Sectores hacen llamado al diálogo nacional por la gobernabilidad

Desde hace más de un año,  el presidente de la República, Bernardo Arévalo, y la fiscal general, Consuelo Porras, mantienen constantes enfrentamientos. Sectores sociales y empresariales consideran que el conflicto empeora, además de que hay un  desgaste de las instituciones e ingobernabilidad, por lo que instan a un concretar un diálogo nacional que involucre a distintos organismos para resolver las diferencias.

Cuando el mandatario asumió el poder en enero de este año, las declaraciones en contra de la jefa del Ministerio Público (MP) continuaron; incluso, junto a todo el Gabinete, se presentó en el Congreso la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía para separarla de su cargo.

Por su parte, Porras ha mantenido también las posturas de respuesta a las declaraciones de Arévalo y las acciones relacionadas con investigaciones que involucran a personas cercanas al partido oficial. Este fin de semana, por ejemplo, fue allanada una propiedad vinculada a Félix Alvarado, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Los choques continúan después de 10 meses de gobierno. En los primeros días del año, Arévalo citó a Porras a una reunión de Gabinete; ella acudió al recinto de la junta, pero se ausentó antes del inicio, con la excusa  de que es lo establecido en el marco legal. En esta segunda ocasión, el Ejecutivo dio a conocer que “próximamente compartirán la fecha en que se llevará a cabo la invitación”.

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Diferentes sectores sociales indicaron que los enfrentamientos están resultando en que las prioridades y las necesidades de la población no sean atendidas y que se mantenga un panorama de crisis institucional que impide el avance del aparato estatal.

Llaman al diálogo

Otros grupos se pronunciaron al respecto, para instar a las autoridades a reunirse y dejar de lado los intereses políticos por el bien de la gobernanza y la ciudadanía. Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) hizo el llamamiento a que la Presidencia, Junta Directiva del Congreso, MP, Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia  se reúnan a dialogar para zanjar los desacuerdos.

"Estamos en una crisis institucional; entonces, yo apelaría a que cada uno, desde lo que le toca y sin subordinarse, sino por las responsabilidades que tienen con la sociedad guatemalteca, pudieran tratar de tener un mejor entendimiento", refirió Zelaya.

Reconoció que es una iniciativa de difícil cumplimiento, pero que vale la pena explorarla por la responsabilidad a la que se enfrentan al ser funcionarios y por la inconformidad creciente de la población.

De igual manera, la presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carmen Torrebiarte, concuerda en que las instituciones deben  hacer un esfuerzo para favorecer el desarrollo.

"Cualquier esfuerzo que provenga de estas instituciones es muy relevante y oportuno para garantizar la gobernabilidad del país y disminuir la polarización. Consideramos crucial que este tipo de esfuerzos cuenten con objetivos y metodologías claramente definidos desde el inicio, asegurando así la transparencia y el cumplimiento de las metas propuestas”, comentó Torrebiarte.

Pedro Cruz, del grupo Primero Guatemala, mantuvo la postura de que tanto la Presidencia como el MP deben dejar de lado los intereses particulares y buscar el bienestar del país.

"Es importante que, en estos momentos de crisis política,  se pueda encontrar un punto intermedio entre ambas instituciones, porque no deben ser vistas como personas, sino como instituciones que están lideradas por personas, para que puedan encontrar una solución inmediata", enfatizó Cruz.

Cruz y Zelaya señalaron que se ha producido desgaste institucional y, al estar algunos funcionarios con casos judicializados, las prioridades no son las de atender las necesidades de la población.

Complicado

Desde una perspectiva legal, el diálogo entre el Ejecutivo y el MP se complica debido a que ya  se han encontrado directamente en varias ocasiones, lo cual dificulta que puedan lograr un acuerdo. Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explicó que, desde la mirada judicial, hay un caso abierto que involucra al presidente y al partido político por el cual fue elegido, además de otras acciones, y debe  resolverse el conflicto por la vía legal.

"El MP es una institución técnica en materia de persecución penal, y con una conversación no se va a reducir la incidencia de su investigación o los procesos que vienen instaurados. En un diálogo no se va a poder decir en qué término hacerlos. Lo que sí tenemos que tomar muy en cuenta es que ambos actores no estén utilizando plataformas públicas para ventilar un caso penal", puntualizó.

Reunión privada

Zelaya también hizo ver que la reunión que Arévalo declaró que solicitará puede ser beneficiosa, siempre y cuando sea privada y se aborde la problemática desde las implicaciones personales y las institucionales.

"Ojalá la acepten -la reunión- que sea privada para que pueda haber realmente un entendimiento personal inicial para pasar a tratar ya los otros los temas. Y el tema también de socializarlo de una manera más sistemática porque no es conveniente vivir en esta confrontación", concluyó.