Al honorable Michael Pompeo
Estimado secretario Pompeo: Nosotros escribimos para expresar nuestra grave preocupación sobre los recientes esfuerzos del presidente Jimmy Morales para socavar y enterrar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Los Estados Unidos, como un líder global en la promoción de la transparencia, el estado de Derecho y las instituciones democráticas, debe contrarrestar los esfuerzos del presidente Morales para desarmar años de progreso en trabajo anticorrupción en Guatemala.
La campaña del presidente Morales contra la Cicig ha escalado en los meses recientes. A comienzos de este año, el Gobierno de Guatemala recortó en el personal de seguridad de la Cicig a la mitad, removiendo 25 policías que protegían a la Cicig, sus abogados e investigadores, quienes son vulnerables ante posibles ataques de los oponentes a la Comisión. El pasado 31 de agosto, el presidente Morales anunció que él no renovaría el mandato de la Cicig, el cual expira en septiembre de 2019. Ese mismo día, vehículos militares donados por los Estados Unidos fueron observados frente a la Cicig y a la embajada de Estados Unidos, ostensiblemente como un mensaje político de intimidación y contraviniendo las intenciones de por qué Estados Unidos donó esos vehículos.
El 4 de septiembre, el presidente Morales declaró al comisionado de Cicig, Iván Velásquez, una amenaza a la “seguridad pública” denegando su reingreso a Guatemala. Desde nuestro punto de vista, el comisionado Velásquez ha llevado a cabo su responsabilidad de una manera admirable y, como es apropiado, en consulta permanente con el fiscal General de Guatemala. Estos eventos afectan la independencia y efectividad de Cicig, lo que ha sido un efectivo ejemplo de esfuerzo anticorrupción, lucha contra la trata de personas y esfuerzos de transparencia en la región. Mientras que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revirtió la prohibición de ingreso al territorio nacional del comisionado Velásquez, posteriores declaraciones por altas autoridades de Guatemala han causado incertidumbre. Ahora el secretario General de Naciones Unidas ha reafirmado al señor Velásquez como comisionado, nosotros creemos que los Estados Unidos deben jugar un fuerte rol en el apoyo a Cicig.
Nosotros comprendemos que el 6 de septiembre, usted habló por teléfono con el presidente Morales, afirmado la importancia del combate a la corrupción e impunidad en Guatemala y expresando compromiso y cooperación en una Cicig reformada para el próximo año. Mientras que nosotros apreciamos su compromiso y reconocemos las necesidades de reformas institucionales para acrecentar la capacidad y transparencia de Cicig, la aparente falta de discusión sobre la expiración del mandato de Cicig y la expulsión del señor Velásquez plantea serios temores acerca de las intenciones de la Administración. Cicig ha mantenido un amplio apoyo bipartidario y bicameral desde su establecimiento en 2007 y los Estados Unidos han apoyado a Cicig como un elemento clave del esfuerzo de trabajo entre Estados Unidos y Guatemala. El pueblo de Guatemala reconoce como una de las más confiables instituciones en Guatemala, como indica una reciente encuesta que señala que el 69% de los guatemaltecos tienen una visión ampliamente favorable sobre Cicig. En el largo plazo la estabilidad de las instituciones y democracia de Guatemala están intrínsecamente conectadas con la autonomía de CICIG y su éxito.
Este Congreso comprende la necesidad de reforzar el apoyo para los esfuerzos anticorrupción en Guatemala. La sección 1287 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2019 requiere al secretario de Estado, en coordinación con el secretario de Defensa, proveer al Congreso una lista de funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador que quizá estén sujetos a las sanciones de Estados Unidos bajo la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos (Ley Pública 114-328). Además, sección 7045 (a) (3) (B) (vii) de la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2018, que condiciona el 50% de la asistencia al Gobierno de Guatemala hasta que el Departamento de Estado pueda certificar que el gobierno de Guatemala está cooperando con la Cicig.
