El estado de calamidad regirá durante 30 días a nivel nacional y durante este período las instituciones están autorizadas para realizar adquisiciones y contrataciones públicas evadiendo procesos como la cotización y licitación, siempre y cuando sean para atender los daños en infraestructura.
Expertos en procesos de adquisiciones y contrataciones públicas coinciden en que, ante emergencias como las que se viven actualmente, resulta necesario establecer medidas excepcionales que permitan atender con celeridad la crisis.
Sin embargo, a la luz de los antecedentes de otros estados de calamidad en los últimos años, caracterizados por compras sobrevaloradas que no resuelven los problemas de fondo, la desconfianza aumenta.
Estas son tres razones por las que el estado de calamidad genera suspicacia entre tanques de pensamiento y organizaciones de sociedad civil.
1. Tendencia por querer eliminar controles
Marvin Flores, de Acción Ciudadana, recuerda que la propuesta de disponer de más fondos nace de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y dicha entidad se ha caracterizado en esta administración por impulsar reformas a la Ley de Contrataciones del Estado que buscan es eliminar controles y procesos de las compras y contrataciones que realizan.
Esto lo hacen con la excusa de agilizar las compras, pero incrementan los riesgos de corrupción, dice Flores.
“Hay que recordar que la Anam se ha venido impulsando una serie de reformas a la LCE. La última que aprobó congreso la tuvo que vetar el presidente (por fallas). Hay más intentos para reformar la LCE, pero la lógica es la misma: obviar controles”, dice Flores.
Además, recuerda que estamos en año preelectoral y el riesgo de utilizar recursos con fines clientelares aumenta.
Por su parte, Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explica que el problema con las emergencias no es la cantidad de lluvias, sino el mal estado de la infraestructura vial en el país. Ante esta situación, se deben buscar mecanismos de acción más efectivos, como los estados de emergencia que usan muchos países.
El problema, dice, es que en Guatemala hay una tendencia a utilizar las declaratorias de calamidad para hacer compras y contrataciones sobrevaloradas que no resuelven el problema de la estructura vial.
“Ante ese patrón de operación y de cómo se toman las decisiones a nivel político en Guatemala, sabemos que la declaración de un estado de calamidad va a resultar en compras onerosas e intervenciones de muy mala calidad que no van a resolver problemas”, dice la analista.
Al consultar a Francisco Mejía, presidente de la Anam, respondió que las críticas provienen principalmente de diputados de lista nacional y municipios de Guatemala que desconocen el escenario en los departamentos. Sin embargo, el estado de calamidad también fue cuestionado por congresistas distritales.
Mejía dijo que los procesos estarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas y justificó la urgencia dado el colapso de la infraestructura. “La verdad lo que está pasando en el país está a la vista de todos. No es invento de nadie”, dijo Mejía.
2. Hay falencias en la redacción
Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), considera que el decreto contiene algunos errores que abren las puertas para focos de corrupción en el corto plazo. Por ejemplo, en el artículo 7 se autoriza la adquisición y contratación bienes, obras y servicios de limpieza de fondos de ríos, puertos y zonas navegables.
Esto no tiene sentido, dice Barrientos, puesto que estamos en un período de lluvia donde las condiciones climáticas no son las más aptas para ingresar una draga a los ríos. Por este motivo, abre las puertas a la corrupción al avalar estas compras, comenta el entrevistado.
“No entendemos cómo, en esta emergencia, el Ministerio de Comunicaciones o una municipalidad van a meter una draga a un río. Lo que va a pasar es que el río se va a llevar la draga. Históricamente, los dragados han sido uno de los más notables focos de corrupción porque la Contraloría General de Cuentas no puede ver si se limpió o no el cauce del río. Esto es muy preocupante y alimenta la desconfianza”, expresó Barrientos.
3. Rezagos en la vacunación de niñez y adolescencia
El porcentaje de población vacunada en Guatemala no alcanza ni siquiera el 50 por ciento. Este problema se agrava aún más en los niños de 6 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 años, que tienen los índices de vacunación más bajos.
Según el tablero del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) al 22 de junio, uno de cada dos adolescentes de entre 12 a 17 años no está vacunado (49.68% vacunados). En el caso de la niñez de seis a 11 años, son ocho de cada diez niños (22.71% vacunados) quienes aún no cuentan con ninguna dosis. Este último es el grupo etario con más rezagos.
Aún así, de los Q1 mil millones que dispone el MSPAS para más biológicos, ahora se le retirarán Q600 millones para el fondo de emergencia. El techo presupuestario ahora es de Q400 millones, del cual ya se ejecutaron Q133 millones, según el Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas.
Esto es preocupante, puesto que no hay claridad sobre la estrategia para vacunar a la niñez y adolescencia, dice Carmen Salguero, analista en temas de salud de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).
“Lo que importa ahora son las vacunas para niños y jóvenes. Se pueden extender los contagios de covid-19 en niños y esto tendrá repercusiones en su salud, porque está demostrado con estudios técnicos que, aunque su sintomatología es más leve, hay años secundarios en órganos vitales a causa de la enfermedad”, dice Salguero.
Sobre la reorientación de los Q600 millones y su impacto en la vacunación, la cartera de Salud aseguró en un comunicado emitido el 23 de junio que: “para lo que resta del año se contempla comprar la vacuna Pfizer pediátrica por medio del Mecanismo COVAX para cubrir a la población de 5 a 11 años de edad, estimándose una erogación de Q125 millones, quedando aún disponibilidad de Q752.7 millones, por lo que, la reorientación autorizada por el Congreso de la República de Guatemala por Q600 millones, no afecta la proyección de abastecimiento para cubrir la demanda de la población en el presente año y permite adquirir las dosis necesarias”.
Salud agregó que: “actualmente el país cuenta con alrededor de 500 mil dosis de vacuna, a esta cantidad se suma la entrega para la próxima semana de un lote de 349,830 dosis de vacuna Pfizer donadas por el Gobierno de España”. A eso se agregaría, dice Salud, donaciones que harán Suiza y Corea de vacuna Moderna por la cantidad estimada de 1.200,000 dosis, con lo cual se estima cubrir la demanda de la población para iniciar y completar esquemas de vacunación”.
