La propuesta que modificaría la ley de compras del Estado nació de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). El documento amplía los montos en cada modalidad de adquisición que establece la ley, lo que haría que las compras de baja cuantía, que ahora son hasta de Q25 mil, sean de Q100 mil; las directas pasarían de Q100 mil a Q200 mil; las cotizaciones que ahora son de Q900 mil podrían llegar a Q2 millones.
Para licitaciones en el nuevo régimen de compra existirían dos categorías: las de Q2 millones a Q10 millones, con una vigencia de 20 días en el portal de Guatecompras, y las que superan los Q10 millones, con 40 días, por acuerdos y tratados internacionales.
Dudosa transparencia
La ampliación de los techos para las adquisiciones que permite la ley de compras podría conllevar uso inadecuado de los fondos públicos, según algunos especialistas que consideran que la propuesta no tiene aspectos clave que permitan una rigurosa fiscalización.
“Hay una parte positiva que podría agilizar las compras pero el problema es que toda esta agilización no viene acompañada de garantías. Entonces, se podrían ver compras públicas en algunas alcaldías, y en general en todas las instituciones públicas, que no tengan criterios que las justifiquen, con montos muy altos; podemos ver que ya no será tan fácil la fiscalización”, indicó Samuel Pérez, diputado de Movimiento Semilla.
Uno de los diputados que convirtió la sugerencia de Anam en iniciativa de ley defendió el proyecto con el argumento de que podría ayudar a mitigar la crisis económica en el país a causa del coronavirus y afirmó que existen mecanismos ya establecidos que permiten vigilar con rigurosidad los activos del Estado.
“Se empieza a hablar de la reactivación económica del país y para lograr eso no es solamente la iniciativa privada, se necesita que el Estado no restringa el gasto sino que lo agilice. Eso no quiere decir que se vayan a obviar los controles contra la corrupción sino que se busca incrementar los montos y disminuir los tiempos para que sea más ágil la ejecución del presupuesto”, refirió Jorge García, congresista del bloque Prosperidad Ciudadana.
García agregó que Guatemala cuenta con normas que permiten vigilar de manera clara el uso de los bienes del Estado, por lo que considera que si la iniciativa tiene apoyo suficiente y se convierte en ley no habrá ningún problema para vigilar que el dinero no se desvíe en actos de corrupción durante la pandemia.
“En fiscalización y transparencia hay leyes vigentes y apoyamos toda la fiscalización que haga la Contraloría General de Cuentas como debe de ser. Además, nosotros los diputados estamos facultados para fiscalizar, entonces en ese tema no nos estamos metiendo porque creemos que está suficientemente legislado y que las cosas pueden funcionar. Lo que buscamos es agilizar estos procesos”, enfatizó.
Pero, aunque existan leyes enfocadas en la materia o instituciones que deben velar por el buen uso del dinero recaudado en los impuestos, Pérez insiste en que el dictamen es muy escueto y observa peligros en ampliar de manera considerable los techos para las compras públicas.
“Tal vez de las más preocupantes es en las que menos requisitos requiere que son las compras de baja cuantía, sin ningún tipo de razón técnica y garantías de transparencia. Algunos diputados dijeron en la discusión que para eso está la Contralaría pero así no son las cosas tampoco, hay que garantizar que existan incentivos correctos para mitigar la corrupción”, subrayó.
¿Aprovechan la crisis?
Las discusiones para reformar la ley de compras del Estado no son nuevas. Este tema ronda en el Congreso hace tiempo y quizás algunos quieran aprovechar la crisis del coronavirus para impulsar la iniciativa, según Karin Slowing, especialista en administración y gestión pública.
“El asunto es que creen que todo se resuelve con más dinero y con más poder local, más autoridad discrecional para el gasto, sin realmente ver cuáles son los procesos que están obstaculizando, que se puedan hacer las compras por licitación competitivas y transparentes”, dijo.
Miguel Ovalle, presidente de la Anam, asegura que el panorama no es así. Afirma que entregaron una propuesta con el único fin de poder agilizar las compras locales.
Necesita más discusión
La ley de compras del Estado requiere de cambios, según el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), pero cualquier modificación necesita una discusión profunda que no dé pie a dudas.
“Dentro de la agenda estratégica que propone la Universidad de San Carlos es importante hacer reformas a la ley de contrataciones pero con una visión de coherencia en términos de políticas públicas y que exista transparencia en la administración de los fondos”, fundamentó Geidy de Mata, directora del Ipnusac.
Añadió: “Si algo cuestiona la sociedad guatemalteca es el rango de corrupción que se ha señalado en la cuestión de la administración y lo que hace es reducir la cobertura del Estado en término de atender las necesidades más urgentes de la sociedad guatemalteca”.
El dictamen tendrá que ser discutido por el pleno del Congreso para su posible aprobación, aunque ese momento quizás deba esperar para que el tema sea ampliamente analizado por todos los ciudadanos, quienes pagan impuestos y ahora tienen como una de sus principales preocupaciones sobrevivir a la pandemia.
Con la ley actual de compras del Estado
- Compras de baja cuantía Q25 mil
- Compras directas Q100 mil
- Cotizaciones Q900 mil
- Licitaciones por un monto mayor a los Q900 mil
Con las reformas a la ley de compras del Estado
- Compras de baja cuantía Q100 mil
- Compras directas Q200 mil
- Cotizaciones Q2 millones
- Licitaciones de baja cuantía por un monto mayor a los Q2 millones hasta Q10 millones, con vigencia de 20 días
- Licitaciones por montos mayores de Q10 millones en adelante, con vigencia de 40 días
