“Esto va a ser resuelto. Existe un acuerdo bipartidista en el Congreso de que la Cicig debe continuar su trabajo, bajo la dirección del Sr. (Iván) Velásquez. Y eso es lo que quiere la mayoría del pueblo guatemalteco”, dice Leahy en un comunicado.
Para analistas en política, el Gobierno de Jimmy Morales abrió las puertas a una crisis diplomática internacional después de pedir el retiro del país de los embajadores de Suecia y Venezuela por una supuesta injerencia en los asuntos internos del país, una decisión que hace tambalear la lucha anticorrupción.
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Políticos, empresarios, indígenas, sociedad civil y analistas se posicionaron este viernes en contra de esta medida, que desató una oleada de comentarios, en su mayoría críticos con el Gobierno por su disposición de pedir la salida del sueco Anders Kompass y la venezolana Elena Alicia Salcedo.
El analista político, economista, escritor y excanciller Edgar Gutiérrez explicó que esta orden es parte de “una crisis que deliberadamente el Gobierno está azuzando y promoviendo” para generar “una ganancia”: la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
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“El Gobierno ha hecho un acto hostil contra países que no están afectando sino ayudando”, explicó, y esto puede provocar que otros donantes de la CICIG, como España, Alemania o la Unión Europea, se cuestionen si ese apoyo afectará a “su relación internacional con Guatemala”.
“Nunca vi una actitud similar. Ni en los peores momentos de aislamiento internacional en tiempos de Fernando Romeo Lucas García (general que gobernó entre 1978-1982)”, lamentó Guitérrez, un hombre que ha vivido de cerca el conflicto armado interno que por 36 años desangró el país (1960-1996).
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