El fundamento para aplicar estas acciones se enmarcan en la Ley de Orden Público, que data de 1965, y la Constitución de 1985.
Ese decreto, que lleva el número 1-2019 y ya está vigente, se justifica por la muerte de los soldados el 3 de septiembre en El Estor, Izabal, “que pone en riesgo la libertad, justicia, la seguridad, la vida, la paz y el desarrollo de las personas”.
El artículo 138 constitucional señala cómo debe ser la limitación de los derechos, en caso de invasión de territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública. Los instrumentos que tiene a mano el Presidente de la República son estados de Prevención, Alarma, Calamidad, Sitio, en la presente coyuntura, y Guerra.
Pero, ¿qué implica para las personas?
El estado de Sitio restringe la plena vigencia de los seis derechos ciudadanos siguientes:
- De acción. Según el artículo 5 constitucional, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe y no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley, ni tampoco puede ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción.
- De locomoción, que, de acuerdo con el artículo 26 constitucional, toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio, no podrá ser expatriado ni prohibírsele la entrada al territorio nacional o negársele pasaporte u otros documentos de identificación; puede entrar y salir del territorio sin requisito de visa. Podría ser el caso que la autoridad cierre caminos, carreteras, o restrinja el paso de personas hacia determinado lugar.
- Derecho de reunión y manifestación. Se refiere al artículo 33, que establece que deben ser pacíficas y sin armas. La Constitución dice que estos derechos no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y bastará una previa notificación de los organizadores ante la autoridad. Podría ser el caso de que la autoridad restrinja reuniones o eventos organizados.
- Portación de armas: El artículo 38 establece que este es un derecho, el cual debe ser regulado por ley. El estado de Sitio podría restringir la portación en lugares públicos.
- Detenciones legales: Según la Constitución, solo debe ser mediante orden judicial. Durante este tiempo una persona puede ser detenida durante un patrullaje o retén.
- Interrogatorios a detenidos y presos, tarea que corresponde a agentes judiciales. Ahora, investigadores, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil (PNC), podrían ingresar a prisión e interrogar a algún reo de interés para las investigaciones.
Medidas
El artículo 16 de la Ley faculta al Gobierno de decretar el estado de Sitio si hay actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos a las instituciones públicas o cuando hechos graves pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado; si hay actos o indicios de sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva.
Serán constitutivos de guerra civil aquellos actos, de acuerdo con la ley, porque ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse el ejercicio del poder público, que proviene del pueblo, según el artículo 152 de la Carta Magna.
El artículo 17 de la ley establece que el Presidente de la República ejercerá el gobierno en su calidad de comandante General del Ejército, a través del ministro de la Defensa.
Todas las autoridades y entidades estatales de cualquier naturaleza que sean, según el artículo 19, que cobra vigencia en estos 30 días, están obligadas a prestar a la autoridad militar el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia.
Este marco legal pasará al Congreso para que lo conozca y ratifique. De hecho durante la jornada los diputados exhortaron al Gobierno a decretar un estado de Sitio.
La Constitución De La República De Guatemala, en su capítulo IV, donde se refiere a la limitación a los derechos constitucionales, se refiere al estado de Sitio dentro del Artículo 139 donde se norma la Ley de Orden Público y Estados de Excepción.
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