Lau dijo que se leyó el oficio y sin dar más detalles aseguró que luego de analizarlo quedaría pendiente de convocar al pleno para conocer esos resultados y enfatizó que aún no hay fecha para la convocatoria de dicha sesión.
Minutos después Estuardo Galdámez se presentó al Congreso y entregó la copia del oficio que el entregó a los miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la cual también es miembro:
De acuerdo al convenio de creación de la Cicig, solamente el Organismo Ejecutivo tiene la facultad de decidir la continuidad de la Comisión, por lo que el Congreso solo podría emitir una opinión no vinculante. Las intenciones del diputado oficialista se dan horas antes que la canciller Sandra Jovel se reúna con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres.
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Las peticiones de Galdámez
El oficio presentado por Galdámez, y hecho público luego de la reunión de la Comisión Permanente, se resume en tres peticiones puntuales:
- Que se analice inmediatamente las actuaciones de la Cicig “en relación a los últimos acontecimientos y determinar, que si sus actuaciones son contrarias a la institucionalidad, al Estado de Derecho y buena gobernanza del país”. Además, se pide al Congreso que se solicite al Organismo Ejecutivo que expulse a la Cicig y deje sin efecto sus actuaciones para lo cual fue convenida.
- El diputado Galdámez también pide al Congreso que se manifieste públicamente por la “extralimitación de las funciones que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala, a la Corte de Constitucionalidad”. Justifica el legislador que todo lo relacionado a la política exterior corresponde al jefe del Ejecutivo, Jimmy Morales.
- Por último, se sugiere solicitar a la Cancillería que intervenga ante las Naciones Unidas para que se encuentre una alternativa a la problemática que existe entre el acuerdo de creación de la Cicig.
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A través de twitter, durante el fin de semana, el diputado Estuardo Galdámez señaló que la Comisión “únicamente trajo a Guatemala muerte, división, tortura —e— irrespeto a la Constitución Política de la República”.
Argumentos
“Nadie de nosotros, los ciudadanos, podemos actuar en base a lo que nosotros queremos de forma particular; para eso tenemos la Constitución que es nuestro gran pacto y es la que rige las relaciones tanto del Gobierno y los ciudadanos”, indicó Galdámez cuando fue abordado.
Confirmó que presentó el oficio y que busca que se convoque a una sesión plenaria extraordinaria del Congreso para que “los diputados analicen de forma y de fondo las actuaciones que se realizaron el fin de semana”.
“El caso es claro, el problema surgió por un extranjero que pretendía ingresar a Guatemala sin visa. En ningún lugar del mundo un extranjero que se presente sin visa a un país extranjero lo van a dejar entrar”, aseveró el congresista.
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Galdámez aseguró que “la CC se extralimitó en sus funciones al reunirse de manera extraordinaria el domingo y dar una resolución en la cual se le permite a ese extranjero, sin visa, ingresar al territorio nacional”.
“Le recuerdo a la CC que sus facultades y funciones están establecidas y limitadas en la misma Constitución. Son la defensa de la Constitución y no es facultad de la Corte emitir fallos a favor de una ley ordinaria”, declaró el congresista.
Agregó que la política exterior es competencia exclusiva del presidente del país. “El artículo 183 inciso O de la Constitución que esa función es del presidente y no dice en ningún momento CC”, puntualizó.
“Mi carta es clara para que el Congreso entre a sesionar de manera extraordinaria y haga un análisis retrospectivo sobre las actuaciones de las instituciones del Estado que participaron en lo sucedido en el aeropuerto y que se deduzcan las responsabilidades por abuso de autoridad y por violentar la constitución”, puntualizó Galdámez.
Arremete contra la CC
A Galdámez se le consultó sobre la iniciativa de ley que busca disolver a la CC y que sus funciones pasen a una cámara dentro de la Corte Suprema de Justicia.
“Es por las actuaciones que la CC empezó el sábado y domingo es por la que estamos pensando presentarla al Pleno para que sea aprobado por 105 votos y que posteriormente el pueblo mediante una consulta popular diga si o no a la CC”, agregó Galdámez.
El congresista volvió a arremeter contra los magistrados y aseguró que “la resolución —del domingo— es ilícita porque no les compete y violaron la Constitución e incurrieron en traición a la patria”.
Sin embargo, el congresista no supo precisar cuándo se presentaría dicha iniciativa de ley ante el pleno para que comience su camino legislativo para convertirse en ley.
Opiniones divididas
Varios jefes de bancada han mostrado puntos de vista encontradas ante la propuesta del diputado oficialista Estuardo Galdámez.
Fernando Linares-Beltranena, subjefe del Partido de Avanzada Nacional (PAN), señalo que es una función del Ejecutivo denunciar los tratados, aunque hay un procedimiento legal para hacerse, cuando se trata de un estado de seguridad nacional se pueden tomar decisiones provisionales importantes.
Calificó a la Cicig como “un arma de fuego del Ejército”, y, como ejemplo, dijo que: “Una granada o una bazuca son tremendamente útiles, pero cuando se ponen en manos de particulares y se abusa de ellos hay que prohibirlo”.
El congresista también coincidió en que la CC se ha extralimitado en sus funciones, y según él, “ha estado rompiendo el orden constitucional, es decir tomando decisiones que no le competen”.
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Linares-Beltranena aseguró que “no todo lo que dice la Corte hay que aceptarlo”, y como ejemplo, dijo que si la CC dice que alguien se tiene que tirar de un puente esta persona seguramente no lo haría.
Mientras tanto Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señaló que hay que analizar las dos situaciones.
“Por un lado nos parece que Naciones Unidas debe generar una línea de comunicación certera con el Gobierno para dirimir las diferencias. El presidente no puede promover el incumplimiento de resoluciones judiciales, porque genera ingobernabilidad”, aseguró el congresista.
Para Blanco “lo lamentable es que lleva al país a un nivel de confrontación política ideológica que está teniendo consecuencias económicas, en lo social y gestión gubernamental” y abogó para que el Gobierno y Naciones Unidas adopten posiciones más maduras y resolver el conflicto de forma diplomática como lo ha reiterado la CC.
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Nineth Montenegro, jefe de Encuentro por Guatemala, estimó que no es facultad del Congreso desconocer a la Cicig.
“Entiendo que el 18 de septiembre termina el mandato de Cicig, y el presidente dijo que no lo iba a renovar. Denunciarlo con antelación no es posible porque tiene que ser de conformidad con ambas partes y anunciarlo con 12 meses de antelación a quien corresponde”, indicó Montenegro.
Mientras que Carlos Chavarría, subjefe de Creo, aseveró que lo propuesto por Galdámez es una acción imprudente.
“Más pareciera que no le corresponde al Congreso, si el Ejecutivo ya no renovó el convenio que se espere la fecha”, puntualizó,
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