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Hernández Franco señaló que considera prudente “que el pueblo de Guatemala decida si tiene que existir la CC”.
Estancada
En corrillos parlamentarios se sabe que la propuesta de Galdamez de disolver la CC no cuenta ni con 70 firmas, por lo que si se presentara ante la Dirección Legislativa para su tramite no alcanzaría los 105 votos mínimos para convertirse en ley, lo que sería un esfuerzo inútil.
Fuentes cercanas al Congreso sostienen que pese a que en un principio hubo buena aceptación por parte de algunos diputados para el proyecto de ley, conforme pasó el tiempo fue más difícil conseguir el apoyo político.
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Sin viabilidad
El abogado constitucionalista Alejandro Balsells calificó de absurda la intención de los diputados de querer eliminar de la Constitución a la Corte de Constitucionalidad y agregó que eso es el trabajo de un gobierno autoritario y mediocre.
“Primero sería una burla hacer un proceso de reforma constitucional a espaldas de todos los sectores, intentar hacer una reforma constitucional en secreto es un asco, y solo ese procedimiento sería atentar contra el principio republicano, contra el proceso democrático del ejercicio del poder. Ahora si saliera una propuesta de esa forma habría que estudiarla porque podría ser que la misma propuesta fuese inconstitucional”, señaló.
La Corte de Constitucionalidad se integra por cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes, y son designados por el Presidente de la República en consejo de ministros, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios y el Consejo Superior Universitario. Durarán en sus funciones cinco años y la presidencia se la rotarán de parte del de mayor edad.
La función de la Corte de Constitucionalidad es conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad, conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, las acciones de amparo interpuestas contra el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República.
Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Si la apelación fuere contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con dos vocales, escogiéndose los otros dos magistrados por sorteo de entre los suplentes, conocer en apelación de todas las impugnaciones contra las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos contemplados por esta ley.
Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los Organismos del Estado, conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de competencia o de jurisdicción en materia de constitucionalidad. Entre otras.
Agregó: “Esto no es más que un regreso de un gobierno autoritario y mediocre como el que tenemos, con el objeto de intentar cooptar todo el poder”.
El abogado constitucionalista Stuardo Ralón indicó que en este momento no ve viable suprimir la Corte de Constitucionalidad, por como está redactada la Constitución una reforma constitucional requiere que sea la ciudadanía, el pueblo soberano, el que se manifieste. En este caso si existe tal propuesta y si tuviera los votos en el Congreso la última palabra la tendría la ciudadanía en una consulta popular.
“Hay una crisis en la justicia en general que incluye a la CC, pero el hecho de que haya equivocaciones y crisis y algunos graves errores en algunos fallos no es a mi parecer un camino adecuado en proponer si se suprime o no la Corte de Constitucionalidad. Cualquier reforma constitucional debería salir de un amplio debate sobre todo cuando están cerca las elecciones generales”, refirió Ralón.
Iniciativa
El pasado 13 de noviembre el diputado independiente José Conrado García Hidalgo, señaló que firmó una iniciativa y que se estaban recolectando firmas para poder realizar una consulta popular donde se preguntaría sobre la continuidad de la CC.
García Hidalgo señaló que si los magistrados de la CC quieren legislar deberían proponerse y ser electos como diputados al Congreso. Agregó que la Corte “se ha venido degenerando en un cuarto poder que absorbe a todos”.
“Le quitó una Junta Directiva a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Congreso le bajó la Junta Directiva, entonces no, el pueblo tiene que elegir si quiere que exista una Corte con esas atribuciones y que nadie le diga nada, o que se haga una consulta popular y que pase como era antes una sala que vea lo constitucional dentro de la CSJ”, explicó el parlamentario.
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En ese momento el congresista dijo que se contaba con el apoyo de unos 50 diputados.
Estuardo Galdámez, aseguró que retirarán la iniciativa de ley que buscaba enviar a la cárcel a quienes criticaran a los políticos.
“Retiramos la iniciativa de ley, vamos por una nueva iniciativa de ley para todos aquellos que incurran en difamación e injuria”, dijo el diputado.
Señaló que la decisión se tomó porque el contenido del proyecto era muy sensible. “Yo no quiere castigo para quien critique, la crítica es buena, pero tiene que haber castigo para aquel que deshonre a las personas sin fundamento”, afirmó.
Sin embargo en la Dirección Legislativa del Congreso se informó que hasta el momento no ha ingresado ningún documento que pida que se desista de dicha iniciativa de ley.
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Sin pronunciarse
El pasado 19 de noviembre, luego de participar en una reunión con diputados en relación al presupuesto, la presidenta de la CC, Dina Ochoa, evitó emitir una opinión sobre la intención confesa de los parlamentarios.
Reconoció que han escuchado sobre la intención que hay entre algunos diputados, pero señaló que los magistrados tomaron la decisión de no hacer ningún comentario al respecto.
Ochoa señaló que este no es un asunto en el que los magistrados deban opinar y se negó a dar más detalles al respecto.
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