La respuesta del gobierno beliceño, según la misma fuente, “podría ocurrir en cualquier momento”, luego de que Morales el pasado jueves felicitara a ese país por el triunfo del “sí” en la consulta popular efectuada el miércoles recién pasado y aprovechara para plantear dicha propuesta a Barrow.
Según el exministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, a partir de que se oficializaron los datos de las consultas populares, los dos países tienen un mes para notificar a la CIJ para que así quede registrado oficialmente el caso, fecha a partir de la cual Guatemala tendrá un año para presentar “su memoria”, que en otras palabras consiste en su denuncia donde explica su reclamo.
De acuerdo con Morales, quien fue cónsul durante ocho años en ese país, el diferendo territorial insular y marítimo no ha permitido el desarrollo de ambos países, particularmente el área de Petén y en alguna proporción Izabal, porque no ha habido certeza jurídica. “Este problema ha generado mucha animadversión y resentimiento en los territorios colindantes”.
El doctor en Economía Fritz Thomas, opina que la solución de este conflicto, independientemente del dictamen de la CIJ, el cual debe reconocerse, es que los que residen en la zona de adyacencia tengan certeza jurídica del territorio y de que los habitantes de ambos países ingresen a Guatemala o Belice sin mayores problemas.
Una docena de abogados
El primer paso del gobierno guatemalteco, en los próximos días, será firmar los contratos con un equipo de abogados especializados en distintas ramas del derecho internacional para que acompañen en el proceso el reclamo territorial, los cuales deben estar acreditados ante la CIJ, porque no lo puede hacer cualquier profesional.
De acuerdo con las fuentes de la Cancillería, el gobierno de Guatemala ya tiene un equipo de entre 10 y 12 abogados de los acreditados ante la Haya, que solo están pendientes de firmar los contratos respectivos y, que, según el artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado estarían exentas, pero que hay que hacer con cuidado el proceso, para evitar problemas legales.
Este equipo, según la fuente, está integrado por abogados en niveles de directores, asesores y de apoyo, quienes residen en el extranjero. Mientras que en Guatemala se cuenta con un equipo de 20 especialistas, el cual será reforzado en los próximos días en la Unidad de Soberanía de Dominio, para lo cual ya se cuenta con el apoyo de la ministra Sandra Jovel.
El equipo de apoyo de esta Unidad está formado por especialistas en Ciencias Jurídicas, Historia y Archivo, quienes serán los encargados de respaldar con la documentación respectiva y en cualquier momento al equipo internacional que estará litigando ante el Tribunal de La Haya.
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Para documentar el caso se contará con el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Archivo de la Secretaria de Relaciones Exteriores del Archivo General de Centroamérica el cual contiene 127 metros lineales de material con información.
Además, según la misma fuente del Minex, se solicitará que se apruebe un acuerdo gubernativo por medio del cual se cree una Comisión Interinstitucional para que todos los ministerios aporten su apoyo a la Unidad de Soberanía de Dominio.
En la actualidad un equipo de hidrógrafos de la Dirección de Límites y Aguas del Ministerio de la Defensa, así como cartógrafos del Instituto Geográfico Nacional están trabajando en la definición del inventario de islas que existen -históricamente se ha dicho que son 127- para plantear el reclamo.
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En la cantidad de años para resolver este conflicto, se prevé que puede incidir que Honduras y México presenten algún reclamo porque tienen intereses en la región del Caribe de Belice.
Población debe reconocer resultados
El pasado miércoles se llevó cabo la consulta popular en Belice y por el “sí” votaron 53 mil 388, mientras 43 mil 029 personas votaron en contra de que se acuda a la CIJ para resolver el litigio. A las urnas asistieron el 65.05 por ciento de los 148 mil beliceños habilitados para votar.
Guatemala por su parte efectuó el mismo acto el 15 de abril del año pasado al cual de los 7,5 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral solo el 26,33 por ciento, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), acudió a las urnas, dando como resultado un 95,87 por ciento a favor del “si”.
De acuerdo con el ex integrante de la Comisión de Belice y también excanciller, Gabriel Orellana con los resultados de las consultas populares, la población de ambos países no solo aprobó que el diferendo lo solucione la CIJ, sino que también la sentencia que emita deberá ser aceptada.
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