En este capítulo se incluyen informes especiales sobre países que requieren una “atención especial” por parte del organismo, según los criterios establecidos en el Artículo 59.6 de su Reglamento.
Desde hace años el capítulo es conocido como la “lista negra” puesto que incluye a países como Cuba y Venezuela y, desde el 2018, a Nicaragua. También han figurado otras naciones como Colombia y Honduras.
En 2015, Guatemala ya había sido incluida en el informe debido a “situaciones estructurales en materia de justicia, seguridad ciudadana, marginación y discriminación”.
¿Qué significa?
De acuerdo con el artículo 59 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que norma todo lo relacionado a la elaboración del informe, en el capítulo IV.B se incluirá los informes especiales que la CIDH considera “necesarios” sobre la situación de sus estados miembros.
Los criterios para la inclusión de un estado en este capítulo pueden ser: “una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los derechos humanos”.
Estas violaciones pueden ser, el acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que socave o contraríe el Estado de Derecho, tales como la infracción sistemática de la independencia del poder judicial o la falta de subordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida.
También, alguna alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático; o cuando un gobierno democráticamente constituido fuera derrocado por la fuerza o el gobierno actual haya llegado al poder por otros medios distintos a las elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto.
Alexander Sandoval, internacionalista
Otro criterio para incluir a un país dentro de la lista es la suspensión “ilegítima” de los derechos garantizados en la Declaración Americana o la Convención Americana, a través de la imposición de estados de emergencia o de sitio, o la suspensión de garantías constitucionales.
También la comisión por parte de un Estado de violaciones masivas, graves y sistemáticas a los derechos humanos garantizados, o la presencia de otras situaciones estructurales que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en esas declaratorias.
El Reglamento, dice que la CIDH ponderará para incluir a un país en esta categoría, graves crisis institucionales o el incumplimiento sistemático del Estado con su obligación de combatir la impunidad “por una falta de voluntad manifiesta”.
Cómo se incluye a un país
El artículo 59 dice que, para preparar su informe anual, la CIDH utilizará información “confiable y convincente” de distintas fuentes como: actos oficiales del Estado en todos sus niveles y ramas, información disponible en los casos, peticiones y medidas cautelares y provisionales en el Sistema Interamericano.
También información que se obtenga de visitas que comisiones o relatores de la CIDH hagan a los países o aquella obtenida a través de audiencias públicas celebradas por esta Comisión.
La CIDH también puede basarse en conclusiones de otros órganos internacionales de derechos humanos como agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas, así como de gobiernos, órganos regionales, y organizaciones de la sociedad civil, particulares e incluso en información “ampliamente diseminada en los medios de comunicación”.
En cuanto a la aprobación para que un país se incluya dentro de este capítulo, la decisión se adopta por mayoría absoluta de sus miembros, de acuerdo con el artículo 18 de su Reglamento.
Rechazo
El informe de la CIDH se publicará en mayo próximo; no obstante, según la norma, el Estado de Guatemala ya recibió una copia preliminar.
Con base en esta, el canciller Mario Búcaro, acudió a la sede de la OEA donde dijo que “formalmente” el Gobierno de Guatemala objetó el informe anual en donde el país fue incluido en este apartado especial del informe, reservado para señalar situaciones y amenazas a los derechos humanos que requieren atención especial.
Búcaro afirmó que “Guatemala es una nación democrática” en donde “hay estado de derecho” y “libertad de expresión”. Además, dijo que el informe “no es justo y no refleja la verdad”. “Con esa decisión, la CIDH invisibiliza las acciones, avances y logros alcanzados por Guatemala en torno al combate a la corrupción y la impunidad”, reclamó.
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Pero analistas consultados coinciden en que la incorporación de Guatemala al capítulo IV.B puede tener argumentos válidos.
El analista político y excanciller, Edgar Gutiérrez, expuso que en términos generales Guatemala no es un estado democrático, que respete la independencia de poderes, luche contra la corrupción ni defienda los derechos humanos.
“En su último informe, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reportó que, en 2021, se documentaron 103 casos de defensores de derechos humanos que sufrieron ataques, seis fueron asesinados, y 33 incidentes contra periodistas”, remarcó Gutiérrez.
Al hablar de consecuencias para Guatemala por ser incluida en este capítulo, el excanciller indicó que esto “nos coloca en una franja de países no atractivos para la inversión extranjera directa” puesto que “baja la calificación en los índices de riesgo país”.
Si a esto se la agrega las tensiones que se mantienen con EE. UU. con sanciones individuales contra ciertas élites, la inclusión “profundiza nuestro aislamiento internacional”, lo que no puede dejar de relacionarse con dificultades para acceder a créditos y a mercados.
“La imagen internacional de Guatemala ha sufrido un deterioro que no se observaba desde la firma de los Acuerdos de Paz. Ese deterioro refleja los retrocesos en materia de libertades civiles y políticas, la persecución de exfiscales y exjueces, además del hostigamiento contra la prensa independiente”, dijo Gutiérrez.
Situación delicada
Luis Fernando Andrade, internacionalista y exembajador, considera que el Gobierno debe tomar estos informes con mucha seriedad porque “son síntomas del deterioro que está sufriendo la imagen internacional del país”.
Por su parte, el licenciado en relaciones internacionales, Alexander Sandoval, calificó de “delicada” la inclusión de Guatemala en dicho capítulo y subrayó que esta puede ser “una advertencia o guerra anunciada” si el país no se alinea a los intereses de la OEA, e incluso de EE. UU., o bien si no hace cambios que fortalezcan el respeto a los derechos humanos.
Coincidió en que las consecuencias pueden ser serias y podrían causar efectos, por ejemplo, en la cooperación internacional.
No obstante, cree que el informe final posiblemente cambie debido a la reunión que sostuvo el canciller guatemalteco con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
“No hay mejor manera de presionar a Guatemala que a través del tema de derechos humanos, aun cuando el país trabaje en otros temas como seguridad o en el combate al narcotráfico”, apuntó Sandoval, quien estima que la realidad del país aún es muy diferente a la de Cuba y Venezuela, países que también forman parte del capítulo IV.B del informe anual de la CIDH.
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Desde 1998, el nombre de Cuba siempre está presente en el capítulo IV del informe anual de derechos humanos de la CIDH. Desde 2002, Venezuela le ha acompañado todos los años.
Colombia es otro país que recurrentemente ha figurado. Desde entonces lo ha hecho en al menos 12 informes, aunque ya no aparece desde 2011.
Haití ha sido incluido en ocho oportunidades, mientras que Honduras en cinco. Nicaragua aparece desde el 2018 cuando estallaron las protestas en contra del régimen de Daniel Ortega que fueron reprimidas con violencia.
Después de la firma de los Acuerdo de Paz, Guatemala solo había figurado en dos informes, los de los años 2003 y 2015. Otros países que también han sido incluidos en el capítulo IV, al menos en una ocasión son Ecuador, Paraguay y República Dominicana.
Retroceso
Después de que se supo de esta decisión con el reclamo de la Cancillería guatemalteca, siete días más tarde, el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que señala violaciones a los derechos humanos en el país. Esta resolución también incluyó a Rusia y Corea del Norte.
El Parlamento mostró preocupación por la persecución de jueces, fiscales, defensores de derechos humanos y periodistas.
El anunció causó reacciones del Gobierno de Guatemala que expresó su “total rechazo” a la resolución. El sector privado también se pronunció, la Cámara del Agro expuso que la resolución es “no refleja de manera integral la situación del país”.
