Honduras lleva más de una década inmerso en una convulsa realidad política en la que se cuenta un golpe de Estado, una reelección presidencial —que estaba prohibida por la Constitución— y señalamientos de narcoestado.
Ese país, que comparte un límite territorial de 256 kilómetros con Guatemala, no es ajeno a los problemas que también tienen sus otros hermanos centroamericanos con los que tiene frontera.
Lo ocurrido en marzo pasado ya lo veían venir los hondureños desde hace dos años: el presunto involucramiento del presidente Juan Orlando Hernández en narcotráfico. En noviembre de 2018 su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, había sido detenido en un aeropuerto de Miami, EE. UU., sindicado de traficar 185 mil kilos de cocaína hacia ese país.
Fue hallado culpable y el 30 de marzo pasado fue condenado a cadena perpetua.
El mandatario hondureño siempre negó las acusaciones hacia su hermano, pero en el juicio que se sigue en EE. UU. en contra del exlíder de Los Cachiros, Geovanny Fuentes Ramirez, también él resultó salpicado, cuando un testigo protegido lo acusó de haber recibido dinero cuando era diputado y candidato presidencial por el Partido Nacional.
Literalmente Hernández habría dicho: “le vamos a meter droga a los gringos en sus propias narices y no se van a dar cuenta”, asimismo, que la justicia hondureña no los perseguiría porque el fiscal general iba a protegerlos. La fiscalía de Nueva York inició una investigación al mandatario hondureño, tras los señalamientos.
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Pero esta sindicación, que en otro país habría supuesto un terremoto político, en Honduras causó poco más que un revuelo que con el tiempo ha comenzado a desvanecerse, mientras la sociedad ya está enfocada en las nuevas elecciones.
Los señalamientos no han sido solo contra la familia Hernández. De hecho, Devis Leonel Rivera, otro exlíder del mismo cartel hondureño testificó que el narcotráfico entregó sobornos al actual mandatario hondureño y al resto de gobernantes, por lo menos desde 2006, a cambio de protección y de contratos gubernamentales para lavar dinero de la droga, aunque todos los niegan.
Este año EE. UU. sancionó al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), a su esposa y a tres hijos, porque aseguró que cuando Lobo estuvo en el poder también aceptó dinero del narcotráfico a cambio de favores políticos. Además, uno de los hijos de esta familia purga prisión en aquel país también por tráfico de estupefacientes.
Lobo y su esposa forman parte de los 21 funcionarios y exfuncionarios hondureños incluidos en la lista Engel de señalados por casos de corrupción. Este nada honroso listado lo completan —por ahora— 14 salvadoreños y 21 guatemaltecos.
Similitudes
Aunque cada país tiene sus propios matices, entre Guatemala y Honduras se distinguen similitudes. Por ejemplo, el Gobierno de EE. UU. hizo recientemente fuertes señalamientos contra la fiscal general Consuelo Porras por favorecer prácticas corruptas. La jefa del Ministerio Público engrosó la lista Engel de guatemaltecos a 21, curiosamente el mismo número de hondureños.
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La migración es otro sello de ambos países. Desde Centroamérica, sus ciudadanos son los que más huyen hacia el norte. En cuatro años, de los 1.627 millones de migrantes que llegaron a EE. UU. procedentes del Triángulo Norte, el 86 por ciento era de estos dos países, 44% de Guatemala y 42% de Honduras.
A esto se le añaden los indicadores sociales de los cuales comparten grandes similitudes, en cuanto a la economía informal, delincuencia y falta de acceso a la educación y salud. El Informe de Desarrollo Humano 2020 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sitúa a Guatemala en el puesto 127 y a Honduras en el 132.
Además, según datos del Banco Mundial, la pobreza aumentó de 56% a 59.3% del 2000 a 2014 en Guatemala, mientras que en Honduras al 2018 se situaba en 49.3%. En relación a la pobreza extrema, definida como las personas que viven con US$1.90 al día o menos, Guatemala tiene al 8.8% de su población en esa condición y Honduras al 16.9%.
Países repiten patrones
El analista hondureño en derecho internacional, Graco Pérez, señaló que los señalamientos en contra del presidente Hernández y otros dirigentes de la clase política del país “no ha tenido el impacto que cualquiera pudo suponer que tendría”.
Población, autoridades y los partidos políticos ya se han acostumbrado a los señalamientos de narcoestado y Narco gobierno, pero no toman mayores acciones.
Parte de la apatía de la población se debe a la cooptación de todas las instituciones hondureñas que los hace sentir miedo de salir a manifestar; además, hay un esfuerzo por debilitar a organizaciones de la sociedad civil.
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Recién la semana pasada el Congreso aprobó reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley contra el Lavado de Activos que dificultarán las investigaciones por actos de corrupción a la vez que da vía libre para que organizaciones civiles sean investigadas.
