El decreto de apenas ocho artículos, tres de los cuales se suprimieron por enmiendas de los legisladores, modifica la figura de las autoridades responsables de hacer las compras y contrataciones en las instituciones públicas y aumenta el techo de las modalidades de compras.
De esa cuenta las compras de baja cuantía pasan de tener un límite de Q10 mil hasta Q100 mil, las directas de Q90 mil hasta Q200 mil y las cotizaciones tendrán un límite de compra de hasta Q2 millones, cuando hasta ahora este tipo de compras se podían hacer hasta Q900 mil.
Además, con las modificaciones a la Ley, las adquisiciones por debajo de Q200 mil no necesitarán de la suscripción de contrato.
Marvin Flores, analista Acción Ciudadana
No resuelven el fondo
Irene Flores, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), expuso que las reformas “son más de lo mismo” y “más políticas que técnicas” porque ni siquiera se acercan a resolver los problemas que tiene el sistema de compras y contrataciones del Estado.
Indicó que actualmente el 80 por ciento de las compras que hacen las instituciones públicas se son mediante la modalidad de compra directa, un mecanismo que ha sido mal entendido por los funcionarios públicos ya que, en vez de ser un proceso en donde se presenten varias alternativas y se escoge la mejor, se ha entendido “que es adjudicar a quien yo quiera”.
“Estas reformas no solucionan esto, sino lo agravan”, advirtió Flores, quien añadió que la inflación tampoco es una excusa para favorecer modalidades de compra opacas y poco transparentes, en referencia al aumento del techo para favorecer las compras de baja cuantía, directas y por cotización.
La analista apuntó que el problema es que las municipalidades han sido incapaces de comprar bien, porque responden a coyunturas y no a planificaciones; además, no tienen las competencias internas adecuadas para agilizar los procesos y estos se repiten “una y otra vez porque hay un alto nivel de incompetencia”.
Además, calificó de “gravísimo” el hecho de que, con las reformas, las compras hasta Q200 mil no tiene que contar con un contrato puesto que le resta, no solo transparencia a los procesos, sino que también calidad y eficacia al gasto.
“¿Con qué respaldo una entidad pública puede exigirle a un proveedor el cumplimiento de las condiciones pactadas si no tiene un contrato?”, cuestionó.
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Son un parche
Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, aunque es entendible el espíritu inicial de estas reformas propuestas por los alcaldes, no son suficientes para reformar el sistema de contrataciones del Estado ya que “hacer parches de esta forma no garantiza mayor transparencia”.
“Sin esta ley también hay corrupción, no es que estas —reformas—vayan a generar más corrupción, esta ya existe”, recordó.
Zapata considera que una reforma al sistema de contrataciones del estado pasa por generar mecanismos de tecnología que ayuden a hacer compras eficaces, fortalecer a los equipos técnicos y reformar la Ley del Servicio Civil, así como aprobar la propuesta de Ley Antitrámites que ya está en el Congreso.
El analista de Acción Ciudadana Marvin Flores considera una “farsa” la justificación de los alcaldes de que no podían ejecutar sus presupuestos por los bajos techos que tenían las tres modalidades de compras mencionadas con anterioridad. “Lo que ellos —los alcaldes— querían era elevar los límites para hacer más contrataciones sin mayor divulgación y transparencia”, dijo.
Marvin de León, gerente Anam.
“Estoy seguro de que la ejecución del presupuesto no va a mejorar, y lo que va a pasar es que se van a abrir canales y medios a la corrupción y discrecionalidad del gasto e inversión”, señaló.
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Además, Flores duda de que la Anam se haya basado en algún estudio técnico para sugerir la elevación del techo de las modalidades de compra. “Obviamente no lo tienen porque no se trata de eso. Modificaron los montos para tener menos controles entre más compren”, dijo.
También criticó la creación de la figura de autoridades administrativas superiores, puesto que esto puede ser una especie de desentenderse de actos corruptos, aunque se impulsen y promocionen.
“Pueden ser un chivo expiatorio para lavarse las manos. De esa forma piensan: “yo avalo un contrato de corrupción, pero nome voy preso porque no lo firmé, sino el administrador, gerente o la autoridad que se inventen”, aseveró.
Beneficios
La Anam, por su parte, asegura que las reformas a la Ley de Contrataciones traerán beneficios a los municipios porque se agilizarán las compras y también se dinamizarán las economías de sus poblados, puesto que con la nueva normativa se abrirá la puerta para hacer contrataciones con empresas locales.
Como muestra de los atrasos, Mynor de León, gerente de la Anam, explicó que los procesos para llevar a cabo proyectos de los Consejos de desarrollo comienzan a desarrollarse en enero, pero por una serie de cuestiones burocráticas se empiezan a ejecutar hasta octubre y en dos meses y medio es imposible concluirlos.
Por esa razón, aseguro De León, el objetivo de las reformas es reducir montos y tiempos para asegurar el funcionamiento adecuado de las comunas y “en ningún momento se tocan los controles establecidos”.
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Indicó que hay alcaldes que se enfrentan a emergencias naturales o problemas que redundan en la suspensión de algún servicio y las contrataciones para atender estas cuestiones no pueden esperar mucho tiempo.
De León reconoció que la propuesta de la Anam de ampliar los techos de las tres modalidades de compras no nació de algún estudio técnico, sino de “la experiencia que viven día a día los alcaldes municipales” y porque “se entiende y se sabe” que esos son los montos necesarios para atender a los vecinos.
En cuanto a la transparencia y a la posibilidad de que los alcaldes asignen contratos por conveniencia, destacó que estos son concursos públicos que se suben a Guatecompras donde quienes quieren participan y se oponen si están en desacuerdo.
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El presidente de la Anam, Miguel Ovalle, indicó que las reformas a la Ley fueron el fruto de cinco años de lucha de “todos los alcaldes del país” ya que con estas “se van a acelerar los procesos de compras para dar soluciones prontas a los vecinos”.
Ovalle, quien también es alcalde Salcajá, Quetzaltenango, descartó que las reformas promuevan la corrupción y aseguró que para evitar esas prácticas, continuamente capacitan a los jefes ediles para que promocionen prácticas de transparencia.
No obstante, reconoció: “me gustaría que los 340 alcaldes fueran responsables —pero— habrá alguno que otro que no”.
“Perfecto solo Dios”, dijo De León, gerente de la Anam.
