La petición del CES se conoció ayer, durante una reunión en la que recalcó que las causas de las fallas que afectan el rendimiento y eficiencia económica son estructurales, por la debilidad institucional y bajos niveles del Estado y su administración.
El Consejo le dijo al mandatario que debe presentar una propuesta para atender las necesidades económicas y sociales, y después de eso convocar al diálogo.
“La crisis económica se ha agudizado por la falta de certeza sobre el rumbo del país en cuanto al funcionamiento de las instituciones y la política de desarrollo económico que se pretende implementar”, le expuso el CES.
“Es importante comenzar a hablar de crecimiento económico, generación de empleos, bienestar para los guatemaltecos”, dijo Carlos Amador Fluder, vicepresidente del CES por el sector empresarial.
Según Fluder, se debe apostar por una política nacional de competitividad, de empleo digno y seguimiento a las políticas económicas, además de considerar otros temas como la infraestructura vial y la implementación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El presidente explicó que establecerán una hoja de ruta que incluya los proyectos, políticas y estrategias que se han formulado desde el 2005.
“Creo que se ha hablado mucho de la necesidad de un diálogo, por lo que puedo apreciar que en el CES está toda la representatividad”, enfatizó Morales.
En duda
Elvyn Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, institución que se retiró del Foro Guatemala cuando se mencionó la posibilidad de un diálogo, afirmó que las propuestas que provienen del Ejecutivo siempre serán cuestionadas.
“El Ejecutivo no ha dado muestras de reorientar su política en cuanto a debilitar el trabajo de la Cicig y el Ministerio Público; al contrario, ha buscado por otras vías poner obstáculos al trabajo que hace Iván Velásquez”, enfatizó.
Por su parte, Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), quien todavía es parte del Foro, dijo que no ve al CES” injerir en temas de orden político como reformas electorales o constitucionales. “Si se mantienen en su ámbito tienen legitimidad”, señaló.
Añadió: “Entiendo que empresarios, cooperativistas y sindicatos estén en la preocupación sobre la economía. Son suficientemente representativos para atender la gama de políticas públicas más ligada a sus funciones”.
Cuestionado consejo
El Consejo Económico y Social fue creado a través del acuerdo gubernativo 2-2012, por el entonces presidente Álvaro Colom.
Solo en septiembre último, el CES erogó en salarios, dietas y gastos de representación poco más de Q482 mil. Su secretario técnico devenga Q45 mil 625 al mes, y cada asesor cobra en dieta por sesión Q1 mil 200.
De acuerdo con la Ley Orgánica del CES, sus decisiones son “la expresión de la opinión de los sectores” ahí representados y deben “mantener un espacio de diálogo permanente”. Sus competencias son limitadas a políticas económicas y sociales.