El estado de calamidad colocó a disposición del Fondo Emergente Q540 millones que estaban asignados al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ) como parte de los recursos de la Ley de Mantenimiento de Infraestructura Estratégica.
Con este dinero el gobierno busca mitigar los daños ocasionados en puentes, carreteras y demás la infraestructura pública tras el paso de la época lluviosa y para ello se habilitaron partidas presupuestarias en seis ministerios. El que más presupuesto concentra es el Civ, con 434 millones 500 mil. Le sigue el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), con Q4 millones 722 mil 258 y el Ministerio de la Defensa (Mindef), con Q2 millones 909 mil 790.
Ninguna de las carteras ha ejecutado un centavo de los recursos, según consta en el Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas (Minfin). En el caso los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Agricultura, Ganadería y Alimentación, ni siquiera se les ha desembolsado presupuesto.
El Civ recién el viernes lanzó en el portal Guatecompras 119 concursos en el portal de Guatecompras, pero ninguno de estos ha sido adjudicado.
Consultado al respecto, el ministro de Finanzas Edwin Martínez Dijo que actualmente se está trabajando en dos acuerdos gubernativos que son necesarios para desembolsar los recursos.
“Hay que hacer dos acuerdos gubernativos. Los recursos que se quitaron de la Ley de Infraestructura Estratégica se mandaron al Fondo Emergente. De allí, se tienen que mandar a Comunicaciones. El Civ tiene la mayor cantidad de recursos. Son Q434 millones de funcionamiento y Q170 de inversión”, explicó.
Previo a esto, dijo Martínez, el Civ tuvo que identificar los daños y cuantificarlos. Esto fue un trabajo coordinado y “ya se tienen los datos”, aseguró.
También se intentó consultar al Civ para conocer su postura, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Deficiencias técnicas
Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), comentó que el decreto 40-2022 por medio el cual el Congreso ratificó el estado de calamidad está plagado de diversas anomalías y la falta de ejecución demuestra una incapacidad administrativa en las entidades de gobierno.
“Eso lo que evidencia es una manifiesta y confirmada incapacidad para ejecutar los fondos de emergencia. El origen de los recursos es, principalmente, la ampliación presupuestaria del Civ, que ha sido incapaz de ejecutarlos. Hay documentos y textos legislativos de pésima calidad plagados de errores y corrupción imperante. Son estas las dificultades que hay para ejecutar estos proyectos, pese a que han sido exonerados de los controles de la Ley de Contrataciones del Estado”, considera Barrientos.
Cuando se ratificó el estado de calamidad, el Icefi también cuestión la decisión de facultar al Mindef para poner a disposición los saldos no ejecutados de su presupuesto vigente 2022 que se le habían asignado para atender el estado de calamidad declarado por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso de la República con el decreto número 35-2022.
“Esta disposición confirma las críticas en cuanto a que las entidades del Ejecutivo, en este caso el Mindef, carecen de la capacidad para ejecutar los presupuestos asignados en los estados de excepción, o que estas asignaciones presupuestarias en realidad no son pertinentes ni necesarias”, manifestaron.
Pedro Prado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), opina que es contradictoria la aprobación de un estado de calamidad, si de igual manera los recursos no se ejecutarán con celeridad.
“Yo creo que deben identificarse los cuellos de botella en los procesos y eliminarlos para mejorar la gestión y lograr el objetivo principal que es atender a la población afectada por el paso de la tormenta Julia. La mayoría de las veces son atrasos administrativos”, dice Prado.
Dado la fecha, el entrevistado prevé que gran parte de los recursos asignados, principalmente al Civ, no se ejecuten al término del ejercicio fiscal. O en todo caso, el porcentaje de ejecución será bajo y no contribuirá a los fines que se plantea el decreto. Lo que no se ejecute, dice, deberá regresar al fondo común y habría que reasignarlos.
“Se deben solventar estos obstáculos de procedimientos para acelerar las gestiones. Eso es un tema importante y creo que si se mejorara eso la ciudadanía podría ver de forma más pronta buenos resultados. Lamentablemente Guatemala es vulnerable a los efectos del cambio climático y estos son eventos que seguramente van a seguir ocurriendo”, expuso.
Según estimaciones económicas del Maga, fueron Q957 millones las pérdidas en las 147 mil 234.67 hectáreas de cobertura agrícola en los 268 municipios tras el paso de la depresión tropical Julia, aunque la cuantificación monetaria real de las pérdidas aún es difícil de calcular.
