El nuevo proyecto que se gestiona se debe a que las autoridades del Renap temen que el concurso adjudicado se anule o se rescinda, debido a las acciones que ha planteado la empresa Mayoreo de Computación, S.A., (Maycom) por irregularidades en el proceso, las cuales podrían llegar a judicializarse y desatar otros problemas de carácter penal.
Un integrante del directorio del Renap, bajo la reserva de su identidad, confió a Prensa Libre que, por el momento, el proceso está suspendido por una impugnación presentada.
Maycom presentó un recurso de revocatoria, el cual fue aceptado para su trámite, y por lo mismo se le da intervención a la Procuraduría General de la Nación para que se pronuncie. De ser negativo el fallo para la empresa, esta podría presentar un amparo y el proceso seguiría suspendido, lo que mantiene en suspenso la adquisición de las tarjetas y pone en riesgo el proceso de la emisión del DPI.
El proceso de licitación podría durar al menos 45 días; por el momento ya se avanzó en la publicación del proyecto de bases, como un primer paso para corregir las eventuales irregularidades. Al momento que se publique el proyecto como tal, debe haber 40 días mínimo para recibir ofertas. Por lo que el nuevo concurso no estaría adjudicado antes de finalizar el año.
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Desde el Directorio
La Contraloría General de Cuentas (CGC) solicitó información sobre el evento adjudicado a la empresa Productive Business Soluctions, (Guatemala) S.A., por Q20.4 millones que corresponden a la compra de 1.5 millones de tarjetas para la emisión del Documento Personal de Identificación (DPI); según consta en el acta 77 del directorio del Renap, de fecha 9 de octubre pasado.
En esa reunión, el directorio ordena que se atienda el requerimiento de la Contraloría, pero pide al director ejecutivo del Renap, Enrique Octavio Alonzo, que solicite una prórroga y que responda al ente fiscalizador de forma técnica algunos requerimientos.
122 mil 881 DPI ha emitido el Renap hasta el 30 de septiembre del 2018.
“El Directorio, por consenso y unanimidad, solicita que se presenten diferentes escenarios para iniciar un nuevo evento de adquisición de tarjetas prepersonalizadas para la impresión del DPI y que se inicie inmediatamente un nuevo evento de licitación para la compra de tarjetas, para posteriormente trasladar al Directorio los documentos que correspondan para su aprobación”, refiere el acta.
En el acta 78, correspondiente a la sesión del Directorio del 12 de octubre, estando presentes el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rudy Marlon Pineda, Gabriel Juárez Lucas, cuarto viceministro de Gobernación y Elvia Yolanda Álvarez, representante del Congreso, autorizaron al director ejecutivo que trabajara una nueva licitación.
Según fuentes internas del Renap, el 25 de octubre la entidad fue notificada de nuevos hallazgos, mismos que se suman a los presentados en septiembre y que incrementan el riesgo de la actual adjudicación, a PBS.
Por ahora y aunque se solicitó formalmente a la Dirección de Comunicación del Renap, no hay una postura de la institución respecto a los hallazgos que hizo la Contraloría; tampoco sobre el recurso de revocatoria presentado por una de las empresas y por qué es que se busca otra licitación.
Nuevo proceso, mismas bases
El nuevo proyecto que se subió a Guatecompras mantiene las mismas bases de la licitación que la otorgada a Productive Business Solutions (Guatemala), S.A., como la exclusión de dos estándares de calidad en la norma ISO 24789-1:2012, el omitir la palabra 3D y dejar la opción 2B —esta norma tiene relación con la vida útil de las tarjetas—.
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También sustituyen la certificación ISO 9001:2008, que refrenda los procesos de calidad para la fabricación de la tarjeta, por el ISO 9001:2015. En otras palabras, podrían adquirirse tarjetas con menos vida útil y una calidad más baja de sus componentes de fabricación.
También se excluye la presentación de la prueba de concepto durante la fase de licitación, la cual es importante para verificar si el nuevo DPI llena los requisitos de confiabilidad. Esta prueba consiste en someter el producto a usos específicos y garantizar la vida útil y resistencia de los materiales.
En el proceso anterior participaron tres empresas: Datalogic Systems, S.A, que presentó una oferta por Q19 millones 395 mil, Productive Business Solutions (Guatemala), S.A., una oferta de Q20 millones 400 mil y Mayoreo de Computación, S.A., Q20 millones 535 mil.
Situación se agravaría en 2019
El Renap, hasta ahora, no encuentra el respaldo del Congreso para que se apruebe una prórroga de la vigencia del DPI. El próximo año vencen unos 400 mil documentos emitidos en 2009 y esto significaría que igual número de guatemaltecos estaría inhabilitado para ejercer su voto en las Elecciones Generales, porque su DPI no estaría vigente.
solicitudes de DPI se tienen hasta el 30 de septiembre, y hay 200 mil tarjetas vírgenes
Los Congresistas han argumentado que que la prórroga a la vigencia del DPI son intenciones políticas, y que aún hay tiempo para renovar el documento, de acuerdo a las capacidades de impresión del Renap.
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Tiempos en la licitación
- El proyecto de bases se sube a Guatecompras por un tiempo mínimo de una semana. Tiempo por el cual las personas interesadas hacen observaciones, mismas que se pueden tomar para hacer modificaciones.
- Entre la publicación en Guatecompras y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas deben transcurrir por lo menos 40 días calendario.
- La Junta de Licitación tiene al menos 10 días para adjudicar, después de haber recibido las ofertas.
- Publicada en Guatecompras la adjudicación, y contestadas las inconformidades, si las hubiere, la Junta remitirá el expediente a la autoridad superior, dentro de los dos días hábiles siguientes.
- La autoridad superior aprobará o improbará lo actuado por la Junta, con causa justificada, de conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los cinco (5) días de recibido el expediente.
- La autoridad superior dejará constancia escrita de lo actuado. Si la autoridad superior imprueba lo actuado por la Junta, deberá devolver el expediente para su revisión, dentro del plazo de dos días hábiles posteriores de adoptada la decisión.
- La Junta, con base en las observaciones formuladas por la autoridad superior, podrá confirmar o modificar su decisión original, en forma razonada, dentro del plazo de cinco días hábiles de recibido el expediente, revisará lo actuado y hará la adjudicación conforme a la ley y las bases.
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