Las entidades que deben autorizar los permisos son: Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) la Comisión Portuaria Nacional (CPN) y el Viceministerio de Marina, del Ministerio de la Defensa Nacional. Las autorizaciones van concatenadas unas con otras.
Problema legal
El viceministro de Finanzas y presidente suplente en el directorio de la SAT, Lionel López Valdés, dijo que el tema de TCQ es un problema legal de un usufructo que se discute a nivel de la PGN y que seguramente irá al Gabinete. Señaló, hasta que no se concluya el proceso no habrá autorización.
Al preguntarle a Valdés si la SAT debe emitir alguna autorización para que funcione TCQ, respondió que lo único que debe hacer la SAT es la evaluación técnica sobre si la terminal cumple con los requisitos como depósito temporal aduanero y con los estándares adecuados. Ese proceso todavía no se ha cerrado y está en evaluación técnica, afirmó.
Aseveró que no se ha cerrado el proceso para habilitarlo como depósito aduanero temporal, pero tendrá mucho que ver con el proceso por el que se decidió el Gobierno.
Sin certificación
La CPN, integrada por varias instituciones, no dará la certificación para que TCQ empiece a funcionar hasta que la SAT autorice a la terminal como depósito aduanero temporal.
Stuardo Navas, director ejecutivo interino de la CPN, indicó vía telefónica que, por el momento, no se ha hecho la evaluación que requiere TCQ para empezar a funcionar.
“Hasta que la SAT no autorice a TCQ como depósito aduanero temporal, no se podrá hacer la evaluación, que consiste en verificar si la terminal de contenedores cumple con estándares de la Organización Marítima Internacional, sobre todo con el código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (PBIP)”, manifestó Navas.
La comisión establece que la certificación con base en el código PBIP demanda que las instalaciones portuarias implementen medidas de protección, así como la construcción de infraestructura de protección e instalación de equipos de seguridad, para garantizar la protección de personas, bienes y operaciones .
En el caso de las instalaciones portuarias, el código aplica para interfaz buque-puerto, ingreso y egreso a las instalaciones, acceso a zonas restringidas, manipulación de la carga, entrega de provisiones al buque y vigilancia de la protección de la instalación portuaria, según se estableció.
También El Ejército
La vocera del Ejército, Karen Silvana Pérez, indicó que el Viceministerio de Marina deberá extender una certificación a TCQ; sin embargo, debido a que ese caso se ventila en los tribunales, no se otorgará la certificación hasta que se finalice o haya una resolución de juez.
“Se evalúa el esquema de maniobra para atracar y desatracar de los buques, la resistencia de los apeos para los atraques, además de la batimetría —calado— sobre la profundidad que tendrá el muelle para determinar qué tipo de barcos pueden ingresar”, adelantó Pérez.
Polémico usufructo
El caso salió a luz cuando Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti y ahora es colaborador eficaz del caso TCQ, afirmó a la Fiscalía que “el negocio del usufructo se cerró en Cancún”, el Martes Santo del 2013, y que se iban a recibir US$30 millones como soborno.
De ahí se derivó la captura de 10 personas y se citó al expresidente Otto Pérez Molina y a Baldetti para que rindieran primera declaración por lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Tres requisitos para poder funcionar
