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“Somos un ente eminentemente técnico”, afirmó Manuel Enrique González, superintendente de Telecomunicaciones, quien también fue citado.
Añadió que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) no tiene capacidad para auditar la buena utilización de las líneas que se otorgan en usufructo.
“Estamos facultados para administrar el registro de telecomunicaciones, para dirigir controversias entre operadores surgidas por el acceso a recursos escenciales, aplicar, cuando sea pertinente las sanciones aplicadas en la presente Ley. El espíritu de la Ley de Telecomunicaciones es manejar el espectro. En cuanto a escuchas telefónicas nosotros no tenemos ese alcance y tampoco tenemos el equipo pertinente para lograr ese propósito”, dijo González.
El superintendente afirmó que esa entidad no tiene el equipo ni la Ley la faculta para la utilización de escuchas telefónicas, por lo que esto queda a discreción de los operadores.
A decir del diputado Luis Hernández Azmitia, de la bancada Podemos, el superintendente de Telecomunicaciones está obligado, por Ley, a velar por los intereses de los usuarios, por lo que incurriría en incumplimiento de deberes u omisión de denuncia por el posible espionaje telefónico.
En una nueva citación, la próxima semana, González, deberá presentar los planes que se implementarán de parte de la SIT para proteger los derechos e interés de los usurarios, pues esto está establecido en el Artículo 1 de la Ley de Telecomunicaciones, explicó Hernández Azmitia.
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El diputado también pidió el histórico de las concesiones otorgadas para determinar quienes son los operadores y lamentó que no se haya podido hacer una auditoría al uso que se le dio a las líneas telefónicas.
Además, el congresista Mauro Guzmán, de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, cuestionó que no se tenga la capacidad de controlar el uso de las líneas cuando el Estado es el propietario del espectro radioeléctrico.
Los diputados también pidieron al superintendente que para la próxima reunión lleve un anteproyecto para una nueva ley de telecomunicaciones, en donde se tenga más fuerza para la fiscalización y esté actualizada.
Niega señalamientos
El ministro de Economía, Acisclo Valladares, aseguró que está “indignado” por los señalamientos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), sobre su implicación en un posible espionaje telefónico.
“Es inconcebible que dos años después del allanamiento digan esto”, dice. El funcionario se refiere a un allanamiento que la Cicig efectuó en su vivienda hace dos años y del cual, según la información oficial, surgen las pruebas para determinar que Valladares está involucrado en una caso de espionaje.
El ministro afirmó que presentó una querella penal luego del allanamiento en su casa, hace dos años, porque sospechaba que se “implantarían pruebas”, tal y como ocurrió. Además, aseguró que se perdieron algunas pertenencias de valor económico y sentimental y que se violaron varios de sus derechos.
Aseguró que ese allanamiento, que ocurrió cuando era directivo de una empresa de telefonía se hizo por señalamientos de un testigo de la Cicig, que según él, era de una empresa competidora.
El diputado Mauro Guzmán, de la UNE, increpó al ministro y señaló que en varias ocasiones le han tomado fotografías a él y su familia, una de estas fue tomada en un restaurante que sería propiedad del ministro y lo responsabilizó por su integridad física y la de su familia.
Guzmán señaló al ministro por tener varias denuncias penales en su contra y aseguró que él es el responsable del espionaje telefónico del que se le señala, mientras que Valladares insistió en que hay una denuncia “espuria” de la Cicig en su contra debido a que él enfrentó a esa entidad.
Aseguró que no tiene una agencia de espionaje y tampoco tiene relación con la empresa señalada.
Hernández Azmitia pidió al funcionario que acuda la próxima semana a la nueva citación señalada y le solicitó llevar los documentos de la querella penal y cualquier otra denuncia que haya interpuesto en contra de la Comisión, además aseguró que se invitará al Ministerio Público para poder hablar sobre el tema.
El 29 de agosto, la Cicig entregó 11 denuncias al Ministerio Público sobre supuestos actos de corrupción en entidades del Estado, una de ellas es la que involucra a Valladares en espionaje telefónico a integrantes del partido Movimiento Semilla y otras personas particulares, quienes habrían sido seguidos y escuchados por telefóno sin orden judicial.
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