Nosotros creemos que las recientes acciones del presidente Morales no cumplen con los requerimientos y condiciones del Congreso para la asistencia al gobierno de Guatemala, incluyendo la asistencia en seguridad. El incidente vinculado al convoy de Estados Unidos y donado a Guatemala es una preocupación particular para nosotros, y requerimos que usted investigue el incidente por una eventual posible violación a las leyes de Asistencia y de Policía de los Estados Unidos. Finalmente, nosotros enfatizamos que la Global Magnitsky Act equipa al Departamento de Estado con las herramientas necesarias para apoyar los esfuerzos de CICIG, y ser aplicada en caso de que el gobierno guatemalteco incurra en responsabilidad por actos importantes de corrupción.
La decisión del presidente Morales de no renovar el mandato de Cicig y no permitir el ingreso del señor Velásquez es un serio peligro para los esfuerzos de anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas en Guatemala. Es muy importante que los Estados Unidos demuestren liderazgo y compromiso efectivo para que el gobierno de Guatemala revea esas decisiones. Nosotros esperamos seguir trabajando con usted en los esfuerzos anticorrupción, estado de derecho y rendición de cuentas de los Estados Unidos en Guatemala.
Atentamente:
Senadores Benjamin Cardin, Patrick Leahy, Richard J. Durbin, Bernard Sanders, Tim Kaine, Tammy Duckworth, Jack Reed, Edward J. Markey, Kirsten Gillibrand, Cory A. Booker y Chris Van Hollen.
Congresistas James P. McGovern, Norma J. Torres, Ruben Gallego, Mark Pocan, Raúl M. Grijalva, Ro Khanna, David N. Cicilline, Joaquin Castro, Pramila Jayapal, Jan Schakowsky, Henry C. Johnson Jr., Nita M. Lowey.
Carta de mucho peso
Para Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, la carta enviada por los senadores a Mike Pompeo es una acción de mucho peso y que tendrá repercusiones.
“Imagínese una carta de tantos representantes a un ministro, en este caso al secretario de Estado, no es un chiste y ningún ministro va a hacer oídos sordos o a ignorar una misiva con ese peso. Los que firman son gente con mucho peso, y creo que, al final, el secretario de Estado sabe escuchar la opinión de ellos y va a tener que moderar sus acciones respecto del apoyo que le está dando a Jimmy Morales”, expresó Marroquín.
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“La respuesta que Pompeo tendría que dar debería ser a corto plazo, porque estos senadores son los que, por ejemplo, definen presupuestos y otras cosas para EE. UU., por lo que ningún secretario de Estado puede darse el lujo de seguir operando o de seguir en una línea de acción que va contraria al congreso de EE. UU”, agregó.
Marroquín también expresó que, en el fondo, la carta es un mensaje directo de los congresistas al gobierno de Donald Trump de que ellos no aceptan la disolución de la Cicig y van en contra de esa decisión.
De poca influencia
José Andrés Ardón, analista político, dijo que la carta tendrá “un impacto limitado”.
“Creo que el Departamento de Estado ya ha tenido contacto sobre estos temas con el gobierno de Jimmy Morales y la cancillería de Guatemala”, expresó.
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“Pienso que ellos ya han llegado a negociar y discutir acerca del futuro del Triángulo Norte, acerca de qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, y tengo entendido que las reuniones han salido bien porque ambos países han cooperado”, dijo.
“Al final, creo que la carta talvez sí la van a tomar en consideración, pero no creo que vaya a influenciar mucho en la forma que el Departamento de Estado ha estado discutiendo con el gobierno de Guatemala”, enfatizó Ardón.
Interés por el país
Para la exvicecanciller Anamaría Diéguez, la misiva enviada a Pompeo muestra el interés que algunos senadores tienen sobre lo que está pasando en el país.
“Muestra que políticos estadounidenses consideran que el combate a la corrupción y a la impunidad es importante”, explicó Diéguez.
“Estados Unidos siempre seguirá de cerca las acciones gubernamentales para que continúe en la lucha contra corrupción e impunidad”, puntualizó.
Otras misivas
A principios de septiembre, senadores de la Comisión de Asuntos Exteriores ya habían enviado una misiva al secretario de Estado en la que mostraban su preocupación por el uso de vehículos militares, donados por ese país, para “intimidar a la población”.
La carta se sumaba a otra enviada por la congresista de origen guatemalteco Norma Torres en la que le pedía a Pompeo que se pronunciara enérgicamente por las decisiones políticas tomadas por Jimmy Morales.
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