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El camino legal que tendrá que recorrer Aldana y sus asesores legales empezará por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), instancia en la que interpondrán un amparo contra la resolución del TSE, que dio con lugar tres recursos de nulidad contra la inscripción.
La Corte tendría siete días para resolver el amparo provisional.
En el caso de Zury Ríos Sosa, candidata presidencial de Valor, cuya inscripción quien fue rechazada por el Registro de Ciudadanos y el pleno del TSE, la CSJ tardó siete días en febrero último para resolver el amparo, que en esa ocasión fue a favor de la aspirante.
En caso de que la CSJ dé con lugar el amparo, el TSE tendrá que inscribir a Aldana, pero el tribunal electoral podría contraatacar con una apelación en la Corte de Constitucionalidad (CC), como ocurrió con el caso de Ríos Sosa.
La CC sería la instancia que tendría la última palabra en torno a la inscripción de Aldana, pero un factor importante en contra es el tiempo.
Mientras las partes batallan en las cortes, Aldana no puede hacer propaganda porque la Ley Electoral se lo prohíbe a los candidatos que aún no están inscritos.
La campaña electoral empezó el 18 de marzo pasado y termina el 14 de junio.
Finiquito inválido
El argumento de los magistrados del TSE para decir no a la inscripción de Aldana fue que el finiquito ya no es válido, observación que hizo ver la Contraloría, porque, en diciembre del año pasado, auditores de esa institución presentaron una denuncia penal contra Aldana por una supuesta plaza fantasma, debido a que contrató a José Carlos Marroquín para hacer una consultoría en el Ministerio Público la cual fue pagada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$1 millón -unos Q7.7 millones-.
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El argumento de los auditores es que Marroquín está asilado en Estados Unidos, por lo que no podría haber hecho la consultoría sin presentarse a la sede del MP. Incluso él nunca se presentó al ente investigador a firmar el contrato, sino un abogado que lo representó.
A eso se suma que la CC debe resolver la apelación de Rootman Pérez, miembro del equipo de campaña de Aldana, contra la orden que el tribunal constitucional dio al Juzgado Primero Civil para que revise si se llenaban los requisitos para que le haya dado el amparo a él y a Aldana con el cual ella se aseguraba que el finiquito es válido a pesar de la denuncia de la Contraloría. Lo anterior fue una resolución a un ocurso de queja de la Procuraduría General de la Nación, tercero interesado del caso.
Hay otro caso penal que gravita en torno a Aldana. Es la orden de captura en su contra, de fecha 12 de marzo, por tres delitos, por la contratación supuestamente irregular de Gustavo Bonilla como capacitador de la Unidad de Capacitación (Unicap) del MP.
Según la Fiscalía, Aldana habría contratado a Bonilla en noviembre de 2014, pero él, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), no habría cumplido con su trabajo.
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