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El pasado 30 de octubre las diputadas Eva Monte, Delia Bac, Karla Martinez, Dolores Beltrán y Estuardo Galdámez, presentaron una iniciativa de ley.
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Dicho proyecto de ley pretende reformar el Código Penal para que se adicionen los artículos 407 P y 407 Q, que crearían los nuevos delitos que ejercerían control hasta en las redes sociales.
El primero artículo crearía el delito de acoso político con el cual cualquiera que realicen actos de presión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes o electas de la función política durante o después del proceso electoral por cualquier medio de difusión o plataforma digital con la finalidad de impedir el ejercicio de su derecho político o induzca a tomar decisiones en función de su cargo en contra de su voluntad será sancionado con prisión de dos a tres años.
Se contempla que, además, se imponga una inhabilitación para ejercer cargo público por un período similar al de la condena y que si fuera cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica o una empresa, además de la sanción, al particular se impondrá a la empresa una multa de dos Q1 mil a Q10 mil y si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica con su cancelación definitiva.
El segundo artículo crearía el delito de violencia política, que señala que quien realicen una agresión física o psicológica o cualquier otro tipo de coacción, contra los postulantes o personas electas de la función política, durante o después del proceso electoral, con el fin de suspender, menoscabar u obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos, mandato o función, será sancionado con prisión de dos a cinco años.
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Para este delito también se contempla una inhabilitación para ejercer cargo público por un período similar al de la condena y si este fuera cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica o una empresa esta recibirá una multa de Q5 mil a Q20 mil y si hay reincidencia, se sancionará a la persona jurídica con su cancelación definitiva.
Críticas
Un día después de que el grupo de diputados hicieron público su intento de crear los nuevos delitos, y luego de la crítica de abogados y constitucionalistas, diputados constituyentes consideraron que el proyecto de ley está equivocado y no debería prosperar.
Oliverio García Rodas, exconstituyente y actualmente uno de los diputados con más experiencia parlamentaria, señaló que la iniciativa es “totalmente inoportuna” y tiene algunos conceptos equivocados.
“No soy la Corte de Constitucionalidad (CC), pero creo que esta iniciativa, por el fondo y la forma, sí puede afectar derechos inconstitucionales y significa que puede tener vicios de inconstitucionalidad, y me parece inoportuna y no conveniente”, aseveró García Rodas.
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Mario Taracena, también exconstituyente y actual legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), consideró que una iniciativa de esta naturaleza solo puede ser presentada para llamar la atención y no prosperará.
“Esta ley es absurda y ridícula y no va a pasar. No hay que tomarla en cuenta, ni con seriedad. Es una tontería, totalmente; es cierto que tienen el derecho de presentar iniciativas de ley, pero no se puede ser tan bruto, para decirlo con toda franqueza”, precisó Taracena.
Mario Taracena, también exconstituyente y actual legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), consideró que una iniciativa de esta naturaleza solo puede ser presentada para llamar la atención y no prosperará.
“Esta ley es absurda y ridícula y no va a pasar. No hay que tomarla en cuenta, ni con seriedad. Es una tontería, totalmente; es cierto que tienen el derecho de presentar iniciativas de ley, pero no se puede ser tan bruto, para decirlo con toda franqueza”, precisó Taracena.
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