De hecho, han instruido al Gabinete y a los consejos departamentales de Desarrollo que la inversión se vincule y ejecute hacia los programas de los pactos, con lo cual, las máximas autoridades centran su gestión en ellos.
Su principal promesa
“En seis meses los guatemaltecos van a sentir un cambio. Queremos que la población sepa que de verdad existe una preocupación de las autoridades por mejorar la seguridad ciudadana”, prometió Pérez Molina, entonces presidente electo, en entrevista con Prensa Libre, el 8 de enero del 2012.
Sin embargo, Carlos Vega, analista en seguridad y justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, recuerda que uno se puede remitir a las estadísticas para corroborar la situación.
“La criminalidad sigue estable, en algunos momentos sube un tipo de delito y baja, pero seguimos con los mismos índices de criminalidad y la percepción de la población sigue igual o peor”, expresó.
Según Vega, se ha privilegiado al Ejército como operador en seguridad. “El problema del Gobierno ha sido que el esquema que ha implementado es un plan de seguridad diseñado con mentalidad militar, para una actividad de seguridad pública civil”, añadió.
En su último informe, el Ministerio de Gobernación afirma que han disminuido los casos de secuestro, asesinatos por encargo y extorsiones, y como producto del trabajo de las fuerzas de tarea de la Policía, la desarticulación de 69 estructuras criminales, en su mayoría relacionadas con pandillas juveniles.
Pacto hambre cero
Las metas de reducir la desnutrición infantil en un 10 por ciento hasta el 2016, y en 3 por ciento este año, están en riesgo, porque las instituciones involucradas en el Pacto Hambre Cero incumplen sus aportes, considera Zully Morales, analista del Instituto por la Democracia y representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
“Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura solo ha dado 13 por ciento al Pacto, es preocupante, porque quiere decir que no se están implementando las acciones que lleven a cumplir las metas”, aseguró Morales.
Agregó que tampoco ve un seguimiento exigente para presionar a las instituciones y señaló que falta voluntad política para poner en marcha programas que concreten los otros aspectos del pacto, como acceso a tierra, incrementar la producción de alimentos e iniciativas dirigidas a mujeres.
El Gobierno destaca como logro el haber atendido a más de seis mil niños con desnutrición, mejorado la coordinación interinstitucional y entregado granos básicos en las áreas afectadas por sequía o inundaciones.
Pacto fiscal
Las leyes de Actualización Tributaria y Antievasión 2, y el paquete de transparencia —sin aprobar— son tres avances del Pacto Fiscal para el Cambio, pero, por el contrario, hay retrocesos en materia de transparencia y estancamiento en priorización del gasto, expuso el economista Jonathan Menkos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Aunque elogió el diseño del pacto y las leyes presentadas, criticó la transparencia. “En primer lugar, destacar todo el sinnúmero de escándalos de opacidad y corrupción que los medios han permitido conocer”, dijo.
También señaló la entrega de una porción de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal y las adquisiciones sin licitar en varias instituciones.
“Está pendiente la priorización del gasto y la ejecución en las políticas sociales”, recordó el analista del Icefi.
No obstante, Menkos calificó de positivo que el actual gobierno tuvo un “ímpetu” en modernizar el impuesto sobre la renta en 40 años, pero debió echar atrás un aspecto de su mismo plan “para desbaratarlo”, en referencia al impuesto sobre circulación de vehículos.
