La demanda fue presentada ante una jueza de femicidio en febrero pasado quien archivó del caso por considerar que las acciones se encuadran en la Ley de Emisión del Pensamiento, pero Torres presentó una apelación en la Sala Segunda de Apelaciones que resolvió a su favor y ordenó medidas de seguridad a la candidata.
Dicha sala la integran los magistrados Rafael Morales Solares, presidente; Franc Armando Martínez Ruiz, vocal I; y Fredy López Contreras, vocal II.
Los magistrados consideraron que la juzgadora resolvió de manera “prematura” y que es “improcedente” que la jueza se declare incompetente para conocer la denuncia de Torres puesto que los hechos no deben juzgarse conforme a la Ley de Emisión del Pensamiento.
Además, señala que como lo establece la Ley de Femicidio, con solo la denuncia la jueza debió haber ordenado las medidas de seguridad.
Por tal motivo la Sala revocó lo resuelto por la jueza de femicidio y le ordenó “emitir la resolución que en derecho corresponda de conformidad con lo aquí considerado —la resolución de la Sala—”.
Sandra Torres tiene el poder de la CSJ
El presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, aseguró que la denuncia interpuesta por Sandra Torres, en contra de ese medio y la resolución a su favor de una sala de apelaciones, demuestra que la candidata de la UNE “controla” la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que le han preparado una “infraestructura legal” para que gane las elecciones.
La denuncia, según ese medio, abarca a los editores de las secciones Nacionales, Deportes, Cultura, Fotografía, Investigación y Diseño; además, también involucra a la gerente de Ventas, lo cual fue calificado por Zamora de “aberración”.
“Nosotros no tenemos relaciones de poder. Ella tiene más poder que nosotros, ella controla la Corte Suprema de Justicia, tiene influencias en la CC (Corte de Constitucionalidad) maneja el TSE y el Renap. Tiene un poder enorme, debería ser uno el que se quejara de ella, no entiendo cómo los juzgados le dan cabida a esas denuncias”, expuso Zamora.
Recordó que en el 2014, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti intentó hacer lo mismo y lo denunció por femicidio con lo cual se prohibió a Zamora salir del país.
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“Ahora, Torres usa la misma estrategia, lo mismo hizo con la FECI. Lo que pretende es callarnos. Lo triste es que esas leyes fueron implementadas para mujeres que sufren abusos en sus relaciones de pareja”, añadió el presidente de elPeriódico.
Para Zamora, quien anunció que legalmente se defenderán porque la Ley de Femicidio no tiene competencia en ese caso, la resolución judicial es “abiertamente inconstitucional” ya que cualquier ciudadano puede decir y pensar lo que quiera sin censura previa, y sospecha que la medida es parte de una “infraestructura legal, una supercarretera electoral” que se construyó alrededor de Torres para que gane las elecciones.
“Sandra está siguiendo el mismo camino que Roxana Baldetti, si se sienta ese precedente vamos a dejar de tener prensa independiente, porque digamos, a mí me prohíben acercarnos a las fuentes. Es una cosa aberrante, si así son las vísperas…”, indicó Zamora.
Concluyó que seguirán tratando a Sandra Torres como al resto de candidatos en las publicaciones y que si eso implica que los acusen por desobediencia o ir a la cárcel “lo vamos a hacer”.
Consultado vía telefónica, Óscar Argueta, secretario general de la UNE, consideró que por ser un tema personal de Torres ningún miembro del partido se pronunciará. Añadió que debería ser el abogado quien dé explicaciones, aunque dijo desconocer de quién se trata.
El artículo 35 de la Constitución en el párrafo segundo estipula: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas, ataques o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus funciones, o con ocasión de ellas, aun y cuando hubieren cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.
Enérgica condena
Al respecto, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y su Comisión de Libertad de Prensa rechazaron las acciones legales “maliciosas” interpuestas por Torres que evidencian “su intolerancia a las críticas”.
Las acciones de Torres, agregó la APG en un comunicado, “no solo muestran su evidente animadversión hacia los medios críticos y su determinación a emplear de forma maliciosa las leyes para intentar censurar los comentarios en su contra, sino también la ignorancia de ciertos jueces ante la normativa nacional e internacional referente a la libertad de expresión”.
La APG recordó que las posibles faltas relacionadas a la libertad de expresión deben ser conocidas por Tribunales de Honor o de Imprenta, como lo indica la Ley de Emisión del Pensamiento.
La asociación afirmó que la medida podría tener un efecto “amedrentador” en otros miembros de la prensa y podría instaurar un clima de autocensura; además, que los altos costos de los procesos y las multas afectarían severamente la situación económica de los medios.
Primero fue a la FECI
El pasado 5 de abril, la candidata presidencial de la UNE presentó una denuncia, también por femicidio, en contra de Juan Francisco Sandoval y Andrei Valdimir González, jefe y auxiliar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público.
El Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer dictó la medida para evitar que Torres o su círculo familiar fueran “perturbados o intimidados”.
Por aparte, en el 2014 la ex vicepresidenta Roxana Baldetti inició un proceso por violencia contra la mujer contra Zamora, por lo cual se le ordenó arraigo.
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