La iniciativa fue leída ante el pleno y luego del llamado a votación 107 diputados mostraron su beneplácito para apoyar la ley que fue aprobada por mérito.
El decreto 13-2016 reformó el Código Penal y la Ley en Materia de Antejuicio, para sancionar a los funcionarios o particulares que no acudan a las citaciones hechas por los parlamentarios.
Diputados aprobarán una sanción de 2 a 3 años a los funcionarios o personas particulares que no acudan a las citaciones del @CongresoGuate
— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) February 4, 2016
Por el incumplimiento a estas reuniones, la pena para los ministros, viceministros y empleados públicos es dos a tres años de prisión, al igual que para las personas individuales o jurídicas que deberán ser informadas cuatro días antes.
Antecedentes
En julio de 2013 el expresidente Otto Pérez Molina, quien se encuentra en prisión preventiva por un caso de corrupción en las aduanas, ordenó a sus ministros no asistir a las citaciones y que solo llegaran viceministros.
Pérez Molina justificó su decisión al decir que existían temas más importantes que tratar en el Legislativo y que no seguirán prestándose “al show” de una bancada —Libertad Democrática Renovada (Líder)— que lo único que quería hacen era perder el tiempo de los funcionarios.
Diputados crean Decreto 13-2016 que sanciona a funcionarios que no acudan a citaciones hasta con 3 años de cárcel pic.twitter.com/n5Eqz9uja4
— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) February 4, 2016
Analistas y politólogos coincidieron en ese momento que la decisión pudo haberse tomado por el abuso que se le dio a la interpelación de ministros en el Congreso por parte de la bancada Líder.
Esto debido a que el exministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzín, fue interpelado por un año y cinco meses —octubre 2012 a marzo de 2013— lo que bloqueó la agenda legislativa y entorpeció las labores del ministro.
Batzín no fue el único con una interpelación larguísima, inmediatamente después de finalizar el juicio político del exministro de Cultura y Deportes, comenzó el de la exministra de Educación, Cynthia Del Águila, que según los registros del Congreso, llegó más de 120 veces al Legislativo para ser interpelada.
