Eso según datos preliminares del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos (STUSC), que todavía no ha terminado de hacer un censo en cada una de las unidades profesionales que tiene a su cargo la casa de estudios.
Los denunciantes aseguran que estas “malas decisiones” le van a costar millones de quetzales a la universidad, ya que la deuda promedio por reinstalaciones y pago de salarios caídos es de aproximadamente Q90 millones.
Pero además del problema financiero que podría pesar sobre los hombros de la única universidad pública del país, a criterio de Pedro Pérez, secretario general del STUSC, existen impedimentos legales para hacer despidos.
“La universidad está emplazada desde octubre de 2021 y el juez a cargo ordenó prevenciones a ambas. Ni sindicato ni patrón podemos atacarnos entre sí, pero la información de los trabajadores es que han sido despedidos de manera informal o les han modificado los contratos ya firmados”, señaló.
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Aunque existen resoluciones judiciales de por medio, el sindicato continúa recibiendo reportes de despidos no formales por llamadas o mensajes en redes sociales. Además, que a muchos se les ha cambiado un contrato sobre la marcha, reduciendo la relación laboral de seis a solo tres meses, según Pérez.
Lo anterior podría ser catalogado como un acoso laboral ante los ojos del sindicato, por ello preparan una denuncia que será presentada ante el juzgado octavo de lo laboral que ordenó las medidas sobre la casa de estudios.
“Nosotros ya recopilamos un buen número de despidos, la universidad no puede despedir en este momento y nosotros nos hemos visto en la necesidad de presentar un incidente de represalia, es una denuncia en la relación laboral entre la institución y el sindicato porque existe un conflicto colectivo”, comentó.
Abiertos al diálogo
La denuncia que estará presentando el sindicato de la Usac es una acción legal más que se va a sumar a las otras medidas jurídicas, según explicó un integrante del Frente para el Rescate de la Universidad de San Carlos, quien por motivos de seguridad prefirió no ser citado.
Esta fuente señala que son cerca de 20 las acciones legales que mantienen pendientes de resolución, las cuales comenzaron a ingresar a las distintas cortes nacionales desde el 14 de mayo, cuando se dio la elección de rector.
Pero aunque existen acciones que no han sido conocidas por los jueces, el tiempo que llevan sin ser resueltas les anuncia prácticamente que las mismas van a ser rechazadas.
“Hay un abuso de poder y toda la situación legal para nosotros está agotada. Hay un componente de desencanto que pasen tantas semanas presentando recursos y solo encontramos silencio, es un silencio muy parecido al que tenemos de las autoridades universitarias”, destacó.
Aunque no exista un panorama positivo por la vía legal, estudiantes y docentes tampoco contemplan medidas agresivas, sino lo que quieren es abrir una mesa de diálogo con el Consejo Superior Universitario (CSU).
“No hay esperanzas de resolver el tema por la vía legal, ahora con las medidas de hecho va a depender de las acciones que ellos tomen. Nosotros hemos sido claros que estamos en desacuerdo a la impunidad pero estamos abiertos a hablar con autoridades legítimas, pero depende de ellos. Es sencillo resolver el problema si y solo si nos ponemos a hablar”, indicó.
La fuente asegura que hasta el momento no han tenido ningún acercamiento con autoridades del CSU, pero destacan estar abiertos a las conversaciones.
Se trató de obtener una postura de Walter Mazariegos, rector de la Usac, pero no fue posible que atendiera la comunicación o que respondiera una serie de preguntas enviadas a su teléfono celular.
