El TREP fue adquirido por el TSE por Q148 millones 850 mil 250, pero la Fiscalía señala que ese proceso tuvo irregularidades, por lo que solicitó el retiro de la inmunidad de los magistrados del TSE Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, quienes fueron desaforados por el Congreso de la República el pasado 30 de noviembre, y el 11 de enero último se confirmaron las órdenes de captura en su contra.
Los cuatro funcionarios salieron del país luego de haber perdido su inmunidad, pero el pasado miércoles su abogado defensor, César Calderón, presentó un escrito en la judicatura mediante el cual los togados se ponían a disposición de la justicia; sin embargo, el MP recusó a la jueza Wendy Coloma.
Pese a la resolución de la Sala, el caso contra los magistrados seguirá en el Juzgado Duodécimo de Instancia Penal, pero será la jueza Karen Jeanette Chinchilla quien se haga cargo del proceso.
Por lo anterior, Calderón señaló que reingresará el memorial mediante el cual los togados se pone a disposición del juzgado.
Calderón indicó que evacuaron la audiencia y que se opusieron a los argumentos presentados por la Fiscalía.
“El Ministerio Público dice, en primer lugar, qué hay un interés de la jueza en resolver este caso y en segundo, que ha externado opinión. Ambas cosas son falsas”, indicó Calderón.
Calderón tildó de falsos los argumentos planteados por el MP. “La jueza ni siquiera ha entrado a conocer cuestiones de fondo. Simplemente es el pretexto del Ministerio Público para atrasar este asunto, hacerla cansada y hacerla difícil”.
La denuncia
Cuatro días después de la primera vuelta de elecciones se presentó una denuncia en contra de los magistrados titulares y suplentes por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes”.
El primer aspecto en la denuncia es que en el contrato suscrito Datasys, S.A., empresa a la que se le adjudicó el servicio del TREP, debía hacerse cargo de los planes de contingencia en caso de falta de conectividad, falla de la energía eléctrica y otros imprevistos.
Señala que el 25 de junio el software falló cerca de la 21:30 horas, provocando que la conferencia de prensa que el pleno brindó se reprogramara.
Además, indica que el 25 de junio por la noche, las juntas electorales del distrito Central y Guatemala solo habían procesado 10 actas, aunque el TREP daba cifras mayores a las que se pueden alcanzar con 10 actas.
Otro aspecto que cuestiona la denuncia es que el TSE no puede delegar la transmisión de resultados preliminares a un tercero por ser una función pública.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) otorga al Tribunal la función de la transmisión de los resultados preliminares, aunque la responsabilidad de la custodia del voto, del conteo y resultados finales recae en las juntas electorales.
Otra irregularidad que consta en la denuncia es que el TSE no tuvo acceso al código fuente y LOG, que se refiere a los archivos secuenciales de una base de datos.
En el Congreso
Además, por falta de quorum este jueves se levantó la sesión en el Congreso de la República y no se logró elegir a los magistrados suplentes del TSE.
Aún no hay consensos en todas las bancadas sobre los perfiles de los próximos magistrados.
