Durante en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, aseguró que esos vehículos son una donación y que ahora son propiedad de Guatemala, por lo que se puede hacer el uso que se considere. El funcionario es uno de los miembros del Gobierno más cercanos al presidente Jimmy Morales y miembro del Consejo Nacional de Seguridad, la cual recomendó la expulsión de la Cicig.
“Si tanto es el problema sobre cómo utilizamos algo que ustedes -Estados Unidos- nos donaron, se los vamos a dejar ahí enfrente, no se preocupen, de alguna forma conseguimos nosotros los recursos para seguir dando los buenos logros que estamos dando”, indicó.
Duarte agregó que se le informó a la Embajada de EE. UU. en Guatemala que los vehículos pueden ser devueltos a su requerimiento. “Se los vamos a devolver, se los hubiéramos ido a devolver si lo piden de regreso, por supuesto, pero el trabajo lo seguimos haciendo”, reiteró.
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El funcionario explicó que estos vehículos son utilizados por el Ejército para la lucha antinarcótica y también para seguridad en las fronteras. Además, agregó, la Policía Nacional Civil utiliza estos Jeep para patrullajes regulares en la capital.
“Nadie se ha tomado el tiempo de ver cómo esos J8 estuvieron utilizados a lo largo de los meses pasados también en la capital”, afirmó el secretario, quien agregó: “efectivamente hubo periodistas parqueados mucho tiempo enfrente de Cicig, para ver qué iba a pasar o qué no iba a pasar enfrente de Cicig, y los estaban, de alguna forma, cuidando”.
Sobre el tema, el secretario agregó que se sigue “dando y dando vueltas porque al final, mediatizar ese tema de los Jeep J8 les conviene a ciertos sectores con cierta posición”. Aseguró que se refería “a los que más les interesa poner en un mal lente al gobierno de Guatemala”.
La Embajada de EE. UU., sin embargo, afirmó en una respuesta proporcionada a Prensa Libre en octubre del año pasado que hay un convenio de donación de los vehículos que establece que estos solo pueden utilizarse en fronteras y lucha contra el narcotráfico.
La comunicación oficial señalaba que “se espera que los -Jeep- J8 se usen de una manera que priorice la seguridad fronteriza y las áreas de alta criminalidad”, de parte del gobierno estadounidense.
La declaración de Duarte causó reacciones en EE. UU., donde Eliot Engel, miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de EE. UU., pidió al secretario de Estado, Mike Pompeo, que tome le tome la palabra y Guatemala devuelva esos vehículos.
Chairman @RepEliotEngel: #Guatemala Intel Chief says that if we have a problem with misuse of US donated jeeps to intimidate US embassy, he will return them. Time for @SecPompeo and Pres Trump to take him up on his offer. #ReturnTheJeeps https://t.co/8zJC2WeRtK
— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) January 31, 2019
La congresistas de origen guatemalteco, Norma Torres, también reaccionó al respecto e indicó: “si el gobierno de Guatemala está ofreciendo devolver el equipo que se utilizó incorrectamente el 31 de agosto de 2018, los Estados Unidos debería aceptar esa oferta. El gobierno de Guatemala ya no es un socio confiable en la lucha contra el narcotráfico”.
If @GuatemalaGob is offering to return the equipment that was misused on August 31, 2018, the United States should accept that offer. The government of Guatemala is no longer a reliable partner on counter-narcotics. #ReturnTheJeeps https://t.co/wV0Xr3c5kX
— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) January 31, 2019
Postura desafiante
Las declaraciones del secretario podrían provocar el retiro de la asistencia a Guatemala de parte del gobierno estadounidense, señala el exministro de Relaciones Exteriores, Edgar Gutiérrez.
El exfuncionario dice que la postura de Duarte son desafiantes. “Él está muy seguro de sus contactos con la administración de -Donald- Trump, pero se está enfrentando a los demócratas, que ya están haciendo la diferencia con el control de la Cámara Baja”, afirmó.
Gutiérrez recuerda que Guatemala no está certificada con el Plan de la Alianza para la Prosperidad “y los demócratas han hecho muchas preguntas sobre el uso de esos vehículos. Lo más probable es que el Congreso fuerce a la administración a retirar la asistencia a Guatemala”, dijo.
