Empresas constructoras de Armando Escribá han sido contratistas del Estado desde el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza y luego, durante el tiempo del Partido Patriota.
En un comunicado difundido por la Cicig, luego de la solicitud de antejuicio se expone: “La acción legal se presentó por existir indicios suficientes de que el legislador se encuentra estrechamente vinculado con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A. y que éstas obtuvieron contrataciones con el Estado cuando el actual diputado era funcionario público en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entidad que adjudicó dichos proyectos”.
En abril fueron allanadas las oficinas de una empresa constructora que compartía el diputado Escribá con Jaime Aparicio -con orden de captura por el caso Construcción y Corrupción y actualmente prófugo-, en la zona 9, sin embargo, fue hasta este miércoles que se presentó la solicitud de antejuicio para ampliar la investigación. Extraoficialmente ha trascendido que Escribá pudo obtener beneficios económicos en la red de empresas constructoras que pagaban coimas con el CIV a cambio de proyectos de construcción.
Relación empresarial
- Jessica Roxana Romero Guzmán, es madre de los hijos de Escribá Morales. Desde el 2009 es gerente administrativa de Sevica, S.A.
- Luis Alberto Beltetón Carías fundó la sociedad Montañas Nacionales S.A. y a partir del 12 de octubre de 2009 fungió como presidente del consejo de administración. Beltetón Carías es conviviente de Brenda Izela Escribá Morales, hermana del actual diputado.
- Existe relación documental y comunicacional entre Montañas Nacionales, S.A. y Sevica, S.A., lo cual fue documentado al reportar el hallazgo inevitable a través de los informes correspondientes.
- Montañas Nacionales S.A. y Sevica S.A. durante los períodos de gestión del funcionario Armando Escribá, se otorgaron contratos a las entidades con él relacionadas, en particular dos contratos a Sevica S.A. y otros dos a Montañas Nacionales S.A., mismos que suman Q194 millones 391 mil 593.02. los contratos fueron consentidos, autorizados o aprobados -según el caso- por el actual diputado.
- Se presumen violaciones a la Ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos toda vez que, Armando Escribá tenía prohibido aprovechar el cargo para conseguir o procurar beneficios personales o en favor de familiares o terceros. Así como tomar, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros.
Construcción y Corrupción
Las pesquisas de la Fiscalía, en lo que denominaron fase 2 del caso Construcción y Corrupción, dan continuidad a la investigación que presentaron el 14 de julio del 2017, donde se estableció la existencia de una estructura corrupta en el ministerio de Comunicaciones durante el gobierno del Partido Patriota y coordinada por el entonces ministro Alejandro Sinibaldi, actualmente prófugo.
Parte de los sobornos dados por los constructores habría llegado a cuentas en entidades fuera de plaza a favor de Alejandro Sinibaldi, incluso, según declaraciones de testigos, el exministro de Comunicaciones habría amasado en efectivo unos Q100 millones.
Diputado a pesar de prohibición
Armando Escribá Morales fue electo en las elecciones generales del 2015 por el distrito de Jutiapa. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral en su resolución 489-2015 da validez a los cargos de elección y establece que no debe tomar posesión de la curul Escribá Morales.
“Se requirió información a los órganos jurisdiccionales competentes y se estableció que existe antejuicio en contra del ciudadano Oscar Armando Escriba Morales (…) en consecuencia, este Tribunal considera que no debe adjudicarse el cargo”, establece el considerando sexto de la resolución del Tribunal Supremo Electoral.
En diciembre de 2015, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad resolvió entregar la curul a Escribá y revocar la exclusión hecha por el TSE, lo que permitió que el diputado por Jutiapa tomara posesión de su curul en enero de 2016.
Anteriormente Escribá había accionado ante la Corte Suprema de Justicia, quien le denegó el amparo que posteriormente corrigió el máximo Tribunal.
La hermana del diputado, Brenda Escribá Morales y su sobrina, Kateline Beltetón Morales fueron sindicadas en una estructura de personas que supuestamente lavaba dinero a través de la compra de vehículos de lujo.
