Con tono enérgico, durante 19 minutos, habló de los vicios de los países poderosos y de la poca importancia que a su juicio les dan a los recursos naturales, abundantes en América Latina.
En su efusiva alocución puso sobre la mesa un tema trascendental para la región: dar otro abordaje a la lucha contra las drogas que ha fracaso tras cinco décadas de haberle declarado una guerra que ha dejado miles de muertos en esta parte del continente.
“Yo les demando desde mi Latinoamérica herida a acabar con la irracional guerra contra las drogas, disminuir el consumo no necesita de guerras o de armas”, exclamó Petro desde la tribuna de la ONU.
“La guerra contra las drogas ha fracasado, han aumentado los consumos mortales de drogas suaves y han pasado a drogas más duras”, subrayó el gobernante colombiano. “Convoco a toda América Latina a este propósito para derrotar lo irracional que martiriza nuestros cuerpos”, agregó.
¿Es factible?
Líderes regionales están de acuerdo en que es necesario hacer un cambio al modelo escogido hace años para luchar contra el narcotráfico, desde enfoques más integrales hasta la posibilidad de legalizar algunas sustancias para ciertos fines —como la marihuana, por ejemplo—, algo que ya ocurre en ciertos países y algunos estados de EE. UU.
Sin embargo, pese a la efusividad del discurso de Petro, analizar el cambio de una estrategia en la lucha contra el narcotráfico parece complicado.
Alexander Sandoval, internacionalista y profesor universitario, afirma que el diálogo para utilizar otras vías para luchar contra las drogas se ha dado desde hace más de una década, entre las propuestas han surgido las que sugieren despenalizar las drogas.
Aunque a su criterio, “lo ideal sería legalizar ciertas sustancias” cree que EE. UU. no lo permitiría “ya que su estrategia de seguridad podría venirse abajo, lo cual no le conviene”.
En este sentido, precisó que las presiones estadounidenses que pueda ejercer de país en país y no en bloque sería de los mayores obstáculos para consensuar alguna estrategia distinta a la que se desarrolla hoy en día.
Otro obstáculo sería el que no todos los países estarían de acuerdo con una estrategia que nazca desde Colombia. “Guatemala, por ejemplo, y menos cuando Iván Velásquez es el actual ministro de Defensa de ese país”, subrayó Sandoval.
El especialista afirma que, en principio, EE. UU. “no querrá dar a torcer su brazo” para seguir con la política como hasta hoy, pero tendrá que hacerlo si el discurso de Petro cobra relevancia en Latinoamérica, pues denuncia intereses “espurios” de los países desarrollados por criminalizar a los campesinos y para mantener la guerra contra las drogas.
Abordaje integral
Según cálculos del 2020 del Global Financial Integrity, las ganancias por el narcotráfico suman entre US$80 y US$90 mil millones al año.
Guatemala hace sus esfuerzos por combatir el tráfico de estupefacientes, pero sus recursos son muy limitados. Para este fin, la Policía Nacional Civil cuenta este año con unos Q94 millones en las partidas presupuestarias de combate a la narcoactividad, así como para contrarrestar el consumo, tráfico y distribución de drogas.
“Se tiene que considerar un nuevo abordaje de la lucha contra las drogas, uno integral que parta por asumir la corresponsabilidad de los países cuyas sociedades consumen”, enfatiza el exministro de Gobernación, Carlos Menocal. Luego, añade, se tiene que entender que los países de trasiego, como Guatemala, no tienen los recursos suficientes para interceptar toda la droga que se consume en aquellas naciones.
Esto implica que los países consumidores deben aportar recursos a aquellos por donde transita la droga. Además, el consumo debe ser visto desde un punto de vista de salud pública y no se debe tratar por igual a quiénes producen y trasiegan los estupefacientes y a los que los consumen, explicó.
Llamados
En junio de 1971, el presidente de EE. UU., Richard Nixon, calificó a las drogas ilegales como el enemigo público número uno y declaró una ofensiva total que se libraría tanto dentro como fuera de las fronteras estadounidenses.
Con los años, el narcotráfico avanzó y los países se han cuestionado al eficacia de esta guerra y han propuesto un cambio de estrategia.
En Guatemala el expresidente Álvaro Colom y el Sistema de Integración Centroamericana (Sica) organizaron en junio del 2011 la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad, que reunió a 10 mandatarios de la región y a Hillary Clinton, en ese entonces, secretaria de Estado de EE. UU.
El objetivo era presentar una estrategia renovada en la lucha contra el crimen organizado, pero ya no tuvo seguimiento.
Después, Otto Pérez Molina hizo un llamado para despenalizar algunas sustancias y organizó un encuentro regional el cual no tuvo tanta convocatoria y resultó ser un fracaso, por el cual el gobernante culpó al “boicot” de EE. UU.
Cambio necesario
Para 2011 se calculaba que dos de cada 10 delitos contra la vida que se cometían en el país tenían alguna relación con el narcotráfico. Once años más tarde no hay razones para pensar que ese número haya disminuido.
Para Ignacio Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), “la guerra contra el narcotráfico fracasó desde su concepción”, lo que se demuestra con la violencia excesiva que ha generado y porque no consiguió disminuir el consumo ni el precio de las drogas.
Cano indicó que depende del país el grado de responsabilidad que las drogas tienen de los homicidios, aunque en algunos como México, Brasil y en varios lugares de Centroamérica “tiene un papel decisivo en promover la violencia”.
“El narcotráfico existe en todo el mundo, pero sin los altos niveles de violencia de América Latina”, enfatizó.
El investigador opina que experiencias en países como Uruguay y muchos estados en EE. UU. donde se descriminalizó la marihuana, abren un espacio para promover lo mismo en el resto de la región. “La idea central es que un mercado tan lucrativo, siendo ilegal y no pudiendo regularse por los tribunales, acaba siendo regulado a través de la violencia”, explicó.
No obstante, de darse será un proceso lento y progresivo ya que todavía no hay apoyo político para cambiar el “paradigma prohibicionista”.
En ese sentido, considera que el principal reto es convencer a la opinión pública de que descriminalizar no es sinónimo de promover el consumo. Al contrario, enfatiza, con ello se reduciría la corrupción y la violencia y con los potenciales impuestos se podrían financiar programas de desintoxicación.
En este aspecto, Menocal dice que el gran problema en nuestros países es que al abordar el consumo como un problema de salud “no se puede priorizar la atención a un adicto que a un niño desnutrido”.