A esa medida, consideró el exministro, se agregarían las sanciones impuestas a funcionarios señalados de corrupción y empresarios.
“Duarte les ha servido a demócratas y republicanos moderados en bandeja de plata la suspensión de la asistencia y mayores sanciones. Duarte y el gobierno de Morales juegan al chantaje, creen que amenazando con lanzarse a los brazos de China pueden lograrlo todo, pero no están leyendo bien los cambios del clima en Washington”, analizó Gutiérrez.
Cifras que no coinciden
Durante la entrevista, el funcionario también fue cuestionado sobre los datos publicados en una investigación de Prensa Libre sobre las cifras de incautación de droga que fueron reportadas por EE. UU. y que difieren de los números oficiales.
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Entre el 21 y 23 de enero pasados, Prensa Libre publicó un reportaje en el que divulga que el trasiego de cocaína se incrementó en un 400% entre 2009 y 2017. Cifras de la Oficina para el Control Internacional de Narcóticos de los EE.UU. (INL, por sus siglas en inglés) indican que el trasiego de cocaína por Guatemala se estimaba en 300 toneladas al año en 2009. Mientras tanto, el Reporte Internacional de Estrategia para el Control de Narcóticos, del Departamento de Estado de los EE.UU., publicado en marzo de 2018, indica que la estimación del trasiego anual por Guatemala aumentó a 1 mil 400 toneladas en 2017.
Sin embargo, el secretario de Inteligencia, Mario Duarte, declaró este 31 de enero en el mismo programa: “El flujo de cocaína que se dio en Guatemala está alrededor de las 400 toneladas métricas, no las 1 mil 400 que Prensa Libre afirmó”. Luego agregó: “Ellos lo contaron como alarmas y alertas de trazas que vienen”. El dato que Prensa Libre publicó no fue producto de ningún conteo, sino se cita el dato de las 1 mil 400 toneladas que consta en la página 170 del citado informe.
Duarte continuó diciendo: “Lo más justo es apegarse de verdad a la letra y a los datos”. El funcionario señaló que se debe “ver los logros, lo que sí se está haciendo, capturas, decomisos, avances en carreteras y educación, invisibilizados por tanto tema”.
El reportaje señala, en efecto, el contraste entre los decomisos en las administraciones anteriores y la actual. Sin embargo, también indica que las incautaciones no superan el 2% del estimado de la cocaína que se trasiega por el país. En 2017, las incautaciones son el 0.97% de cuanto EE.UU. estima que se traficó. Con la estimación de Duarte, de 400 toneladas (no 1 mil 400 como señala EE.UU.), el porcentaje de incautación en 2017 sube a 3.3 de lo traficado.
Descargue aquí el reporte del Departamento de Estado.
Causa estructural
Sobre las cifras reportadas, David Martínez-Amador, investigador y profesor universitario que integra la red internacional de investigadores sociales Imsumisos, aseguró que las cifras sobre incautaciones de droga no cuadran, pero que esto ha sido un problema “desde siempre”.
El investigador reveló que, en 2015, los informes del Departamento de Estado norteamericano indicaron que se incautaron en Guatemala 7.25 toneladas de droga en nueve meses, mientras la Policía Nacional Civil (PNC) reportó 6.17 toneladas en todo el año.
Además, en el 2016, las agencias estadounidenses reportaron 18.5 toneladas incautadas en todo el año, pero la PNC registró 12.8 en el mismo periodo y, para el 2017, EE. UU. reportó, en 10 meses, 16 toneladas incautadas y la PNC registró 13.6 toneladas en todo el año.
“Hay una constante en la cual pareciera que las cifras se inflan o hay un faltante de droga porque se pierde. Ambas cuestiones son graves y no veo razón para suponer que uno de los dos problemas se mantiene como condición estructural en este momento”, señaló Martínez- Amador.
Según el experto, el contraste entre las cifras que se presenten de parte de EE. UU. es lo que determinará si los números son correctos y recordó que “al final no se trata sólo de incautar, sino de destruir toda la droga y esto es un problema no resuelto, no solo en Guatemala sino prácticamente en la región”.
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