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Los cambios, en ambos casos, se refieren a la solicitud y manejo de recursos financieros, contratación de personal y captación de donaciones.
En los acuerdos que dieron vida a las comisiones, el 21 y 28 de enero, respectivamente, se establecía que los directores ejecutivos de cada una podían solicitar directamente sus recursos al Ministerio de Finanzas; además, podían contratar el personal que consideraran necesario y recibir donaciones.
Con las reformas publicadas este viernes, las dos entidades dependen de la Secretaría General de la Presidencia para que solicite y administre el presupuesto, además de decidir sobre el personal y aprobar las donaciones que se recibirán.
Los cambios fueron a los artículos 4, 10 y 11 del acuerdo 28-2020, que creó la comisión contra la Corrupción, y a los artículos 8 y 10 del acuerdo 31-2020 con el que se formalizó la comisión del Centro de Gobierno.
Estos cambios, efectuados en menos de un mes de creadas las comisiones, les restarían autonomía, según Ricardo Barrientos, especialista en temas fiscales y de gobierno.
Barrientos afirma que las modificaciones se pueden entender bajo un plan de eficiencia administrativa y por las constantes declaraciones del presidente Alejandro Giammattei sobre evitar más burocracia.
Sin embargo, según el especialista, estos también evitarían que los comisionados tengan facultad directa en las decisiones de las entidades, lo que puede generar deficiencias y dependencia de otra secretaría -la General-, pero mantener su supuesta autonomía.
Barrientos dice que cada entidad debe tener su propia unidad ejecutora porque, aunque Giammattei insista en que no quiere generar burocracia, esto ocurrirá de una forma u otra.
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Otro problema será definir cuál de las dos secretarías asumirá la responsabilidad cuando se sospeche de alguna irregularidad, explica el especialista.
“No hay claridad de si la línea de responsabilidad está concentrada en la secretaría –General- o en la comisión –contra la Corrupción y de Centro de Gobierno-“.
El vicepresidente Guillermo Castillo también se refirió a las reformas publicadas este viernes y afirmó que estas se hicieron para evitar sospechas de opacidad o corrupción.
“La intención del presidente es reubicar en el acuerdo gubernativo las acciones correspondientes, pero el director ejecutivo tiene todas las facultades para hacer el trabajo que le corresponde”, explicó.
El vicemandatario dijo que era necesario que desde el Ejecutivo exista un ente que asesore, fiscalice y de garantía de probidad y transparencia en las adquisiciones y contrataciones de los nuevos entes.
“No queremos que se piense que se está haciendo algo indebido de parte de la comisión (…). Lo que menos queremos es que esta comisión se vea opacada con una interpretación que no sea la correcta”, reiteró.
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