Algunos de estos, como el bono de Q1 mil para comerciantes de la economía informal, o el Bono Familia, que consistía en tres entregas mensuales de Q1 mil, llegan a su desenlace plagados de dudas. Sobre este último, está pendiente la tercera entrega, que según el Ministerio de Desarrollo Social podría empezar antes de que finalice octubre.
En bono de la economía informal, por ejemplo, uno de los hallazgos de la organización Diálogos, en su tercer reporte denominado ¿A quién no llega la ayuda?, fue que a 65 personas se les hicieron dos entregas de Q1 mil, pese a que el programa fue diseñado para que fuera una transferencia única. De ellas, 51 eran de la ciudad capital y 14 de Concepción Las Minas, Chiquimula.
En el reporte también se detectó que 361 beneficiarios de Oratorio, Santa Rosa, tenían errores en el registro de su Código Único de Identificación (CUI).
En cuanto al Bono Familia, una de las condiciones para que las personas pudieran calificar como beneficiario era que no recibiera otros aportes de programas destinados a la emergencia del covid-19.
Sin embargo, según reportes de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de 58 mil 466 beneficiarios del bono de la economía informal, 13 mil 919 también recibieron el Bono Familia.
Además, también recibieron la transferencia única de Q1 mil destinada para comerciantes informales un total de 158 personas fallecidas, 608 personas que laboraban en entidades públicas y 377 contratistas del Estado, según cruces de información que hizo la bancada con bases de datos de otras instituciones.
En cuanto al programa de apoyo alimentario, recibieron la bolsa de alimentos 13 personas fallecidas, 17 personas que laboraban en entidades públicas y 3 contratistas del Estado, según la UNE.
Soluciones
Sofía Montenegro, investigadora asociada de Diálogos, considera que una de las lecciones de estas fallas es la urgencia de contar con un padrón único de beneficiarios. Es decir, un sistema que registre a la población en condición de vulnerabilidad que puede acceder a programas de apoyo cuando estos se implementen.
Actualmente, dada la falta de esa información, se corre el riesgo de que los programas se utilicen con fines clientelares. En el bono de la economía informal, por ejemplo, eran los alcaldes los que decidían quiénes accedían al bono y esto aumentó el riesgo.
“Los alcaldes tienen intereses políticos. Hay que recordar que elecciones acaban de realizarse y hay una deuda política, entonces es lógico que se utilice el programa como un instrumento para minimizar esa deuda”, cuestiona Montenegro.
Erick Coyoy, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, afirma que el Mides tiene el mandato legal de llevar a cabo el registro único de beneficiarios, pero no lo ha hecho.
“Los políticos siguen siendo los que definen quiénes reciben los beneficios y quiénes no. Falta voluntad política”, cuestionó el entrevistado.
Coyoy agrega que el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda provee datos valiosos que podrían aprovecharse en la implementación de los programas, pero se dejan a un lado por las autoridades.
Por su parte, Irene Flores, analista del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales, considera que las fallas en la selección de beneficiarios de los programas sociales no pueden atribuirse a un ministerio en específico, sino a las deficientes bases de datos de las distintas entidades públicas.
“Todos estos registros tienen muchas deficiencias en cuanto a cómo se almacenan. El Mides no puede resolver todos estos problemas respecto a la calidad de la información. En los últimos meses tuvo que ejecutar el Bono Familia con las bases de datos que le proporcionaron entidades como el IGSS, SAT y el Renap”, menciona Flores.
No obstante, el momento es propicio para empezar a armar un padrón de beneficiarios. Las bases de datos del bono familia, por ejemplo, podrían ser un punto de partida para localizar a personas en situación de vulnerabilidad, considera la entrevistada.
Politización y negligencia
Carlos Barreda, jefe de bancada de la UNE, considera que, en el caso del bono de la economía informal, porque se politizó la elaboración de listados de beneficiarios. “Las listas se trabajaron con el partido oficial, con sus diputados y sus alcaldes”, cuestionó.
Mientras que en el bono familia, aunque está bien diseñado, hubo irresponsabilidad de parte del Mides al no cruzar la información de las personas que accederían a las tres transferencias con las bases de datos de del Renap, Ministerio de Finanzas, IGSS, entre otros.
Por su parte, Walter Gómez, vocero del Ministerio de Desarrollo, justificó que hasta hoy nadie les ha trasladado los Códigos Únicos de Identificación de las personas que habrían aplicado a dos programas sociales diferentes para poder verificarlo.
Respecto a fallecidos que fueron incluidos como beneficiarios, dijo que hay que considerar que las personas pudieron fallecer en el transcurso de la pandemia, por lo que hay que verificar la fecha de las actas de defunción.
Asimismo, agregó que la plataforma mediante la cual se llevó a cabo la inscripción de candidatos al Bono Familia podrá servir en el futuro como un padrón base para los programas sociales que se implementen.
“El mides pasó de tener un padrón de 300 mil beneficiarios a un padrón de casi 3 millones a través de esta plataforma, donde se tienen datos por segmentos. La plataforma nos permite conocer cuántas personas están en pobreza, cuántas en pobreza extrema, cuántas tienen un adulto con una enfermedad crónica”, explicó Gómez.
El ministro de desarrollo Raúl Romero está citado nuevamente para el 21 de octubre con la bancada de la UNE, donde nuevamente se discutirá el desarrollo de los programas sociales.
