos -alcaldes, diputados al Congreso y Parlamento Centroamericano, presidente y vicepresidente-.
Entre las atribuciones que tiene el inspector general están: vigilar el estricto cumplimiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y sus reglamentos, vigilar el funcionamiento de las organizaciones políticas y desarrollo de la propaganda electoral.
También supervisar el buen funcionamiento de las dependencias y oficinas del Tribunal Supremo Electoral, con conocimiento del TSE, investigar de oficio, o a instancia de parte, los hechos que constituyan transgresiones a la ley, a los reglamentos y a las disposiciones de carácter electoral.
Más destituciones
Junto a los dos profesionales, también fueron removidos de sus cargos Armando Arroyo, director de Finanzas; Elsie Gladys Pineda, jefa del departamento de Compras; Samuel Vargas, jefe del departamento Administrativo; Óscar Sagastume, Inspector General; Eddie Fernández, director del Instituto Electoral; Giovanni Rodríguez, jefe de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos y Claudia Rojas, jefa de la Unidad Especializada del Voto en el Extranjero.
Mynor Franco, presidente del TSE, dijo que además de esas destituciones se dieron varios ascensos de integrantes del comité ejecutivo del sindicato.
Guerra tuvo a su cargo la inscripción de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano, así como corporaciones municipales del presente período de gobierno.
El ahora exdirector causó críticas de varios diputados cuando pidió licencia para ausentarse de sus funciones en plenas elecciones justificando quebrantos de salud.
También por su gestión pasaron los procesos de cancelación de los partidos políticos Compromiso Renovación y Orden (Creo), Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Visión con Valores (Viva), Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) “por haber transgredido las normas de financiamiento electoral”, según informó en octubre del 2018.
A finales de febrero último se conoció que el auditor Francisco Alonzo López había sido suspendido 15 días sin goce de sueldo el mes anterior “por haber visto a los ojos” al entonces magistrado del TSE, Jorge Mario Valenzuela, algo que él tomó como una falta de respeto a su investidura.
