La lectura que extraoficialmente se hace del hecho es que el Ejecutivo podría “devolverlos” al gobierno estadounidense, por lo que los estacionó frente a un hangar que utiliza la embajada de ese país.
Hacia finales del gobierno de Alonso Portillo —2000-2004—, Guatemala estaba descertificada por el gobierno estadounidense en materia de la lucha contra las drogas, y las posibilidades de cooperación en el ámbito de seguridad eran cada vez menores.
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A inicios de la gestión de Óscar Berger —2004-2008— se pusieron en marcha nuevos planes de cooperación. La incautación de narcóticos en el territorio nacional, el apoyo a la marina guatemalteca a través del Comando Sur estadounidense comenzaron a abrir de nuevo los espacios con el gobierno de EE. UU.
El informe del 2006 de la Estrategia Internacional de Control de los Narcóticos, del Departamento de Estado, señalaba: “Los esfuerzos futuros se centrarán en las investigaciones, la interdicción, la corrupción, el blanqueo de capitales, el desarrollo del grupo de trabajo y la reestructuración de la SAIA —entonces Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica—, para que pueda ser un socio eficaz de la aplicación de drogas”.
Carlos Menocal, exministro de Gobernación
“—Devolver los jeeps— es una acción política caprichosa, inadecuada y con poco tino político”.
Acuerdos con Mingob
Dado que la cooperación militar estadounidense con el Ejército de Guatemala, en materia de equipo militar, fue interrumpida en 1977, por violaciones a los derechos humanos, los acuerdos de cooperación de seguridad tenían como contraparte al Ministerio de Gobernación (Mingob), el cual forma parte de las fuerzas de tarea interinstitucionales establecidas.
“Comienza a fluir más la cooperación direccionada durante el gobierno de Berger, y durante el de —Álvaro— Colom —2008-2012—, con la captura de importantes narcos guatemaltecos con fines de extradición, se amplía la ayuda y se firman acuerdos”, explicó Carlos Menocal, exministro de Gobernación en la administración de Colom.
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Estos aportes incluyeron la entrega de helicópteros, hasta alcanzar un número de seis durante el gobierno de Otto Pérez Molina, siempre bajo la administración del Mingob, aunque piloteados en un principio por militares.
Origen de aportes
Durante la gestión de Claudia Paz y Paz en el Ministerio Público se firmó un convenio de cooperación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y Gobernación, entonces con Menocal al frente. Según el exministro, era para la instalación de un dispositivo conjunto de seguridad y justicia en Quetzaltenango, para la erradicación de amapola. En ese momento se detecta la necesidad de un tipo de vehículos especiales para la intervención en estas zonas.
Los agentes de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) y del Grupo de Acción Rápida (GAR) se veían muy expuestos al conducirse en las palanganas de picops cuando se internaban en zonas controladas por el crimen organizado.
Esa necesidad fue también detectada por el ministro durante el gobierno de Pérez Molina, Mauricio López Bonilla —actualmente en prisión, por casos de corrupción—, añadió Menocal.
La Fuerza de Tarea Tecún Umán, con operaciones en San Marcos, empezó a funcionar en el 2013, con 42 vehículos blindados, donados por el Comando Sur de EE. UU.
De igual forma, la Fuerza de Tarea Chortí, creada en 2014 y desplegada en Izabal, Chiquimula, Zacapa y El Progreso, recibió 75 vehículos y equipo donado por Estados Unidos en el 2016, ya durante el gobierno de Jimmy Morales.
Más adelante hubo otro aporte, en diciembre de 2017, de 41 jeep J8, 32 Polaris Ranger, 12 camiones de 9.5 toneladas, 12 remolques y ocho camiones de 12 toneladas, además de dos buses y un microbús.
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En aquella oportunidad, el vocero del Ejército, Óscar Pérez, indicó a la revista militar digital Diálogo: “Tenemos lugares como las zonas fronterizas, en donde se necesita apoyo de este tipo porque son vehículos que tienen la suficiente capacidad para dar batalla cuando se necesite”.
Se buscó la versión de los voceros de los ministerios de Defensa y Gobernación, sobre qué sucederá luego de que los J8 siguen estacionados frente a un hangar de la Embajada de EE. UU., pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.
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