Pérez considera que lo que ocurre en Honduras tendrá implicaciones en Guatemala y El Salvador, en la medida que los gobernantes hagan “lo que quieran” sin que haya ninguna consecuencia.
Como ejemplo, recordó que, lo que pasó en El Salvador con la destitución de los magistrados constitucionales ya había pasado en Honduras en diciembre del 2012 con la salida forzosa de cuatro magistrados, cuyos reemplazos avalaron dos años y medio más tarde la reelección presidencial por primera vez.
En El Salvador, el mes pasado, los magistrados que tomaron posesión el 1 de mayo de 2021 también habilitaron la reelección presidencial inmediata.
Ese fue el camino que tomó el régimen de Daniel Ortega para perpetuarse en el poder y es a lo que se encaminan las otras tres naciones centroamericanas, a consideración de Pérez.
“El esquema que usan es prácticamente el mismo en la mayoría de los países. O apoyan lo que dice el Ejecutivo o los quitamos del camino usando al Legislativo, toman el control de todas las instituciones y pues… ese es el problema”, apuntó el analista hondureño.
A juicio de Pérez los países centroamericanos “no hemos aprendido a vivir en democracia”. Antes era el comunismo, los golpes militares y el ataque a movimientos subversivos, pero ahora se debilita a la democracia desde el estado mismo que toma el control de las instituciones con corrupción y narcotráfico.
“Somos tan parecidos los países en política, nos asesora la misma gente que no tiene buenas intenciones y que busca el poder con el afán del poder mismo, y la visión de desarrollo y mejorar el país se ha perdido en esa lucha de poder”, dijo.
Narcotráfico
En Guatemala, hay quienes temen que el país pueda “contagiarse” de lo que está pasando en Honduras y que poco a poco el crimen organizado termine por cooptar la institucionalidad para beneficiar sus actividades ilícitas.
“Guatemala no ha llegado a los niveles de cooptación de Honduras. Por ejemplo, una reelección presidencial es impensable acá y debería pasar por una lucha política muy profunda que significaría sacrificar la Constitución”, opina el analista político Christians Castillo.
Añadió que la cooptación del crimen organizado en Honduras redundará en un fortalecimiento del crimen organizado y de sus estructuras vinculadas al trasiego de droga.
Con esto “se condena en gran medida a que estas sociedades sigan teniendo esta fuerte influencia del narco en procesos eleccionarios y compra de partidos políticos”, señaló Castillo.
Para el analista, llama la atención que, “en el caso de Guatemala, EE. UU. dio batalla” y se involucró para evitar que Manuel Baldizón ganara las elecciones presidenciales del 2015, pero no sucedió lo mismo en Honduras donde no se pronunció pese a la paulatina cooptación de las instituciones ni cuando Hernández se reeligió, aunque ya había sospechas de que pudiera estar relacionado con el narco.
El internacionalista Alexander Sandoval considera que de haber consecuencias por lo ocurrido en Honduras podría ser en las políticas que EE. UU. tiene hacia los países, aunque recuerda que desde los atentados a las Torres Gemelas las que tienen que ver con la seguridad de ese país no han cambiado.
Sandoval cree que catalogar a Honduras como un narcoestado es prematuro, puesto que hasta ahora lo que hay son señalamientos hacia el presidente y su familia; sin embargo, afirma que de comprobarse estos nexos entre el narcotráfico y el Gobierno las democracias de los países serían aún más debilitadas.
El analista opina que la coyuntura debería ser aprovechada por los gobiernos para replantear estrategias de fortalecimiento en la lucha contra el narcotráfico vía cooperación ya que “si este fenómeno existe es porque hay un mercado potencial” que está fuera de Centroamérica.
Pláticas
El problema para EE. UU. es que se está quedando sin interlocutores en la región cuando estos países, principalmente Guatemala, son cruciales para detener la migración.
“Él —Juan Orlando Hernández— en este momento es el presidente elegido de Honduras, vamos a trabajar con su Gobierno, vamos a buscar áreas de interés común”, dijo Juan González, asesor del presidente Joe Biden para asuntos de Latinoamérica, semanas después de que se conocieran las sindicaciones al mandatario.
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Ya un grupo de abogados de un bufete de Washington contratado por el Gobierno de Honduras para tratar de influir en el proceso contra Tony Hernández había advertido a los fiscales que llevaban el caso de “consecuencias colaterales” por los señalamientos, en lo relacionado a las bases militares de Estados Unidos en el país y en “asuntos migratorios”.
Analistas hondureños consideran que EE. UU. y la comunidad internacional deben reaccionar con más firmeza. “No se va a poder salir adelante sin el apoyo externo porque la institucionalidad en Honduras está cooptada”, concluye el analista hondureño Graco Pérez.
Nota del editor: Se actualiza titular de nota el 15 de febrero de 2022 en el contexto de la detención del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández
