Entre estos últimos destaca el diputado Allan Rodríguez, representante de Sololá en el Congreso de la República, quien fue sancionado bajo la Ley Magnitsky el 9 de diciembre pasado. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., Rodríguez “utilizó su autoridad como presidente del Congreso para otorgar subvenciones para la construcción, a cambio de sobornos financieros”.
“Rodríguez ha utilizado su influencia política para llegar a acuerdos a cambio de sobornos y facilitó sobornos a otros, incluso, por ejemplo, supuestamente ofreciendo sobornos a cambio de votos en un proyecto de ley sobre el estado de emergencia durante una sesión plenaria del Congreso”, explicó el Departamento del Tesoro.
Rodríguez buscará su reelección como diputado en la casilla 1 por el distrito de Sololá y ya fue inscrito por el Registro de Ciudadanos.
Felipe Alejos, actual diputado por Todos, fue inscrito como candidato a diputado en la Lista Nacional en la casilla uno por el partido Todos. En julio 2021, fue incluido en la Lista Engel, ya que había “acusaciones creíbles o preocupaciones serias de que está trabajando de una forma que no es consecuente con sus requisitos como servidores públicos; eso también mina la confianza de los ciudadanos. Para Estados Unidos, como socio, es importante tener socios confiables”, declararon funcionarios estadounidenses en su oportunidad.
Asimismo, la diputada Sofía Jeaneth Hernández, actual diputada de la agrupación política Unión del Cambio Nacional (UCN), fue inscrita en la casilla número tres por el partido Vamos para el distrito de Huehuetenango. Hernández también está incluida en la Lista Engel por el Departamento de Estado de EE. UU. porque “socavó el proceso o las instituciones democráticas al abusar de sus poderes oficiales para intimidar a sus opositores políticos. También solicitó sobornos y amenazó con convertir en arma los propósitos legítimos del congreso de Guatemala de tomar represalias contra sus enemigos para beneficio personal.”
Los proclamados
En cuanto a los que aún no figuran inscritos por el RC, pero que fueron proclamados como candidatos, está Manuel Baldizón, quien buscará una diputación por el listado nacional en la casilla uno del partido Cambio. Fue incluido en la Lista Engel en julio de 2022 y recién fue deportado al país el 5 de octubre de 2022, luego de purgar una condena en EE. UU. por lavar dinero del narcotráfico en un caso en el que se declaró culpable.
Otro que fue sancionado con la Ley Magnitsky es Jorge Estuardo Vargas, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), también proclamado en asamblea como candidato a diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacén) con la misma agrupación política, aunque la oficina de prensa de la UNE aseguró que no ha sido inscrito.
Sobre él, el Departamento del Tesoro informó que “es un congresista guatemalteco y uno de varios individuos en la cúspide de una red diseñada para controlar contratos y operaciones en puertos administrados por el gobierno para beneficio personal. Supervisa la ejecución del proyecto una vez que se adjudican los contratos y paga un porcentaje a los miembros de la junta que votan a favor. Además, Vargas controla el empleo en el puerto a través de su influencia en los sindicatos portuarios y utiliza esos sindicatos para ganar influencia política. Mantiene lealtades pagando sobornos a cambio de que los sindicatos creen bloqueos y huelgas para promover objetivos políticos”.
De igual forma, el diputado de Todos, Boris España, intentará obtener su reelección, pero ahora con el partido Vamos. En mayo de 2021, fue incluido en la Lista Engel por presuntamente estar implicado en “actos significativos de corrupción al participar en tráfico de influencias y sobornos”.
Por último, también fue proclamado candidato a diputado el expresidente Alfonso Portillo, por el partido Visión con Valores (Viva), quien no está en la Lista Engel, pero se declaró culpable en el 2014 en EE. UU., y cumplió una condena de 70 meses de cárcel por haber recibido dinero de forma ilícita de Taiwán. Esto, aparte de contar con un largo historial de señalamientos de corrupción durante su mandato.
Tras purgar condena en Estados Unidos, intentó participar por una diputación con el partido Todos en las elecciones del 2015, pero el Registro de Ciudadanos no se lo permitió, al considerar que por su pasado penal no cumplía con el artículo 113 constitucional que exige los requisitos de capacidad, honradez e idoneidad. En 2019 quiso postularse por el partido Bien, pero tampoco fue admitido para participar.
Otros sancionados
A la fecha, EE. UU., ha sancionado a 41 guatemaltecos bajo la Lista Engel y la Ley Magnitsky. Entre estos figura Alejandra Carrillo, directora del Instituto de la Víctima, por “socavar el proceso o las instituciones democráticas al usar su posición oficial para facilitar el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos”.
El exdiputado Julio Juárez, por su parte, fue sancionado con la Ley Magnitsky, por “fuerte evidencia de serios abusos a los derechos humanos o hechos de corrupción”. El excongresista fue acusado por la muerte de dos periodistas en marzo de 2015, aunque posteriormente un tribunal lo absolvió.
En redes sociales, circularon fotos del diputado Juárez estrechando la mano de Sandra Torres, aunque dicha agrupación no confirmó si el excongresista correrá por alguna candidatura. De momento, el RC no ha hecho pública su inscripción.
También está incluida la exdiputada Delia Bac, por participar “en actos significativos de corrupción a través del uso indebido de fondos públicos en beneficio propio. Fue designada conforme al artículo 7031(c) por su participación en actos significativos de corrupción”, comunicó la embajada estadounidense.
Otro político que podría buscar la reelección es Florencio Carrascoza, alcalde de Joyabaj, Quiché, a quien una sala de apelaciones le retiró el derecho de antejuicio tras ser señalado de violencia contra la periodista comunitaria Anastasia Mejía Tiquiríz. Sin embargo, en un fallo reciente, la Corte de Constitucionalidad revocó dicha resolución y, con ello, el alcalde obtuvo inmunidad nuevamente.
En un inicio, fuentes del partido Cabal informaron que podría correr como candidato a alcalde por esa agrupación, pero que posteriormente se unió al partido Valor. Se consultó con la oficina de prensa de esta última agrupación, pero no confirmaron dicho extremo. Carrascoza figura en la Lista Engel por los señalamientos de socavar la democracia e intimidar a opositores políticos.
Búsqueda de impunidad
Geidy de Matta, analista política independiente, explica que en un contexto multipartidista como el de Guatemala, donde conviven 29 organizaciones políticas, las condiciones son propicias para generar alianzas y condiciones.
De esa cuenta, habrá políticos señalados por corrupción que buscarán correr por una candidatura porque eso les permitiría inmunidad y les blindaría de futuras investigaciones que puedan conducirse contra ellos.
“Se requiere un voto ciudadano porque nos afectará a todos. El ciudadano debe analizar perfiles, a sus equipos de trabajo y a los actores que rodean esas candidaturas. En la actualidad, lo que hay es un abanico de intereses de personas que quieren seguir manteniendo las prebendas y privilegios que otorga un cargo público. Buscan también impunidad por el antejuicio y los guatemaltecos deben reflexionar cómo van a responder ante eso”, dijo De Matta.
Alejando Rodríguez, exsecretario de política criminal del MP, considera que el sistema electoral guatemalteco está permeado por el financiamiento electoral ilícito y estructuras corruptas que buscan pervivir.
“Estas promueven a ese tipo de candidatos que no tienen idoneidad ni representación popular. Nuestro sistema todavía es muy sensible al tema del dinero. Entonces, quien logra tener mayor cantidad de recursos, puede tener una participación”, dijo.
Y explica que en los últimos años se han aprobado modificaciones al sistema electoral orientadas a fortalecer los controles de las organizaciones políticas, pero el sistema de justicia está cooptado.
“El problema fundamental es que nuestro sistema jurídico ha sido cooptado por estructuras de criminalidad. Se ha perdido la capacidad para poder investigar actos de corrupción y las formas en que se están dando este tipo de participación de personas que han cometido ilícitos”, dijo.
Por su parte, el TSE ha manifestado por medio de comunicados de prensa que aplica criterios estandarizados para la inscripción de candidaturas. “De conformidad con los principios de legalidad y certidumbre, todos los procedimientos, plazos y requisitos para la inscripción de candidaturas están definidos de manera clara e inequívoca en la normativa vigente. En ese sentido, el Registro de Ciudadanos y, en su caso, el pleno del TSE, realizan sus labores administrativas y jurisdiccionales con apego estricto a la ley”, expresó en un comunicado.
