La firma del diputado Luis Hernández Azmitia, del bloque Movimiento Reformador, permitió completar el dictamen.
Desde que la Corte de Constitucionalidad exhortó al Congreso modificar el artículo 407 N del Código Penal, han surgido varios borradores, pero la falta de consensos y críticas a los diputados por querer favorecer a políticos señalados de financiamiento electoral ilícito han entorpecido el proceso.
El pasado 12 de abril surgió de manera sopresiva un proyecto de ley firmado únicamente por Óscar Argueta, Estuardo Galdámez y Rodolfo Castañón, presidente de la Comisión.
Prensa Libre intentó contactar a Castañón para conocer detalles de la iniciativa que será llevada al pleno, pero no respondió las llamadas telefónicas.
La normativa consensuada por la comisión establece prisión de dos a cinco años para quien reciba o aporte dinero u otras contribuciones sin declarar.
Además, propone una multa igual a la suma de dinero recibida en el partido y no registrada ante el TSE, así como la inhabilitación para ser contratistas y proveedor del Estado hasta por un período de cinco años.
Aportes lícitos e ilícitos
Durante la presentanción de la tercera fase del caso de financiamiento electoral ilícito del partido polícito FCN-Nación, el director de la Cicig, Iván Velásquez, resaltó que “financiar campañas políticas no es delito, sino que el delito es financiar campañas políticas anónimamente o con recursos provenientes del crimen organizado”.
“Cuando se pide una factura, hay siempre de por medio un financiamiento ilícito. Cuando se pide el recibo del partido, ese financiamiento es lícito”, dijo el comisionado.
Velásquez reiteró que “las normas que sancionan el financiamiento ilícito de la política, incluyendo el financiamiento anónimo, deben ser robustas, severas, ejemplares, si es que en realidad se aspira a la prevención de la corrupción”.
Remarcó que tanto el financiamiento proveniente del crimen organizado y el de financistas privados le “causa daño a la democracia y vulnera la independencia de quiénes tienen en sus manos decisiones de políticas públicas que afectan a todos los habitantes”.
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Certeza
Expertos en Derecho Penal, diputados y un magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), consultados por Prensa Libre en este proceso de reforma legal, consideran que la reforma que el Congreso haría al artículo 407 N debe brindar la certeza que ahora no existe y que hace que en este momento el delito de financiamiento electoral anónimo prácticamente sea inaplicable.
El abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino dijo que el Congreso tiene solo dos caminos: Arregla el problema bien o enfrentarse a la posibilidad de que todos los procesos actuales “se caigan” más adelante.
Por su parte, el jurista Jorge Rolando Barrios explicó que los ciudadanos deben exigir que el Congreso, en seguimiento de los lineamientos, redacte con toda claridad ese segundo párrafo e incluso dilucide si la falta es penal o entra en lo administrativo.
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El diputado Luis Pedro Álvarez también considera que la reforma debe quedar clara, pero, afirmó, no hay que olvidar que el tema más delicado es el financiamiento ilícito y este ambiente de polarización y duda que se vive antes de la reforma del artículo puede generar miedo y desincentivar la participación de “las buenas personas”.
El magistrado suplente del TSE, Estuardo Gamalero, destacó que en el país existe una cultura de incumplimiento de la ley, que debe corregirse. “Es importante que exista una sociedad más consiente, pero debe ser una ley clara”, subrayó.
“La gente que actúa al margen de la ley lo seguirá haciendo. El Congreso tiene una gran responsabilidad en el próximo proceso electoral”, añadió Gamalero.
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